Por Gabriel Ortíz
Los gremios, los indígenas, las organizaciones sociales y en general el público, esperan que el gobierno restablezca las garantías que reclama la sociedad para recuperar sus derechos. Especialmente esos que permiten a la comunidad solicitar el cumplimiento de las obligaciones y promesas que los Estados deben entregar, otorgar y proporcionar sin exigir nada a cambio.
En nuestro medio, no hay día, no hay semana, no hay mes, en que la gente no tenga que llamar la atención a sus gobernantes, por las omisiones y desobediencias. Cuando no se infringen normas, plazos o montos por cuenta de la corrupción campante, es la memoria o negligencia de altos, medianos o pequeños funcionarios la que falla. Y no hay quién pueda sancionarlos o urgirlos a actuar.
El “papeleo” y el clamor no cesan para evitar los desacatos, porque nunca hay sanciones para los infractores. Y las pocas que se advierten están blindadas y amparadas por la corrupción.
Es ahí en donde empiezan a despertar los movimientos de protesta y las reclamaciones de millones de colombianos desesperados.
Las centrales obreras, los indígenas, las agremiaciones y demás entidades que se ocupan de buscar bienestar para los ultrajados, despliegan reclamaciones que rara vez son escuchadas. Los más altos funcionarios, esos de la cumbre, solo atienden a quienes los eligieron y a quienes de la noche a la mañana, producto de la “mermelada” los apoyan. Así manejan todo, y así burlan los derechos de las gentes. Las protestas se desconocen, las difaman, mancillan y desprestigian. Les aplican el rótulo de violentas o infiltradas.
Estamos ahora, en un período de enfado, contrariedad y ofuscación, que impulsa a las gentes a marchar para defender sus derechos, mientras el gobierno y sus amigos, olvidan que la protesta es un derecho fundamental. La Constitución colombiana la consagra y las Naciones Unidas dicen categóricamente que no se puede prohibir, ni restringir, ni bloquear, ni dispersar, ni perturbar. Solo pide que sea pacífica.
Nada más pacífico, ni civilizado, ni ordenado, ni justificado, que la minga que adelantaron nuestros indígenas. La ciudadanía salió a lo largo y ancho de carreteras, calles y parques a respaldarlos. Por donde pasaban, en los sitios donde se alojaban, dejaban cultura, compostura, aseo y orden. No hubo queja alguna, más que de quienes les aplicaban el odio que enloquece a los colombianos que se creen los dueños de lo que nos queda.
La minga y el paro del 21, nos dejan grandes enseñanzas: no se necesitan smad, ni extremas medidas. Tampoco exagerados, contradictorios e inverosímiles y anormales protocolos, como los que se inventaron para evitar los reclamos de una sociedad que soporta desempleo, extrema pobreza, desconsuelo, angustia, ausencia de Estado y hambre. Al pueblo, a la comunidad y a la sociedad no se atropellan con manos duras y paradójicos protocolos.
BLANCO: El ejemplo que dieron las fuerzas vivas durante el paro del 21.
NEGRO: El recorte presupuestal que se aplicó a la paz.
