Por Jaime Burgos Martínez*
La Rama Judicial no eliminó la congestión; solo mudó el caos de los pasillos físicos a las pantallas de un computador.
En nuestro entorno, las soluciones coyunturales, por chapuceras que sean, gozan de una preocupante vocación de eternidad. El teletrabajo es el vivo ejemplo: llegó como un analgésico forzado contra el encerramiento de la pandemia y terminó por quedarse. El virus de la provisionalidad infectó también a la justicia mediante el Decreto 806 de 2020; una norma expedida a las carreras para virtualizar los procesos que hoy, tras convertirse en la Ley 2213 de 2022, demuestra que en este país no hay nada más permanente que lo que nace siendo temporal.
El teletrabajo y el trabajo en casa superaron las expectativas de productividad durante la crisis sanitaria, pero encendieron las alarmas en salud mental por la falta de desconexión laboral. Pese a este costo humano, la transformación digital se volvió irreversible. Empresas y organismos públicos —incluida la Rama Judicial— migraron hacia un modelo híbrido que combina la presencialidad con la virtualidad, intentando capitalizar el rendimiento comprobado y corregir los excesos del encerramiento.
Sin embargo, la Rama Judicial olvidó un detalle crucial: la productividad que funcionó a puerta cerrada colapsó al interactuar con el público. Existe una abismal desconexión entre la fría estadística oficial y el calvario diario del ciudadano; un verdadero nudo gordiano. Aplicaciones como el SIUGJ y SAMAI, lejos de unificar, sembraron la fragmentación. Lo que antes tomaba cinco minutos en una ventanilla física, hoy consume horas frente a una pantalla moribunda, intentando que el sistema cargue un archivo PDF sin arrojar error. La tecnología, en lugar de ser un puente, se erigió como una muralla burocrática.
Para colmo de males, la digitalización disparó la litigiosidad en Colombia sin que la infraestructura creciera al mismo ritmo. El número de jueces sigue siendo deficitario y la tecnología no hace milagros: el verdadero cuello de botella sigue estando en el cerebro del juez que debe proyectar la sentencia. El eslabón más débil, el empleado judicial, padece hoy una esclavitud multitarea. Debe alimentar el software de la Rama, revisar correos institucionales, lidiar con plataformas caprichosas y, a menudo, seguir cosiendo expedientes en físico. En lugar de simplificar la vida, la tecnología triplicó los canales de revisión.
Intentar digitalizar la Rama Judicial de la noche a la mañana es un acto de soberbia institucional. Mientras potencias como Corea del Sur ejecutaron su transformación de forma escalonada —un proceso metódico que maduró desde 1979 hasta 2025 sin sepultar jamás la presencialidad—, en Colombia pretendimos dar el salto de un solo golpe. Para colmo, el desorden se disfrazó de semántica legal. Hoy, la burocracia se escuda en los linderos que separan al teletrabajo formal, al transitorio trabajo en casa y al trabajo remoto, usando las etiquetas normativas como una trinchera. Detrás de ese laberinto de definiciones no hay modernización, sino una coartada perfecta para justificar la ausencia: la tecnología se adoptó como un dogma y no como la herramienta de apoyo que debía ser.
Las esquinas aledañas a los palacios de justicia hoy protagonizan un desfile de desolación. Los cafetines, restaurantes y notarías que antes vibraban con el flujo de litigantes son la crónica de una tierra quemada; los abogados ya no arriendan ni compran oficinas porque litigan desde la sala de su casa. Lo grave es que este vaciamiento económico se refleja en los propios despachos. Quien se atreve a buscar justicia en físico encuentra pasillos desiertos donde, si acaso, dos empleados custodian la soledad del recinto. Al ciudadano de a pie que llega con una duda legítima lo despachan remitiéndolo a una pantalla. Se ha cavado un abismo infranqueable entre el servidor público y el administrado, destruyendo el sentido más elemental del servicio al Estado.
La anécdota raya en el absurdo: abogados impedidos de revisar un expediente disciplinario porque el funcionario que lo custodia hace trabajo en casa. Valga la digresión, pero ese veredicto de ausencia solo se conoce tras superar el severo interrogatorio de las vigilantes en la recepción de la Procuraduría General de la Nación; un filtro que exige saber a qué oficina se dirige, a quién necesita y de qué va a hablar. ¡Qué exageración! Semejante despliegue de control físico resulta tragicómico cuando, al final del pasillo, lo único que espera al litigante es una silla vacía.
Es evidente que la virtualidad degeneró en un turismo judicial inaceptable. Hoy, algunos administradores de justicia presiden audiencias desde una cafetería ruidosa en lugar de hacerlo desde la solemnidad de su estrado; hemos cambiado la majestad de la toga por la comodidad del capuchino, y el rigor de la ley por el wifi gratuito de un centro comercial. Es hora de detener el despropósito. La ley consagró la virtualidad como regla, pero jamás prohibió la presencialidad. Hace falta que las altas autoridades de la justicia dejen sus burbujas, vuelvan a subirse a una buseta de transporte público —para que recuerden la marca de la registradora— y visiten los cafetines donde los litigantes de verdad padecen el sistema. Los jueces deben volver a las sedes, dar la cara y abrir las puertas, garantizando que la tecnología sea una herramienta de ayuda y nunca un mecanismo de exclusión social. Al fin y al cabo, la justicia se administra para los seres humanos de carne y hueso, no para los algoritmos de una pantalla.
*Jaime Burgos Martínez
Abogado, especialista en derechos administrativo y disciplinario.
Bogotá, D. C., noviembre de 2026
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