Por Gabriel Ortiz
El país ya había sido notificado del costo que tendrán la seguridad, la paz total y la tranquilidad que hemos perdido desde hace más de 60 años, por la intransigencia de sus dirigentes, legisladores, jueces, gobernantes, malhechores, traficantes, guerrilleros y abusadores.
El presidente Petro busca afanosamente una pausa, que nos lleve al punto final de la zozobra y los sobresaltos que soporta este pueblo, y que requiere esfuerzo mancomunado de toda la población.
Nadie ha estado exento de los estragos, a los que nos conduce la violencia que desde tantos años azota a Colombia. Es la culpable de la guerra, del odio, el robo de tierras y haciendas, de los paros armados, de los desplazamientos que nos catalogan como terceros del mundo; de la pobreza, el desempleo, la informalidad, el desconcierto, la corrupción, el dudoso manejo de la economía, la producción y millones de vicios y atropellos más.
De ahí que se haya pensado en buscar una solución a los innumerables problemas, acudiendo al “poderoso caballero que es don dinero”. De primera se consideró que los grupos subversivos tenían que ser subsidiados, porque ellos dejaban de asesinar, secuestrar, extorsionar y demás robadera que aplican, “para sostenerse”.
Hubo y aún existen, aunque en baja resolución, unánimes protestas a la oferta que se ha hecho a los grupos guerrilleros, para que mantengan sus arcas repletas, que les garanticen esporádicas apariciones que se conocen como disidencias.
A lo largo y ancho del país operan organizaciones criminales que nos mantienen en zozobra. Se trata de enjambres de desadaptados a la sociedad, que conforman bandas criminales, manejadas por expertos que los conducen desde las cárceles o de guetos, con establecimientos reducidores bien conocidos por las autoridades a las que no atacan, o toleran.
Estos grupos, -de jóvenes ni-nis, ni estudian ni trabajan- se pasean enmascarados por veredas y calles de la ciudades y centros poblados -como Buenaventura- amenazando y asesinando a la ciudadanía. Son financiados por narcotraficantes, ciertos comerciantes y terratenientes. Están a la espera de la promesa que les hizo el gobierno, de un millón de pesos mensuales, a cambio se continuará asesinando, extorsionando y atropellando a la sociedad.
Los colombianos, incluidos quienes votaron por Petro, se preguntan por el origen de todo ese dinero que se necesitará.
Quienes con esfuerzo logran recaudar con su trabajo irrisorias sumas de dinero para sobrevivir con sus familias; quienes deben acudir al apoyo de iglesias y fundaciones que les suministran uno o dos platos al día, quienes viven en las calles o bajo los puentes y los que acuden a las más destructivas drogas, esperan respuestas a la multitud de interrogantes que existen sobre esta lucha contra la violencia que ahora trata de comprarse.
¿Cuántos sobrevivientes quedarán en Colombia, cuando se acabe el dinero para financiar las bandas que los someten al miedo y la miseria?
BLANCO: María Paula Fonseca es la nueva secretaria de prensa de la presidencia, que en llave con Holman Morris en RTVC, divulgarán la gestión del gobierno Petro.
NEGRO: Bogotá la capital mundial de los trancones viales. Así la cataloga The Financial Times. Y nada pasa.
