Por Jack Nicas y Kate Conger
Jack Nicas reportó desde Río de Janeiro, y Kate Conger desde San Francisco
Cuando Brasil enfrentó una oleada de desinformación digital a raíz de sus elecciones presidenciales de 2022, el Supremo Tribunal Federal de la nación tomó una decisión inusual y fatídica: le otorgó a un juez facultades de gran alcance para ordenarles a las redes sociales eliminar contenido que él considerara una amenaza a la democracia.
Desde entonces, ese juez, Alexandre de Moraes, ha librado una campaña agresiva para sanear internet en su país, obligando a las redes sociales a retirar miles de publicaciones, a menudo en cuestión de unas cuantas horas.
Esta iniciativa ha sido de las más amplias —y, de cierto modo, más efectivas— para combatir el flagelo de las falsedades en internet. Cuando la mano dura del juez contra el contenido en línea ayudó a frenar los esfuerzos de la extrema derecha para anular los resultados de las elecciones brasileñas, académicos y comentaristas se preguntaron si la nación había encontrado una posible solución a uno de los problemas más irritantes de la democracia moderna.
Luego, el viernes, De Moraes bloqueó la red social X en todo Brasil porque su dueño, Elon Musk, había ignorado las órdenes de su tribunal de eliminar ciertas cuentas y luego cerró las oficinas de X en Brasil. Como parte de esta orden de bloqueo, el juez declaró que los usuarios de internet que intentaran eludir la restricción a fin de seguir usando X podrían recibir una multa de casi 9000 dólares al día, o más de lo que gana el brasileño promedio en un año.
Fue la medida más audaz del juez hasta el momento y preocupó incluso a muchos de sus defensores, quienes ahora temen que el experimento brasileño quizá haya llegado demasiado lejos.
“Yo estaba muy a su favor”, afirmó David Nemer, profesor de medios de comunicación nacido en Brasil que ha estudiado la estrategia de su país contra la desinformación en el Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard.
“Pero cuando vimos su fallo sobre X, pensamos: ‘¿Qué demonios? Esto es demasiado’”, expresó, usando una palabrota. “Fue una advertencia para todos nosotros”.
La lucha en Brasil contra el efecto destructivo de internet sobre la política, que lleva años librándose y culminó en el bloqueo actual de X, demuestra los escollos que surgen cuando una nación decide lo que puede decirse o no en línea. Si las medidas son insuficientes, pueden ocasionar que el discurso en línea socave la democracia; si son demasiado estrictas, pueden restringir la libertad de expresión de los ciudadanos.
Es probable que otros gobiernos del mundo tomen nota de esto mientras debaten si deben o no emprender la complicada labor de vigilar el discurso en línea o dejarla en manos de las empresas tecnológicas que se vuelven cada vez más poderosas y rara vez comparten los intereses políticos de una nación.
Por mucho tiempo, Estados Unidos se mantuvo al margen de este debate y permitió que las empresas tecnológicas se vigilaran a sí mismas y entre sí. Pero este año, cambió de rumbo, pues aprobó una ley para prohibir TikTok a menos que esta se venda a un comprador aprobado por el gobierno debido a las inquietudes relacionadas con los lazos de su empresa matriz con China. TikTok ha presentado una demanda para impugnar esta ley como inconstitucional.
En 2022, la Unión Europea aprobó una legislación de amplio alcance que exige a las redes sociales apegarse a normas específicas sobre lo que se puede publicar en sus sitios. Y hace apenas unos días, Francia acusó a Pavel Durov, el empresario ruso que fundó el servicio de mensajería Telegram, de una extensa variedad de delitos por no evitar que ocurrieran actividades ilícitas en la aplicación.
Pero pocos gobiernos democráticos han tomado medidas tan drásticas como la suspensión de X en Brasil y su amenaza de imponer multas contra las personas que sigan usando la plataforma.
Jameel Jaffer, director ejecutivo del Knight First Amendment Institute en la Universidad de Columbia, calificó la medida de “absurda y peligrosa”.
“Lo que es realmente perturbador es que, cada vez más, los gobiernos antidemocráticos pueden señalar a los democráticos para justificar sus acciones”, señaló. “Cuando haya maneras más limitadas de resolver inquietudes de privacidad o desinformación, los gobiernos deberían usar dichas estrategias limitadas”.
Hubo indicios, no obstante, de que incluso De Moraes creyó haber ido demasiado lejos. El viernes, primero ordenó a Apple y Google que impidieran la descarga de aplicaciones que ofrecieran redes privadas virtuales, o VPN por su sigla en inglés, programas que pueden hacer que el tráfico de internet de un usuario parezca venir de otro país. Las VPN suelen usarse con fines de privacidad y ciberseguridad, pero también pueden usarse para evadir bloqueos contra ciertos sitios web o aplicaciones.
La medida contra las VPN provocó una reacción negativa inmediata en todo Brasil y, tres horas más tarde, De Moraes modificó la orden para retirar su petición a Apple y Google.
Pero De Moraes mantuvo la amenaza de multar a quien siguiera usando X en territorio brasileño a través de una VPN. Esa medida “es totalmente autoritaria y no existe una disposición legal explícita que la permita”, dijo Thiago Amparo, un destacado jurista y columnista de periódicos brasileño que apoyaba a De Moraes.
El viernes, el presidente del Consejo Federal de la Orden de Abogados del Brasil declaró que la organización le pediría al Supremo Tribunal de la nación que revisara la medida sobre las multas.
El apoyo para De Moraes en Brasil se ha debilitado a medida que la nación ha dejado atrás las fuertes tensiones de las elecciones de 2022. En aquel entonces, el presidente Jair Bolsonaro usaba las redes sociales para sembrar dudas sobre la integridad de los sistemas de votación en Brasil, pese a la falta de evidencia, y De Moraes ordenaba a las redes sociales eliminar algunas de las publicaciones del exmandatario.
Luego de que Bolsonaro perdió las elecciones, miles de sus simpatizantes bloquearon carreteras, acamparon fuera de bases militares y acabaron por asaltar el Congreso y el Supremo Tribunal de Brasil en un intento de provocar un golpe militar. De Moraes respondió con una orden para que las redes sociales bloquearan decenas de cuentas destacadas que cuestionaban la votación o simpatizaban con el intento de insurrección, incluyendo algunas pertenecientes a legisladores federales.
Sin embargo, desde entonces, pese a que se han enfriado las temperaturas políticas, De Moraes ha seguido ordenando a las redes sociales que eliminen cuentas. Las órdenes son secretas y carecen de explicaciones sobre por qué cierta cuenta infringió la ley, según copias filtradas de algunas órdenes.
“Antes, las acciones de De Moraes estuvieron bastante justificadas por la necesidad de proteger la Constitución”, admitió Mariana Valente, abogada y directora del InternetLab, un laboratorio de ideas en Brasil. “Pero obviamente es preocupante que esto continúe”.
Valente recalcó que el pleno del Supremo Tribunal del país emitiría un fallo en breve respecto a la orden de De Moraes para bloquear X. “Eso es esencial para darle legitimidad a una decisión que es muy extrema”, concluyó.
Jack Nicas es el jefe de la corresponsalía en Brasil, con sede en Río de Janeiro, desde donde lidera la cobertura de gran parte de América del Sur. Más de Jack Nicas
Kate Conger es reportera de tecnología en San Francisco. Le puedes escribir a [email protected]. Más de Kate Conger
