Hace cinco años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la COVID-19 como una pandemia mundial. Desde el principio, la corrupción se reveló como un problema alarmantemente común que presentó el brote. El virus se convertiría en una de las peores crisis sanitarias de los últimos cien años y sirvió como catalizador para exponer y, en algunos casos, agravar la corrupción a nivel mundial. Quedaron al descubierto las numerosas deficiencias en nuestro discurso de salud pública, instituciones y liderazgo político, con las que seguimos lidiando.
Desde las compras apresuradas en los sistemas de salud hasta la distribución de vacunas y los paquetes de rescate económico, la corrupción se infiltró en múltiples niveles de la respuesta global a la emergencia. La flexibilización de las normas de contratación y la aceleración de los procesos provocaron un grave despilfarro financiero. Informes de Brasil, Estados Unidos y Alemania pusieron de relieve el fenómeno de la especulación de precios, donde los proveedores aprovecharon la urgencia de la pandemia para inflar los precios de forma masiva. En algunos casos extremos, las mascarillas se vendieron a 25 veces su precio original.
Una unidad de salud en Río de Janeiro, Brasil, en julio de 2022. Foto: Fabio Teixeira y Agencia Anadolu/AFP
El uso de intermediarios o corredores durante la crisis también resultó perjudicial. Los compradores públicos a menudo obtenían bienes o servicios a través de corredores en lugar de comprar directamente a los productores, y estos buscaban maximizar sus ganancias con estos lucrativos contratos. Los pagos solían ser por adelantado, lo que añadía un nivel de riesgo adicional a la calidad de los bienes adquiridos. Por ejemplo, en España, el gobierno compró 640.000 kits de prueba a China, solo para descubrir posteriormente que las pruebas no eran fiables y que el vendedor no contaba con la licencia de las autoridades chinas.
En los primeros 10 meses de la pandemia, más de 1.800 personas contactaron con nuestros Centros de Defensa y Asesoría Legal para denunciar casos de corrupción y buscar apoyo en relación con la COVID-19. Nuestro análisis de los informes de estos ciudadanos destacó que las áreas donde experimentaron mayores dificultades iban más allá de la atención médica, incluyendo también la ayuda humanitaria y la corrupción policial.
La investigación de Transparencia Internacional también mostró que las mujeres eran particularmente vulnerables a los riesgos de corrupción asociados con la COVID-19. Casi el 70% del personal sanitario estaba compuesto por mujeres, lo que significa que estaban en la primera línea de la lucha contra la pandemia y muchas de sus amenazas de corrupción. Además, en muchas regiones del mundo, las mujeres estaban sobrerrepresentadas en la economía informal, que se vio especialmente afectada por la pandemia. Como parte de nuestra labor de incidencia política, recomendamos a los gobiernos que integraran una perspectiva de género en su respuesta. Esto incluyó el intercambio de datos desglosados por género en tiempo real para evaluar y abordar mejor el impacto de la pandemia en las mujeres.
A pesar de que rápidamente se hizo evidente que la COVID-19 debía abordarse de forma colaborativa a escala mundial, la falta de transparencia y las desigualdades generalizadas lo obstaculizaron. Transparencia Internacional destacó en 2021 que solo el 14% de las vacunas mundiales contra la COVID-19 habían sido adquiridas por COVAX, la iniciativa mundial para brindar a los países en desarrollo un acceso justo y equitativo a las pruebas, tratamientos y vacunas contra la COVID-19. Investigaciones recientes también han destacado que el proceso de distribución de vacunas, especialmente a través de COVAX, se enfrentaba a importantes riesgos de corrupción.
Trabajadores humanitarios revisan un envío de vacunas contra la COVID-19 a un aeropuerto de Jartum, Sudán, a través de la iniciativa de intercambio de vacunas COVAX. Foto de Ebrahim Hamid y AFP.
La crisis de la COVID-19 reveló cómo incluso los sistemas de salud más avanzados pueden ser explotados por la corrupción. Estas vulnerabilidades persisten, y corresponde a los gobiernos y sus instituciones aprender de los numerosos errores cometidos durante la pandemia. En este aniversario, podemos recordar un sinfín de lecciones. Si las integramos eficazmente, podemos garantizar que la corrupción no cause el mismo daño en otra crisis sanitaria como la que causó la COVID-19.
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