Por: Clara López Obregón
Al revelar la existencia de 24.000 audios de interceptaciones telefónicas recaudadas por la Fiscalía en el expediente de Jesús Santrich, el periodista Edinson Bolaños abrió la caja de Pandora sobre el manejo de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos y también develó un torpedo al corazón del proceso de paz.
El análisis de las transcripciones, publicadas en la extensa crónica de Bolaños en El Espectador, suscita interrogantes sobre la motivación del confuso episodio. ¿Por qué Estados Unidos, que colaboró con el enviado especial Bernie Aronson en la mesa de La Habana, dispuso el entrampamiento por narcotráfico del exjefe guerrillero y negociador del Acuerdo de Paz? Al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, del cual depende el fiscal que hizo la solicitud de extradición, no se le podía escapar la gravedad del impacto de tal determinación sobre el desarrollo del proceso de paz. El reciente reversazo en la acusación de un fiscal de California contra el Gr. Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa mexicano, muestra que consideraciones de política exterior pesan en esas decisiones.
También resulta inaceptable que agentes encubiertos de la DEA buscaran involucrar al vicepresidente del gobierno Santos con el supuesto alijo que además se confirma lo suministró la Fiscalía y no Santrich, como declaró Marlon Marín, testigo estrella de la DEA. Un agente incluso se hizo pasar por el capo mexicano Caro Quintero, condenado por torturar y asesinar al agente de la DEA Enrique Camarena, quien al parecer había descubierto el complot de la CIA con el cartel de Guadalajara para intercambiar droga por armas en el escándalo Irán-Contras de los años 80.
En los audios, Marín habla de lavar dólares con bancos panameños y venezolanos para complotar contra el gobierno de Erdogan en Turquía, alega tener conexiones de nivel presidencial en Cuba para montar una discoteca y hasta influencia en los premios de paz en Jordania. Es difícil tomar en serio tanta habladuría. El asunto es tan chabacano que sorprende que el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez haya jugado un papel protagónico en la trama.
Con todo, la Fiscalía accedió a la solicitud de un agente de la DEA para interceptar 22 celulares, incluido el de Iván Márquez, que según el fiscal Martínez no estaba bajo investigación alguna. Este no solo omitió el envío de estas pruebas a la JEP, sino que toleró la actividad ilegal de la DEA y dio a Santrich por culpable ante la opinión pública en busca de presionar y desprestigiar a la JEP.
Durante la campaña electoral, el presidente Trump atacó a su antecesor, a su rival y a un expresidente de Colombia por firmar lo que desfiguró como el “acuerdo Obama-Biden-Santos con narcoterroristas”, para atacar a Biden y desacreditar la política de paz de un país aliado. No se sabe qué tan arriba pudo haber llegado la estela del entrampamiento. De lo que no queda duda es que se trató de una violación de confianza y de un acto inamistoso de los Estados Unidos con Colombia, país que merece el respeto que muchas veces, como en este caso, sus autoridades no exigen.
