Cecilia Orozco Tascón
“Lo he pensado y espero no equivocarme: que el ministro de Defensa sea un general de la República y que ese general tenga que ver, muchísimo, con la vida” reveló el presidente Petro, en febrero pasado. ¡Gran sorpresa! El primer gobernante de izquierda de Colombia retrocedió la historia 34 años y nombró a un militar al frente de esa cartera. El seleccionado, Pedro Sánchez, oficial de la Fuerza Aérea, gozaba de gran reputación por su liderazgo, persistencia y buen entendimiento con las comunidades indígenas durante la operación de rescate de los cuatro niños Mucutuy, perdidos en la selva.
Pues bien, apenas a mes y medio de la posesión del ministro vestido de civil, puesto que tuvo que renunciar a su carrera para evitar el retiro obligatorio de unos 30 generales de mayor rango, empiezan a divisarse los nubarrones que anuncian tormenta, tal vez inevitable, provocada por el regreso de un oficial, aunque sea sin uniforme, a ese estratégico ministerio. Por coincidencia, a tan solo una semana de su ingreso al Gobierno, se conoció un grave hallazgo conectado con los crímenes del conflicto armado: la JEP encontró restos humanos en el Batallón de Logística del Ejército, al sur de Bogotá, en donde solían funcionar el Batallón Charry Solano y la Brigada XX, unidades clausuradas por las reiteradas denuncias sobre torturas y desapariciones forzadas que se habrían cometido en sus instalaciones, en los años 80 y 90. De ahí la importancia del descubrimiento de hoy, de los restos sepultados ilícitamente en terreno castrense: fue la confirmación de que los familiares de las víctimas de hace 30 años tenían razón, como las “cuchas” de La Escombrera de Medellín. También confirma la verdad dicha por el agente de inteligencia del batallón implicado, sargento (r) José Leonairo Dorado, condenado por esos hechos y confeso testigo ante la JEP. En esta jurisdicción aceptó que incurrió, como suboficial activo, en actos de tortura, desapariciones y asesinatos.
Al respecto, dos actitudes de Sánchez dejan en entredicho su compromiso con la política del Gobierno y de su antecesor, el exdelegado de la ONU Iván Velásquez, en el énfasis que las Fuerzas Armadas deben hacer para cumplir, rigurosamente, los mandatos universales sobre derechos humanos después de su pasado tenebroso. En primer lugar, surgen dudas en torno al ministro por su desafortunada reunión con el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, hace unos días, durante la cual reclamó que la prensa hubiera divulgado la noticia del hallazgo de los restos en el Batallón de Logística; le exigió que “se revisen los protocolos para garantizar el manejo de la información”, de acuerdo con la revelación de Ricardo Ospina, de Blu Radio a la que, pese a su trascendencia militar, judicial y política, nadie le puso atención. El ministro adujo, para maquillar su mala presentación, que no había sido notificado. Su disculpa parece solidaridad de cuerpo e intento de opacidad publicitaria, ante todo, por la respuesta que le dio al asombrado Ramelli cuando este le contestó que la divulgación de una noticia era un tema menor si se le comparaba con la violación de las medidas cautelares del sitio en donde se hallaron los restos.
Resulta que la JEP había definido los límites restrictivos de la zona para evitar la distorsión de la escena criminal. No obstante, un suboficial y dos soldados la desacataron y excavaron una parte protegida. El tamaño y forma de la excavación son semejantes a los de un ataúd, señaló el periodista de Blu Radio. El lugar violado coincide, exactamente, con el que el testigo Dorado había señalado como el de la sepultura clandestina de la guerrillera del M-19 Irma Franco, desaparecida durante la retoma militar del Palacio de Justicia. Queda, entonces, flotando un macabro interrogante: ¿volvieron a desaparecer a Irma Franco o lo que quedaba de su cadáver? Los uniformados del batallón adujeron una excusa traída de los cabellos: que estaban depositando, justo ahí, unos desechos hospitalarios. Pese a su absurda versión y a su inaceptable desobediencia judicial, el ministro los respaldó. ¡Le respondió al presidente Ramelli que les creía!
La segunda duda sobre la lealtad de Sánchez con su Gobierno y con los derechos a la justicia, la verdad y la libertad de información, tiene que ver con el bloqueo de un mes (del 25 de marzo al 22 de abril) a la politóloga Helena Urán Bidegain, hija del asesinado magistrado del Palacio de Justicia, Carlos Horacio Urán. Cuando ella solicitó permiso al INPEC para entrevistar al testigo Dorado, detenido en una cárcel militar, sobre la presunta tumba violada, el INPEC ofició al reclusorio. Entonces empezaron los frenos y los pretextos de oficial en oficial hasta llegar al ministro, quien argumentó, con desgano, que lo que pasa es que “[los periodistas] a veces hablan cosas que no son”. Después de varias semanas, parecía que Urán podría realizar su encuentro con Dorado. Pero faltaba el último saboteo: la viceministra de Defensa, Juliana Coronado, llegó días antes, con dos generales y varios reporteros para que hicieran una especie de rueda de prensa con el detenido, esa sí, sin autorización ni trámite alguno. De este modo, lograron restarle importancia al trabajo de Urán, una experta en el tema por ser víctima e hija de víctima. También hubo intimidación implícita: quienes manejan la cárcel permitieron que un temible coronel, otro condenado por crímenes de guerra, se desplazara al lugar de grabación. Lo identificaron unos presentes: era Camilo Pulecio Tovar, quien purga 11 años en prisión por la tentativa de homicidio y desaparición forzada de un exmilitante del M-19 (ver). El afable general Sánchez, protector de los niños de la selva, ¿les ha dado la espalda a sus deberes democráticos, y se ha convertido en el cancerbero de sus superiores de uniforme, aquellos que exhiben más estrellas que él?
