Por Carlos Alberto Ospina M.
Desde que el mundo es mundo, las prácticas mafiosas echaron raíces en el gobierno, lo que ha entorpecido el desarrollo socioeconómico y la confianza ciudadana. Estas mañas incluyen los sobornos, el actuar de los testaferros, el tráfico de influencias, el abuso de autoridad, el nepotismo, el constreñimiento, el peculado por apropiación; el prevaricato por acción u omisión; entre otros ciclos de corrupción a manera de un manual de procedimiento, muy lejos de erradicar el mal.
Si bien, el modus operandi no es nuevo, en los últimos años ha adquirido un cariz más sofisticado y desvergonzado a causa del actuar de distintos funcionarios se ven envueltos en sofisticadas redes de defraudación, actos de concusión y demás fechorías contra la administración pública.
Al presente, hace parte del ‘paisaje protegido’, el cómo empresas e individuos pagan a burócratas para obtener contratos, acelerar trámites o evitar sanciones. En la misma olla podrida se cuecen el tráfico de influencias, el nombramiento de activistas incompetentes, la chuzada a los magistrados de las altas cortes, la compra de bienes suntuarios, el pago de honorarios millonarios al masajista de una figura decorativa llamada primera dama, los pactos secretos en el interior de varias cárceles, las licitaciones a dedo, los beneficios arbitrarios y la asignación irregular de viáticos. Estos vicios desvirtúan la función social del Estado y estimulan la competencia desleal; a la vez que crean un entorno nocivo y malintencionado.
Algunos casos emblemáticos han salido a la luz en virtud del efecto mediático, desnudando la putrefacción de ciertos sistemas. La Operación Lava Jato en Brasil y el escándalo de Odebrecht salpicaron a numerosas jefaturas en América Latina; no obstante, misteriosamente en Colombia reina la impunidad. Expresidentes, candidatos a la primera magistratura, grupos económicos y diferentes personajes siguen tan campantes como si nada.
Las prácticas mafiosas de puertas adentro del ejecutivo no son victimless crimes (delito sin víctima). Las infracciones del derecho penal sin ningún individuo identificable causan un impacto profundo y multifacético en la población; puesto que la perversión desvía fondos destinados a servicios fundamentales como el agua, la salud, la educación, la seguridad ciudadana y la infraestructura básica.
Por encima de las promesas vacías y el discurso populista, el torcido busca perpetuar la desigualdad y la apatía por parte de la gente del común. Pocas personas demandan transparencia, exigen la oportuna rendición de cuentas o participan en la delación sobre los misceláneos actos ilegales. La puesta en marcha de los contratos inteligentes (código informático programado) para el control de la gestión pública ayuda a reducir la pericia delincuencial de algunos. Sin embargo, de nada sirve esa estrategia sin la efectiva actuación, supervisión, examen, sanción e independencia de las ías (Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General de la nación).
No hay voluntad para diseñar políticas públicas acerca de la cultura ética, la integridad, los códigos de conducta, el marco legal robusto y los mecanismos que permitan denunciar los actos mafiosos de degradación. A veces, la sociedad civil actúa como invitado de piedra o cómplice de la destrucción del país. ¡Tanta pusilanimidad refleja lo que somos y nos merecemos!
