Preocupación en la ONU: La paz avanza en Colombia, pero persiste la violencia

El responsable de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu (centro), saluda a un excombatiente durante un viaje al departamento de Antioquia.

El proceso de paz sigue avanzando en Colombia pese a los graves desafíos a los que se enfrenta, especialmente en relación con la seguridad de los líderes sociales, los excombatientes y las comunidades afectadas por el conflicto.

El responsable de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, alertaba este lunes al Consejo de Seguridad sobre las amenazas a la paz en una sesión dedicada a los últimos acontecimientos en el país.

“La violencia generalizada en las zonas afectadas por el conflicto sigue amenazando la consolidación de la paz, como lo demuestran varios acontecimientos profundamente preocupantes ocurridos en las últimas semanas”, indicó. 

Tras enumerar una serie de sucesos violentos, el representante especial del Secretario General destacó que no se logrará plenamente la paz si no cesa la violencia contra los líderes sociales y los excombatientes.  

“El anuncio hecho ayer por las autoridades de que han frustrado un intento de atentado contra la vida del presidente de las FARC, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, puso de manifiesto los riesgos que corren los ex miembros de las FARC-EP y el propio proceso de paz, y la importancia crucial de garantizar su seguridad”, dijo.

Cauca, Chocó y Nariño: Los tres focos violentos

A continuación, Ruiz Massieu indicó que la violencia persiste especialmente en tres departamentos: Cauca, Chocó y Nariño.

El diplomático indicó que estos tres “epicentros de la violencia” son los mismos que el Secretario General ha denunciado reiteradamente en sus informes y que poseen unas características comunes: zonas rurales afectadas por una limitada presencia del Estado y una pobreza persistente, y en las que los grupos armados ilegales y las estructuras criminales siguen victimizando a las poblaciones, especialmente a las comunidades étnicas, para controlar las actividades ilícitas.

Añadió que todas estas “causas subyacentes” de la violencia están planteadas en diferentes partes del Acuerdo de Paz, y que esta es una razón más para avanzar urgentemente en su plena aplicación.

Los colombianos, actores fundamentales para la paz

En relación con los avances indicó que los logros del proceso de paz se alcanzaron gracias a la participación del Gobierno colombiano, de las FARC, el apoyo de la comunidad internacional y, sobre todo, gracias a los propios colombianos que trabajan a diario para consolidar la paz en sus comunidades.

“El aumento de la participación y la mejora de la seguridad en las elecciones regionales de octubre demostraron el impacto positivo del proceso de paz en la democracia colombiana.  El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición continuó su inestimable labor, con la participación de las víctimas.  Miles de excombatientes que hace apenas unos años estaban armados continúan construyendo nuevas vidas a través de las oportunidades que ofrece la paz, a pesar de las muchas dificultades y riesgos de seguridad”, resaltó.

Del mismo modo, destacó que todos estos avances han de protegerse, preservarse y aprovechase, y que el mejor modo de conseguirlo es a través de la aplicación integral del Acuerdo de Paz.

La Misión apoya la hoja de ruta para la reintegración

Acto seguido recordó que el pasado 27 de diciembre se aprobó la «hoja de ruta para la reintegración», que establece el marco para el proceso de reinserción a largo plazo, y que la Misión espera apoyar a las partes en su aplicación.

Igualmente, destacó que unos 2500 excombatientes se benefician de la aprobación de doce proyectos colectivos pero que más allá de su autorización y financiamiento “es importante asegurar su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo, incluyendo el acceso a la tierra, la asistencia técnica y los mercados”.

Por último, indicó la necesidad de prestar atención especifica a los más de 9000 excombatientes, que viven fuera de las antiguas zonas territoriales ya “que se enfrentan a mayores riesgos de seguridad y a obstáculos adicionales para acceder a los servicios básicos y a las oportunidades educativas, laborales y productivas”, y a los más de 2000 hijos de antiguos combatientes.

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