CATALINA OQUENDO
Hay hechos que marcan la atmósfera de un país. La denuncia de un posible atentado contra el presidente Gustavo Petro y el hallazgo de arsenal militar junto a una maqueta del Palacio de Justicia que indicaban otro plan para atacar las Altas Cortes son dos de ellos. De un lado, por la gravedad de ambas denuncias; de otro, por lo confuso y enrevesado de los hechos.
En la primera, nada menos que la información de un plan para atentar contra el presidente de la República, alguien que ha sido amenazado innumerables veces en su vida, y en un país que conoce el dolor de los magnicidios. Se supo del hecho solo cuando el propio Petro sugirió que una de sus habituales tardanzas al desfile militar del 20 de julio se debió a información de esa amenaza de seguridad y la confirmó después el ministro de Defensa Iván Velásquez. “¿Que llegué tarde? Sí. Información para corroborar desde la embajada de los EE. UU., y una descoordinación de mi servicio de escolta, motivaron la tardanza”, escribió el presidente.
Los detalles se han conocido a cuentagotas. Según reportó Univisión, un abogado de Nueva York recibió información de un narcotraficante, cliente suyo, acerca del plan que se haría con francotiradores y dinamita el 20 de julio en Bogotá. El penalista alertó entonces al gobierno de Estados Unidos y este al de Colombia. Y, según reveló el presidente Petro en su cuenta de X, detrás del ataque estaría alias Iván Mordisco, comandante de una de las disidencias de las extintas Farc en asocio con una organización llamada Nueva Junta de Narcotráfico (NJN) que funcionaría desde Dubai. La disidencia negó su vinculación al plan y a la NJN y le recomendó a Petro que “ande con los ojos en la espalda” y se cuide de “los que se hacen llamar sus amigos”.
Cabe recordar que en el país hay al menos ocho conflictos abiertos con grupos armados y bandas ligadas al narcotráfico, y que en abril Mordisco abandonó las negociaciones de paz que había empezado con este Gobierno y ha escalado sus acciones contra la población civil. También, que una de las banderas del Gobierno son las incautaciones cocaína y, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, durante el 2023 decomisaron 739,6 toneladas.
Entre tanto, se han descubierto hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Protección (UNP), como el traslado altas sumas de dinero o de combatientes de una de las disidencias; y un francotirador asesinó a un poderoso empresario de esmeraldas. Juan Sebastián Aguilar, conocido como Pedro Aguilar o Pedro Pechuga, recibió un impacto en su cabeza mientras estaba en la entrada de su casa rodeado de escoltas.
Como si eso no fuera suficiente ambiente enrarecido, en los últimos días las autoridades allanaron dos viviendas en el sur de Bogotá. Encontraron 17 paquetes explosivos y una maqueta del Palacio de Justicia– que recordó inmediatamente los hechos del ataque del M19 al edificio de las Altas Cortes que fue respondido por el Ejército y terminó en tragedia y personas desaparecidas-. En la segunda de las dos casas residía un hombre quien había sido asesinado un día atrás y que las autoridades creen que estaría siendo utilizado para comprar armas. ¿Por quién y a qué grupo les interesaría un ataque a los magistrados? Todavía no está claro.
Y aunque hubo quienes se burlaron de la improvisación de la maqueta del Palacio, en un país cuya historia se puede ver como una trama de hechos violentos, más vale tomarlo con toda la seriedad. La Policía reaccionó rápidamente y reforzó también la seguridad del Congreso. Y este martes, todos los representantes de las cortes pidieron que no solo se refuerce el Palacio sino todas las sedes de la Rama Judicial.
