Cecilia Orozco Tascón
Como si ya no hubiera motivos suficientes para explicar el desprestigio y falta de legitimidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de sus miembros, escogidos en su mayoría entre los desechos de los partidos tradicionales, ahora se conocen, públicamente, detalles de la denuncia penal en contra de quien funge como presidente de ese organismo. Tal denuncia no fue interpuesta por cualquier nimiedad, sino por los delitos de acoso sexual y concusión (funcionario público que induce a una persona a entregarle dineros u otras prebendas ilegales a cambio de sus favores). “Tú puedes pagarme con tu cuerpo”, le habría dicho el individuo César Lorduy –hoy cabeza de la entidad que pretende investigar al presidente de la República–, a la representante a la Cámara Ingrid Aguirre, según le contó esta a María Jimena Duzán, en una entrevista para la revista Cambio (ver). No es la primera vez que se oye hablar de una acción judicial en contra de Lorduy, estratégicamente seleccionado por el partido del aspirante presidencial en ciernes, Vargas Lleras, para ser el vocero del CNE cuando este órgano, reducto de politiqueros, iba a formularle cargos al jefe de Estado. Como se sabe en Barranquilla, en donde goza de oscura fama, bien ganada, Lorduy estuvo envuelto, hace 45 años, en la muerte (asesinato, según su familia) de una joven vinculada con él.
El asunto de la vergonzosa petición sexual de ese sujeto a la congresista que sería beneficiaria de una decisión que dependía del propio Lorduy se había ventilado en la prensa (ver), pero su denunciante no había dado declaraciones públicas. Duzán logró que la representante Aguirre le revelara cómo fue la historia. En sus palabras, el impresentable presidente del Consejo Electoral les habría anticipado a ella y al candidato a la gobernación del Magdalena, Rafael Martínez, actual gobernador, que él era el consejero fallador de un proceso en contra de la candidatura de Patricia Caicedo, aspirante a la alcaldía de Santa Marta. “Ese caso lo tengo yo. Soy el magistrado al que se lo asignaron”, les habría comentado. La afectada Caicedo, Martínez y Aguirre pertenecen al movimiento Fuerza Ciudadana, afín al petrismo, es decir, rivales de Cambio Radical, el coto de caza electoral en que pelecha Vargas Lleras… y los Char, por supuesto. Lorduy fue llevado al Consejo Electoral a nombre de Vargas Lleras y de los Char, por supuesto. Las afirmaciones de Aguirre a María Jimena Duzán, resultaron precisas en tiempo, modo y lugar: la conversación con Lorduy sucedió antes de las elecciones para escoger alcaldes y gobernadores, en octubre de 2023.
Después de la notificación del individuo presidente del CNE a los interesados en el caso que tenía su despacho, Lorduy les habría pedido una coima envuelta en términos poco sofisticados: “si ustedes no quieren que ella [Caiced]) salga revocada [sea eliminada de la carrera por la alcaldía de Santa Marta], necesitamos que 500 payasos suelten la risa” “¿Nos aclara qué quiere decir eso?”, le habrían preguntado sus interlocutores. Lorduy les habría contestado: “Es fácil: si quieren que [la aspiración de] su candidata no se revoque [elimine], es tan sencillo como que 500 payasos suelten la risa”. Aguirre y Martínez interpretaron que el “magistrado” se refería a $500 millones de pesos. En vista de que “los payasos” no aparecieron con “sus risas”, Lorduy habría llamado a la denunciante para buscar un segundo arreglo ilícito. Fue cuando dijo “tú puedes pagarme con tu cuerpo”. No hubo paga con billetes ni con “tu cuerpo”. Con razones jurídicas válidas o no, la conclusión fáctica de este entramado delictivo fue que la aspirante Patricia Caicedo no pudo participar en la elección y que su contradictor político, Carlos Pinedo Cuello es el alcalde de Santa Marta. Pinedo (antiguo aliado de los Caicedo en esas mezcolanzas impresentables de la política colombiana) es de Cambio Radical, cómo no, el partido de Vargas Lleras, los Char y Lorduy. La “gesta” de Santa Marta fue pan comido. Ahora, van por el premio mayor: la cabeza de Petro; aunque no solo ellos: cuentan con la entusiasta colaboración del “investigador” del presidente, el uribista Álvaro Hernán Prada, enjuiciado en la Corte Suprema “por el punible de soborno a testigo en actuación penal, en calidad de cómplice”. El otro investigador de Petro es Benjamín Ortiz, “preso” –de acuerdo con las versiones de los pasillos del CNE–, de otro mal reputado personaje: el ex registrador Alexander Vega, hoy copresidente del Partido de la U, la colectividad de la madrina Dilian Francisca Toro. Podemos continuar diseccionando la radiografía del CNE, pero con este cuadro de inmoralidad es suficiente para establecer, aparte de razones constitucionales o legales que haya, que la credibilidad de ese organismo es nula: cero igual a cero. De ahí el asombro internacional.
Entre paréntesis I.- Pese a la penosa condición del Consejo Electoral, los juristas independientes no tienen duda de la facultad de ese órgano para examinar las cuentas de las campañas y a sus directivos; no así al candidato presidente. Tampoco controvierten la función de investigación de la conducta del mandatario por parte de la Comisión de Acusación de la Cámara aunque esta célula –¡Ay Dios!– adolece de indignidades similares.
Entre paréntesis II.- El magistrado del Consejo de Estado, Jorge Portocarrero, admitió el 25 de septiembre pasado, la tutela interpuesta por el ciudadano Gustavo Petro en contra de la decisión de la Sala de Consulta de esa misma corte que metió al país en este gigantesco enredo en que nos encontramos ahora. Está a punto de fallar.
