Por: Sylvia Charry
Hace unas semanas se conocieron los términos del preacuerdo que la Fiscalía le entregó a Emilio Tapia y con el que la justicia pretende sellar el primer capítulo penal del escándalo de corrupción conocido como Centros Poblados. Sin embargo, lo que hay detrás del acuerdo es la verdadera perla de la historia.
Según fuentes del proceso, con esa colaboración empezará el segundo capítulo en el que, de acuerdo con lo que pudo conocer CAMBIO, Tapia se alista para dar los nombres de tres altos funcionarios del Gobierno Duque que, hasta ahora, no habían sido vinculados a la investigación.
Uno de ellos es el exviceministro de Conectividad y Digitalización del Ministerio de Comunicaciones, Iván Mantilla.
Al principio del Gobierno de Duque, el ingeniero Iván Antonio Mantilla Gaviria fue viceministro de Conectividad y Digitalización. Allí permaneció hasta febrero de 2021, cuando estalló el escándalo.
Ese año, el funcionario fue mencionado en el interrogatorio que dio en la Fiscalía Juan José Laverde, hoy condenado a cuatro años de cárcel por hacer parte del entramado criminal. Laverde declaró en ese entonces que Tapia le dijo que Mantilla había recibido un soborno porque, gracias a su ayuda, la unión temporal se había ganado el contrato. Ese testimonio no escaló en la justicia porque el directamente involucrado, Emilio Tapia, no lo había corroborado.
Sin embargo, en la Fiscalía de Luz Adriana Camargo decidieron revisar al detalle cada una de las versiones entregadas en el proceso. El objetivo era darle el preacuerdo a Tapia en el que le fijan seis años de prisión a cambio de aceptar su responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación. Pero también buscaban preguntarle por otros funcionarios a los que la justicia no les había puesto la lupa. Así fue que Tapia se comprometió a colaborar en otras líneas de investigación.
Los señalamientos sobre Iván Mantilla
El ingeniero Iván Mantilla fue el estructurador técnico del proyecto Centros Digitales, iniciativa pública por un poco más de un billón de pesos, que tenía como objeto la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para la prestación del servicio de internet en las zonas rurales del país, la cual le fue adjudicada a la Unión Temporal Centros Poblados
Pero, antes de entender en qué momento Mantilla entra a jugar un papel fundamental en la historia, según las nuevas declaraciones de Tapia, hay que recordar cómo fue el entramado de corrupción que está en los estrados judiciales.
En octubre de 2020 Tapia se orquestó con Ottomar Lascarro Torres y Juan José Laverde Martínez, todos judicializados, para crear una unión temporal falsa. En realidad se trataba de un conglomerado de empresas que habían prestado sus nombres para que pudieran cumplir con los requisitos exigidos en el proceso licitatorio. Pero, en realidad, no tenían ningún tipo de participación en el desarrollo y ejecución del contrato. Es decir, el verdadero dueño del negocio era Tapia. El contrato les fue adjudicado el 18 de diciembre de 2020.
Hubo un paso fundamental para que ellos lograran quedarse con la licitación: consiguieron tres garantías bancarias falsas.
Dice la Fiscalía que esos documentos fueron suscritos por Luis Fernando Duque Torres, como representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, y por supuestos funcionarios del Banco Itaú, y que el 29 de diciembre de 2020 los cargaron en la plataforma Secop II ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia. Las garantías bancarias fueron necesarias para cumplir los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Y, con eso, se podía firmar la resolución de adjudicación que le daba vida al contrato.
La Fiscalía dice que Juan José Laverde, una vez estableció que ninguna empresa de seguros expediría dicha póliza, obtuvo las garantías bancarias falsas que envió a Luis Fernando Duque para que las firmara y las presentara al proceso.
El tiempo es clave en esta historia. Tapia y sus socios tuvieron más de dos meses para lograr todo lo que necesitaban para salir adjudicatarios. Y en ese punto es que, supuestamente, juega un papel importante el viceministro Mantilla.
Fuentes judiciales con conocimiento del caso explicaron que Tapia se comprometió a entregar las pruebas de que el viceministro logró dilatar la legalización de los documentos para que la unión temporal tuviera tiempo de conseguir las pólizas para ganarse el billonario contrato. A cambio, supuestamente, se habían comprometido a darle una jugosa tajada. Sin embargo, tras estallar el escándalo, el pacto no se consumó. Es decir, Mantilla no habría alcanzado a recibir el pago por su gestión.
¿Qué responde el viceministro Iván Mantilla?
En un comunicado a CAMBIO, Mantilla explicó que, como viceministro de Conectividad, nunca tuvo asignada ninguna función de contratación y que, por eso, no tuvo injerencia en ningún proceso de contratación del ministerio.
“Por el contrario, después de adjudicada la licitación, en el marco de las gestiones del ministerio con ambos ganadores del proceso, expuse a los representantes legales de ambas empresas la necesidad de dar oportuno cumplimiento a todas las obligaciones derivadas del contrato, incluido agilizar todas aquellas correspondientes a la formalización del mismo para iniciar el despliegue del proyecto”, dijo.
Mantilla agrega que, según consta en decisiones tomadas por organismos de control, no fue la persona que tomó o incidió en las decisiones sobre pólizas o garantías, o cualquier otro elemento derivado de la contratación.
Finalmente, reiteró lo dicho en los medios hace un par de años: “No conozco a ninguno de los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados. Nunca en mi vida he tenido contacto alguno con los señores Emilio Tapia, Juan José Laverde, Luis Fernando Duque, ni Juan Carlos Cáceres, ni con ninguna de las personas relacionadas con esta Unión Temporal. Jamás he recibido absolutamente nada de nadie. Mis labores como viceministro consistieron en decisiones técnicas, públicas y transparentes para que Colombia avance en el cierre de la brecha digital”.
Con la nueva información, la Fiscalía tiene la oportunidad de seguir escudriñando el caso en el que se perdieron 70.000 millones de pesos del erario público. Aunque eso le costó el cargo a la entonces ministra Karen Abudinen, hasta ahora ningún funcionario ha respondido ni en la justicia ni en los órganos de control por la responsabilidad del descalabro.
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