Editorial
El Estado brasileño ha tomado una decisión de enorme alcance simbólico hacia sus pueblos indígenas. En una ceremonia solemne, les pidió disculpas por arrebatarles sus tierras, perseguirlos y encerrarlos en campos de internamiento. El acto, que coincidió la semana pasada con el 60° aniversario del golpe que dio inicio a una dictadura militar de dos décadas, fue un gesto sin precedentes hacia las 266 nacionalidades de los guarani-kaiowá y de los krenak, que habían reclamado un perdón colectivo ante la Comisión de Amnistía del Gobierno de Brasilia. Pero también supuso una señal inequívoca de la ruptura con un pasado de represión que apenas se remonta a los años sesenta y setenta.
Brasil no es el primer país latinoamericano que pide disculpas por sus tropelías contra los pueblos originarios. En 2021, lo hizo México con los mayas. Sin embargo, la ceremonia, encabezada por una abogada del Estado que, literalmente, se arrodilló ante los representantes de las víctimas, busca cerrar una herida tan reciente que sus consecuencias resuenan en la sociedad brasileña. Muchos de los perseguidos son guardianes de una memoria de horror, un plan sistemático de opresión que dejó más de 8.300 muertos, según el informe de la Comisión de la Verdad publicado en 2014.
Los nativos de Brasil suman hoy casi 1,7 millones de personas, lo que representa menos del 1% de la población. Sus comunidades han ganado peso político y cultural en las últimas décadas, pero la relación con los poderes públicos solo ha dado un giro profundo durante el actual mandato de Lula. En 2023, el presidente creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas y apostó por fortalecer los organismos indigenistas tras el desmantelamiento casi total que sufrieron durante la etapa de Jair Bolsonaro.
Los pasos de los últimos años son muy importantes y dignos de reconocimiento. No obstante, los gestos simbólicos —cruciales para la convivencia— no deben desviar el foco de las políticas públicas. Por eso, las comunidades instan al Gobierno a acelerar el programa de creación de reservas indígenas que Bolsonaro había paralizado. En su opinión, la demarcación de tierras es una medida clave para proteger su futuro y la biodiversidad de la Amazonia, donde mayoritariamente viven. Tras la petición de perdón, sería oportuno contemplar una reparación económica o la construcción de un museo de la memoria, como demandan los afectados. Pero, sobre todo, resulta crucial blindar cada avance para que la protección de los pueblos indígenas no quede al albur de los cambios políticos.
