Por Cecilia Orozco Tascón
Una información extraordinaria se produjo la semana pasada sin que la prensa nacional se enterara. Tal vez el carácter especializado del evento en que se pronunció restringió su difusión; o, tal vez, la divulgación de tamaña denuncia convenía a muy pocos. Por mi parte, siendo periodista cuya obligación es estar siempre alerta, confieso que me apercibí del suceso gracias a un acucioso asistente al Congreso de Derecho Procesal que se realizó la semana pasada en Bucaramanga y que reunió a cerca de tres mil abogados, entre ellos, a muy renombrados magistrados (ver). En ese espacio, quien fuera miembro de la Corte Suprema, Edgardo Villamil, se salió, de nuevo, del redil y -fiel a su temperamento recto- desnudó el funcionamiento corrupto del Estado colombiano, pero no genéricamente, sino con casos concretos. Eso es lo raro: que alguien se meta al río profundo sin que le importen las pirañas que lo esperan para devorarlo. Con metáforas y alegorías como la de que “Colombia es una democracia con fétido olor a monarquía hereditaria” en alusión inconfundible a los apellidos tradicionales y a los nombres de unos cuantos colados que, sin mérito personal, acaparan el poder y los negocios públicos para usufructo particular, Villamil descubrió personajes de la política y la justicia ligados a actos que merecerían, al menos, censura social en lugar de premios.
Entre las referencias del exmagistrado, cada cual más reveladora que las otras, me llamó la atención una por su repercusión actual. Rememoró: “… el [ex] presidente Uribe también impulsó como Fiscal general de la Nación a la doctora Margarita Cabello Blanco [en 2009] (ver) y al doctor Jorge Pretel Chaljub [en 2005] (ver), después condenado penalmente por vender providencias [cuando era magistrado de la Corte Constitucional, también postulado por Uribe] (ver)”. Más adelante, Villamil retomó la historia de la que él fue partícipe hace década y media, cuando aún integraba la Sala Civil de la Suprema: “… en el preámbulo de la sesión en que deberíamos ocuparnos de tal elección (de fiscal general), el magistrado Luis Javier Osorio tomó la palabra para testimoniar algo… que calificó como ‘asqueante’: dijo… que a su despacho llegaron dos abogados de Medellín a ofrecerle la dirección de Fiscalías de Antioquia y del propio Medellín, si votaba por Margarita Cabello Blanco”. Villamil añadió que, en ese momento, intervino para exigir que la sala plena de la corte compulsara copias a la Fiscalía con el objeto de que se abriera investigación por una oferta que parecía delictiva. Recordó que, en cuanto formuló esa exigencia, la sala suspendió la deliberación. La siguiente reunión de la Corte fue citada en Cartagena por su presidente de entonces, el también condenado Francisco Ricaurte, continúo el relato de Villamil. Ricaurte, favorecedor de Cabello, fue enviado a la cárcel, años más adelante, por ser miembro del “cartel de la toga”, un grupillo corrompido de magistrados que les vendía sentencias absolutorias a congresistas investigados.
Sin la presencia de Villamil en Cartagena, adonde no fue por sentirse indignado, Ricaurte sometió a votación la decisión de que la corte denunciara o no el delito de cohecho (dar u ofrecer a servidor público dinero u otro beneficio para que este falte a sus deberes) que habrían cometido los delegados de Cabello y ella misma. Once magistrados amañados votaron por no denunciar; diez, por el sí. Villamil, enhiesto, se pronunció en la siguiente sala, ya en Bogotá: “yo, con mi cédula y [en] mi condición de ciudadano, [entregaré] la noticia [a la Fiscalía] de lo que creía y creo [que] es un delito”. Y cumplió. Formuló denuncia con su firma y la de varios de sus colegas. La Fiscalía no hizo nada; o si lo hizo, no lo comunicó. La flamante procuradora de hoy no fue investigada. Por el contrario, a partir de ahí, el camino de los altos cargos del Estado se amplió para ella: aunque no llegó a ser la fiscal de Uribe, pocos años después –ya retirado Villamil y compañeros de cruzada ética–, fue elegida, increíblemente, para integrar la Sala Civil de la misma Corte Suprema en donde se había discutido y formulado la denuncia en su contra. Cabello no terminó su periodo en ese tribunal porque sus planes eran más ambiciosos. Duque, el presidente que puso Uribe para seguir gobernando este país en cuerpo nada ajeno a él, la nombró ministra de Justicia mientras la preparaba para postularla como Procuradora General con el concurso de un Congreso clientelista y politiquero como Cabello y su rama judicial. Si hace 14 años, la procuradora general no fue investigada, ¿alguien examinará lo que hizo en el Ministerio Público? ¿El señor Eljach se dará la pela? Ojos corruptos que no ven, corazón corrupto que tampoco siente.
Entre paréntesis.- Esta columnista ha estado investigando la historia de la oferta delictiva de puestos a cambio de votos para Cabello en la corte cuando aspiraba a la Fiscalía General. Con ese propósito, tramité un derecho de petición a la Suprema el 21 de agosto pasado. Recibí respuesta el 20 de septiembre. Si bien, esa corporación me envió apartes de las actas de la época –como lo solicité–, cercenó los párrafos en que constan las encendidas protestas de los magistrados Osorio y Villamil, así como la votación mayoritaria, en Cartagena, a favor de no tramitar ninguna denuncia en contra de la actual procuradora o de sus emisarios. Con violación a mi derecho a obtener esos datos, la Suprema argumentó que hay párrafos reservados porque “… la Ley 1712 de 2014, establece como excepción al acceso a la información contenida en actas oficiales, los documentos que contengan “las opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos”. En pleno 2024, sigue vigente la política, ¿cómo dice? Ah sí: la del tapen, tapen. El poderío corruptor de Cabello ha sido inmenso. Y sin remedio.
Entre paréntesis II.- Por transparencia profesional, notifico a mis lectores que el doctor Villamil, hoy, 14 años después de los hechos que narro y sin relación con estos, es mi apoderado en una reciente demanda civil que interpuse.
