La advertencia sobre una eventual inestabilidad económica del país en caso de aprobarse en el Congreso las reformas a la Constitución Nacional propuestas por el gobierno nacional fue hecha por el sector financiero al señalar que Colombia se caracteriza por el manejo responsable de su política fiscal.
«La sostenibilidad de las finanzas públicas es fundamental, no solo permite aumentar la oferta de bienes y servicios públicos y con ello impulsar el crecimiento económico y el cierre de brechas sociales, sino que promueve la confianza de los inversionistas y preserva el acceso a los mercados de deuda a menores costos. Colombia se ha caracterizado en la región por haber llevado a cabo un manejo responsable de la política fiscal, lo que le permitió mantener el grado de inversión por cerca de una década», precisó la Asociación Bancaria.
«No obstante, en los últimos años, al choque generado por la pandemia, que llevó a las autoridades a hacer un esfuerzo de carácter contracíclico para hacerle frente, se sumó la imposibilidad de presentar una reforma tributaria estructural, así como las crecientes presiones sobre el erario asociadas a las demandas de la población por un mayor gasto social y a las motivaciones de los legisladores para incrementarlo. Todo lo anterior ha llevado a que el déficit del Gobierno Nacional Central (GNC) aumentara de manera considerable y se ubicara en 4,3% del PIB en 2023, nivel superior al 2,5% observado en 2019.
«En este contexto, mientras se discute el elevado monto del presupuesto presentado para el 2025, cercano a los COP 523 billones, y el trámite de la Ley de Financiamiento, actualmente se debate la necesidad de profundizar el nivel de descentralización y proveer mayores recursos a las regiones.
«Al respecto, se presentó el Acto Legislativo 018 de 2024, que busca modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, estableciendo que el Sistema General de Participaciones (SGP) represente mínimo el 46,5% de los ingresos de la Nación a 2035, cifra superior al 19,9% que representó en 2023.
Para el gremio bancario «pese a que este proyecto contempla que el cambio sea gradual y garantice una mayor cantidad de recursos para educación, salud, agua potable y saneamiento básico, debe existir claridad en que la iniciativa impondría un mayor grado de inflexibilidad al gasto público, lo que pondría en riesgo la inversión pública y la sostenibilidad de las finanzas públicas. En efecto, la historia demuestra que establecer montos crecientes en la proporción entre transferencias e ingresos corrientes es inconveniente, especialmente en periodos de crisis como el de finales de los noventa.
Y anotó la Asociación Bancaria que «este hecho motivó que se realizaran cambios en la fórmula para determinar los montos de transferencias, lo que en algunos casos implicó su indexación a la inflación, y en otros, a partir de 2017, incrementarlos con base en el promedio de la variación porcentual de los ingresos corrientes en los últimos cuatro años, incluido el correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución.
Reflexiones finales
«En la Constitución de 1991 se estableció la necesidad de garantizar recursos para educación, salud y otros servicios básicos, a la vez que se quiso asegurar la transferencia de dichos recursos ante los cambios en el ciclo económico y de recaudo. Ante la inflexibilidad que generaban estas obligaciones con destinación especifica, se realizaron ajustes en la fórmula en diferentes periodos que atenuaron el grado de inflexibilidad y mantuvieron acotado el peso de estas transferencias como porcentaje del PIB, destacó la ASOBANCARIA.
«Con el fin de aumentar la autonomía de las regiones, recientemente se presentó el acto legislativo 018 de 2024, que busca modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, estableciendo que el SGP represente, como mínimo, el 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación para 2035, una cifra significativamente superior al 19,9% que representó en 2023.
Concluyó en su análisis la Asociación Bancaria que «esta propuesta, aunque tiene un objetivo loable, resulta inconveniente y equivocada. De materializarse sin una reducción significativa en el gasto de funcionamiento restante, generaría presiones fiscales que pondrían en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas, el acceso a los mercados de deuda y el crecimiento económico. En efecto, nuestras simulaciones indican que los niveles de déficit fiscal del GNC se asemejarían a los observados en 2020, y la deuda como porcentaje del PIB no sería inferior al 82,9%, un nivel que podría considerarse explosivo dada la estructura de la economía colombiana.
De manera enfática los banqueros colombianos se dirigieron al Congreso de la República señalando que «es imperativo hacer un llamado a la no continuidad a esta iniciativa en los términos en que está planteada, aunque reconocemos que la descentralización y la autonomía de las regiones son necesarias. Creemos que, para alcanzar este objetivo, es fundamental fortalecer las capacidades de los entes territoriales para generar mayor riqueza, incrementar el recaudo y mejorar su capacidad de ejecución los recursos. En este sentido, para aumentar los ingresos, será crucial continuar con el proceso de actualización de los catastros. Asimismo, se deberán seguir las recomendaciones de misiones como las de finanzas territoriales y descentralización, con el fin de reformar impuestos como el ICA, hacer una evaluación exhaustiva del Sistema General de Regalías, rebalancear las apropiaciones sectoriales y territoriales del SGP, y replantear el esquema de categorización de los municipios para reconocer sus vocaciones productivas, entre otras medidas.»
