Editorial
La guerra que durante más de medio siglo padecieron los colombianos no solo enfrentó a grupos insurgentes como las FARC, el Estado y organizaciones paramilitares. Los intereses económicos fueron a menudo parte de los engranajes del conflicto y hubo empresas cómplices de esa lógica. El funcionamiento de ese ecosistema perverso no representa en sí una novedad, pero la justicia estadounidense tomó ha tomado una decisión sin precedentes contra uno de esos actores, la multinacional bananera Chiquita Brands. Un juez de Florida condenó la semana pasada a la compañía a indemnizar a ocho víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en dos regiones del país.
El fallo señala que la transnacional, una de las mayores del sector, financió a los paramilitares entre 1997 y 2004 y que ese apoyo sirvió para perpetrar homicidios, secuestros y otros crímenes como desapariciones forzadas, torturas y extorsiones. Los montos de reparación establecidos oscilan entre 1,8 y 2,5 millones de euros por víctima. Chiquita Brand ya había confesado en 2007 haber entregado fondos a las autodefensas y por ello tuvo que pagar una sanción de más de 23 millones. Sin embargo, esa multa se impuso en el marco de la ley antiterrorista de Estados Unidos. El proceso que acaba de concluir sienta, en cambio, un precedente crucial, al tratarse de la primera vez que una empresa es declarada responsable en un tribunal estadounidense de complicidad en violaciones de los derechos humanos.
El juez y los 10 miembros del jurado escucharon testimonios de las víctimas, representadas por la ONG Earth Rights International, la versión de la compañía y el relato de jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, que regresó a Colombia en febrero tras pasar casi 15 años de condena por tráfico de drogas en EE UU. Los letrados de Chiquita Brands intentaron demostrar durante el proceso que los pagos no representaban ingresos significativos para la AUC frente al dinero procedente del narcotráfico. También se escudaron en el argumento de la extorsión. Esas excusas no evitaron la decisión del jurado, que según los expertos abre ahora la puerta a que haya más resoluciones en esa línea entre las cientos de demandas similares presentadas ante la justicia estadounidense.
La reparación de las víctimas es una premisa clave en todos los procesos de paz emprendidos en Colombia, y la responsabilidad civil atribuida a Chiquita Brands comienza a cerrar un terrible círculo que se abrió cuando la multinacional, fundada a finales del XIX, aún se llamaba United Fruit Company. La protesta de trabajadores de la empresa, reprimida por el Gobierno colombiano en 1928 y conocida como “masacre de las bananeras”, fue evocada por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, pero, sobre todo, fue uno de los episodios de terror que marcó la memoria colectiva latinoamericana durante décadas de violencia.
