Pablo Felipe Robledo
El grupo brasileño Odebrecht suscribió, el 21 de diciembre de 2016, un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, declarándose responsable de poner en funcionamiento una estructura criminal dentro de su organización. La División de Operaciones Estructuradas fue la encargada de pagar junto con sus compinches (socios) alrededor de US$788 millones en sobornos para obtener más de 100 contratos de infraestructura en varios países, entre ellos Colombia.
Odebrecht diseñó y utilizó un software off book (extraoficial) conocido como Drousys, que permitió a los miembros de aquella división comunicarse entre ellos, así como con sus sobornados, cómplices, socios y operadores financieros a través de claves y códigos que evitaban que sus correos y mensajes fueran detectados.
En ese acuerdo de culpabilidad, Odebrecht hizo una concreta confesión relacionada con el pago de un soborno en Colombia (2009-2010) por US$6,5 millones para la adjudicación de la Ruta del Sol 2, lo que llevó a las condenas penales y administrativas del viceministro Gabriel García Morales y José Elías Melo, presidente de Corficolombiana.
La investigación adelantada por la Superindustria llegó a establecer, con total detalle, que Corficolombiana, Episol y Consol (grupo Sarmiento) habían pagado el soborno, así como la forma en que sacaron ilegalmente la plata del consorcio, mediante tres giros a España por US$5’339.791, US$3’372.261 y US$2’176.937, pagando facturas por servicios ficticios de “asistencia técnica” a la española DCS Management.
El pago de esas facturas requería la aprobación de dos directivos de Odebrecht y uno de Corficolombiana, cuyo nombre es Mauricio Millán, quien sospechando de esos cobros lo consultó con José Elías Melo, quien finalmente dio la orden a Millán de pagarlos.
Por esta razón, poco sirve la reciente confesión de Corficolombiana sobre este soborno ante el Departamento de Justicia en su acuerdo de procesamiento diferido, pues esto está más que probado.
En ese mismo sentido, de poco sirve la confesión de Corficolombiana sobre su responsabilidad en “pagos irregulares” por más de US$23 millones entre 2013 y 2015 para la adición Ocaña-Gamarra al contrato de la Ruta del Sol 2, pues la investigación de la Superindustria ya había determinado la existencia de esos pagos por más de $76.000 millones, para lo cual también fue relevante la declaración que en su momento rindió Jorge Enrique Pizano, controller de Consol, ante la Superindustria, que sí le prestó toda la atención y compulsó copias a la Fiscalía.
Lo que sí constituye una novedad y que ninguna autoridad había logrado advertir es el confeso soborno de Corficolombiana, en 2014-2015, por US$3,4 millones al misterioso “Colombian official 3”, un alto funcionario de la Rama Ejecutiva de 2010 a 2018, cuyo nombre por ahora se ignora, a pesar de que varias personas (los Sarmiento, Eleuberto Martorelli y José Elías Melo) saben quién es.
Así las cosas, solo en la mente de la Fiscalía parece ser creíble la tesis de que en las empresas del Grupo Aval todo ocurrió por obra y gracia de un solo directivo (Melo), a menos que con ello se pretenda encubrir la verdad sobre quiénes participaron en este cúmulo de irregularidades, las cuales son materialmente inejecutables por una sola persona dentro de esa organización, pues se trata de hechos disímiles, ocurridos durante más de seis años y que implicaron múltiples destinatarios y transacciones por un monto superior a US$33 millones.
Nadie con dos dedos de frente puede creer que todo ocurrió sin que se hubieran enterado otros directivos del Grupo Aval, como Sarmiento Angulo, Sarmiento Gutiérrez, Mauricio Millán o Alberto Mariño, por solo citar unos nombres, pues eso sería la prueba de su máxima ineptitud al no haber podido ver los elefantes, tigres, panteras y jirafas que durante años pasaron por sus caras disfrazados de sobornos.
Ese cuento no se lo traga nadie. Por eso y más, no dudo en decir que todo tuvo el aval de varios del Grupo Aval.
