Por Yohir Akerman, Bogotá
El hecho es histórico. Un ex fiscal general de la Nación junto a quien fue su vicefiscal denunciaron penalmente a un expresidente de la República por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Así como se oye, pero el hecho ha pasado casi desapercibido. Por eso es importante revisarlo.
En la denuncia, Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo destacan que el expresidente Álvaro Uribe Vélez era consciente de la amenaza de incursiones paramilitares en la zona de Ituango, específicamente las masacres de La Granja y de El Aro, ejecutadas el 11 de junio de 1996 y del 22 al 30 de octubre de 1997, cuando Uribe era gobernador de Antioquia.
Según los denunciantes, la Gobernación de Antioquia y algunos de sus funcionarios conocían que estas masacres, donde fueron asesinadas 33 personas a manos de los paramilitares, iban a suceder debido a las alertas conocidas a través del líder social, abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien fue asesinado posteriormente en 1998.
“En los primeros meses del año 1996 distintos sectores de la sociedad, encabezados por el doctor Jesús María Valle Jaramillo, expresaron a las autoridades del departamento su temor y preocupación por la posibilidad de una incursión paramilitar en la zona de Ituango (…) El 20 de noviembre de 1996 se comunicó con el gobernador de Antioquia y con el defensor del Pueblo de Medellín con el fin de solicitar protección para la población de Ituango”. (Ver Denuncias).
En esto es importante traer al presente lo que establece la investigación de María McFarland sobre cómo Uribe respondió ante los pedidos de Valle a través de una reunión con él y otros colegas el lunes 9 de diciembre. “En la reunión Uribe parecía intranquilo y se levantó de la mesa de reuniones y se dirigió a la oficina de al lado donde cogió el teléfono. Acertaron a escucharle decir que Valle estaba haciendo “falsas imputaciones” cuando decía que había una convivencia entre el Estado y los paramilitares y que él consideraba que ameritaba una demanda por calumnia”.
Como se ha documentado en esta columna, en varias ocasiones Valle pidió a las autoridades protección urgente y, de acuerdo con la denuncia de Montealegre y Perdomo, lo que hizo Uribe fue un simulacro de actuación, una farsa, para aparentar una protección que nunca llegó
El entonces gobernador de Antioquia hizo lo que mejor sabe hacer y señaló al señor Valle Jaramillo como “enemigo de las Fuerzas Armadas” y aliado de la guerrilla.
Pero, sin miedo, el profesor Valle declaró ante un fiscal el 6 de febrero de 1998, mismo año de su asesinato, que “había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al gobierno”.
Esa fue su sentencia de muerte.
El 27 de febrero dos hombres y una mujer ingresaron al edificio Colón en la calle Ayacucho con carrera Bolívar en el centro de Medellín, subieron al cuarto piso, entraron a la oficina del abogado Valle Jaramillo y lo ajusticiaron de dos tiros en la cabeza. (Ver El testigo desaparecido).
Una tragedia.
Pero volvamos a las masacres, u “homicidios colectivos” como los quiere llamar este Gobierno, ya que durante la gobernación de Uribe Vélez se generó un incremento de un 371,4% de las masacres en ese departamento, cosa que suena similar a la coyuntura actual con una administración uribista.
Pues según los denunciantes, a lo largo de estos años las autoridades han recaudado evidencia suficiente para demostrar la supuesta omisión de Uribe como gobernador de Antioquia en las masacres de Ituango y, también, en el asesinato de Jesús María Valle.
Así, citando jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema, los exfiscales señalan que “cuando un servidor público incumple con sus deberes de protección a la población civil, debe responder penalmente, como autor [en este caso], por los hechos de los paramilitares”. Eso lo pondría a responder específicamente a título de autor en comisión por omisión por las conductas delictivas de homicidio en persona protegida, lesiones en persona protegida, actos de terrorismo, desaparición forzada, tortura agravada y desplazamiento forzado agravado. Uno que otro delito.
Finalmente, Montealegre y Perdomo pidieron constatar probatoriamente los vínculos de la familia Uribe Vélez, y parte de su entorno, con organizaciones del narcotráfico y grupos al margen de la ley. “No podemos olvidar que el padre de Uribe Vélez era muy cercano al cartel de Medellín. Esta prueba es fundamental para la construcción del contexto; el paramilitarismo surgió de una alianza de terratenientes con el narcotráfico. Si conocemos las lógicas y estructuras de las organizaciones que realizan violaciones a los derechos humanos, podemos leer correctamente las conductas de Álvaro Uribe Vélez. Estamos frente a delitos de sistemas, que implican investigar el hecho total”.
Demoledora la denuncia del ex fiscal general de la Nación y su vicefiscal.
@yohirakerman; [email protected]
