Por: Salomón Kalmanovitz
Ha sido desafortunada la relación subordinada del gobierno colombiano con la tóxica administración Trump. En medio del descrédito que se ganó el ahora expresidente al intentar dar un golpe de Estado contra el Congreso por medio de una turba de supremacistas blancos y hampones, el mandatario norteamericano intentó hacerle mucho daño a Cuba con la complicidad de Iván Duque.
Se trató de una movida estúpida y autodestructiva pues se dio en la agonía del régimen de la ultraderecha norteamericana, derrotada en las elecciones del 3 de noviembre. La administración Biden no va a olvidar el siniestro papel jugado por Duque que obstaculiza su política internacional frente a Cuba, más abierta y democrática que la desplegada por Trump. En efecto, el arruinado magnate restableció el bloqueo económico y financiero contra la isla, la acusó de participar en el tráfico de personas y, por último, con el concurso colombiano, la denunció por no cooperar en la lucha contra el terrorismo.
La justificación del entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, fue que Cuba no atendió la solicitud del gobierno colombiano de extraditar a los negociadores del Eln en las conversaciones que sostuvieron con la delegación de paz colombiana hasta que fue unilateralmente retirada por Duque. Generalmente, los países muestran agradecimiento al territorio que se ofrece para avanzar delicadas negociaciones con actores armados, pero no fue el caso de Duque. Este se lanzó, por el contrario, a acusar a los cubanos de cómplices de terrorismo, traicionando su confianza. Las movidas de Colombia fueron justificadas en la gobiernista revista Semanapor un supuesto dossier cubano donde se señala a su embajador de promover el terrorismo, acusaciones traídas de los cabellos que no van a ser aceptadas por la nueva administración de Estados Unidos.
Los protocolos de negociación de procesos de paz señalan que, en caso de ruptura, los países garantes brindan seguridad a los representantes de los actores armados. El Estado colombiano había ofrecido estas garantías cuando comenzaron las negociaciones durante la administración Santos, pero el gobierno Duque se sintió en libertad de romper esos compromisos de Estado. Como lo expresó Humberto de la Calle, quien fuera el negociador de paz con las Farc, “es inaudito que se acuse a Cuba por honrar la palabra empeñada con el gobierno de Colombia. La afirmación de que fue suscrito ‘con otro gobierno’ carece de toda validez internacional”.
La conducta vergonzosa del gobierno de Iván Duque se prolonga a su tensa relación con los dirigentes de la desmovilizada guerrilla de las Farc. Las negociaciones, también en La Habana y durante cuatro años, fueron apoyadas por la administración demócrata de Barack Obama y ahora están siendo socavadas por Colombia. En una carta firmada por Defendamos la Paz dirigida al presidente Joe Biden se establece que el gobierno colombiano ha obstaculizado el proceso de paz, “gran parte de lo pactado no se ha implementado, (…) en medio de objeciones presidenciales al sistema para garantizar los derechos de las víctimas y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP”. Agregan que entre 2016 y 2020 han sido asesinados 248 excombatientes y más de 1.000 líderes comunitarios en territorios que el gobierno debía controlar.
Ahora Duque puso carita de yo no fui frente a Biden. Dijo que su gobierno “tiene la ilusión de trabajar de la mano con el nuevo jefe de Estado de EE. UU.”. Lo cierto es que nadie cree en su sinceridad.
