Por Eduardo Aristizábal Peláez.
En medio de una época marcada por la confusión entre política y espectáculo, donde la contienda electoral se reduce con frecuencia al cálculo personal, se impone la necesidad de regresar a las raíces que dieron sentido a la convivencia humana.
Aristóteles, en los albores del pensamiento filosófico, estableció una verdad que aún ilumina nuestro tiempo: la política no tiene como fin la exaltación del gobernante ni su beneficio particular, sino el bien común de la comunidad.
Gobernar no es un privilegio ni un pedestal para la vanidad, sino una tarea ética orientada a la construcción de la «vida buena» compartida.
Cuando el poder se desvía hacia intereses privados, facciosos o corporativos, la República se erosiona silenciosamente. El dirigente que utiliza las instituciones y los recursos públicos para su propio provecho traiciona la esencia del mandato ciudadano. En contraste, aquel que entiende que su misión es custodiar la justicia, preservar la libertad y velar por la dignidad colectiva, trasciende la coyuntura y se convierte en auténtico servidor público.
El bien común no es un lema vacío ni una abstracción filosófica, es la garantía concreta de que cada persona pueda forjar su proyecto vital con confianza en las instituciones y esperanza en el futuro.
Donde el poder se ejerce como servicio, florece el tejido social, se fortalece la cohesión ciudadana y la democracia se enraíza. Donde el poder se ejerce como dominio, se marchita la pluralidad, se quiebra la confianza y las libertades se extinguen.
La lección de Aristóteles permanece: el bien público no pertenece al gobernante, sino a la comunidad entera. En esa distinción se cifra la verdadera grandeza de la política y el criterio con el que la historia juzga a sus líderes.
El poder que se repliega en la vanidad termina consumido por la soberbia, el poder que se concibe como entrega, justicia y servicio se transforma en semilla de permanencia.
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