CATALINA OQUENDO B.
Esta semana en Colombia se borraron nuevas palabras y se instalaron otras. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del Gobierno de Abelardo de La Espriella decidió que la palabra “niñas” no debía existir en ninguna de las comunicaciones de la entidad estatal que debe protegerlas; y el presidente Abelardo de La Espriella adoptó el lenguaje de Donald Trump al hablar de “migrantes ilegales”.
En el primer caso, decenas de organizaciones le han explicado los efectos a la nueva directora. “Si las niñas no se nombran, las violencias diferenciales a las que están expuestas desaparecen de las estadísticas, de los presupuestos, de las rutas de atención, dejándolas más expuestas y vulnerables”, explica el movimiento Causa Justa. De hecho, esta semana se conoció que de los 1.500 menores reclutados por grupos armados entre 2021 y 2025 en Colombia, el 40% de las víctimas de ese crimen son niñas. Mientras ella las borra, los armados se aprovechan.
El lenguaje también construye ideas. El presidente De La Espriella, siguiendo el manual Donald Trump, ha anunciado que perseguirá policialmente a lo que ambos llaman “migrantes ilegales”, aunque en realidad no existen. Los que existen son los migrantes en condición irregular o sin documentos que, como explican los expertos es una situación administrativa, no un delito. Con esa decisión, el mandatario cambia radicalmente una tradición colombiana de ser país receptor de la diáspora venezolana, una política que incluso respetaron otros gobiernos de derecha como el de Iván Duque. Durante ese mandato se regularizaron casi 2 millones de migrantes venezolanos; mientras en el de Gustavo Petro se mantuvo el paso de miles de personas por el Darién hacia Estados Unidos y se descuidó y ralentizó la regularización de los venezolanos, como se alertó varias veces en estas páginas.
Con la medida, De La Espriella manda dos mensajes: a Trump con quien se alinea también en la idea de que los migrantes indocumentados son criminales y hay que deportarlos; y a su núcleo duro de votantes que promueve la narrativa —no soportada en cifras— de que los venezolanos tienen alta participación en hechos criminales en las ciudades. Según registros consolidados de los últimos años, las capturas de venezolanos por diferentes delitos han oscilado entre el 6% y el 8,7%.
“Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, dijo el presidente apelando al nacionalismo. También ordenó que los operativos deben comenzar inmediatamente, primero contra “los migrantes que están cometiendo delitos” y luego contra “los que no tienen regularizada su situación, que en el término de la distancia tendrán que ser deportados”.
Después, como ha venido ocurriendo desde que asumió, algunos de ministros intentan matizar sus palabras, unas que en este caso ya fueron recibidas como xenófobas. Tras las críticas, el encargado del Interior, Rodrigo Lara, hizo de intérprete del mandatario: “el presidente no se refiere a los hermanos venezolanos que llegaron en lo más duro de la crisis— casi 2 millones— y que en un 90 por ciento fueron regularizados y recibieron trato de hermandad y acceder a los servicios públicos. Incluso muchos de ellos ya optaron por regresar; se refiere es a las redes criminales y a los que se lucran del paso de migrantes ilegales por El Darién, particularmente organizaciones como El Clan del Golfo”. Lo que no dijo Lara es que el paso por esa ruta entre Colombia y Panamá tuvo una caída de 90,4% en el primer semestre de 2026.
Actualmente, según las cifras del Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana (OM3) de Migración Colombia, a junio había en el país 2.845.791 venezolanos, de los cuales casi 2 millones están regularizados, 320.369 estaban en proceso de regularización y 52.525 directamente en situación de irregularidad.
Desde la campaña, De La Espriella anunció que entendía la política migratoria desde la visión de la seguridad; le pidió al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, autodenominado «el quitavisas», que pusiera bajo su lupa a un listado de políticos colombianos y no se pronunció ni rechazó el asesinato del migrante colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero a manos del ICE. Hasta ahora no ha dicho nada de deportaciones de Estados Unidos hacia Colombia; pero anunció que las hará desde ya a migrantes irregulares de todos los países. “Es una orden presidencial, es una decisión política y administrativa y la asumo yo”, dijo el nuevo mandatario.
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