El pacto para renovar el Tribunal Supremo no puede quedarse en un avance simbólico sin transformación real del régimen
Editorial
El acuerdo en Caracas entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y la oposición para renovar por completo el Tribunal Supremo de Justicia es, al menos sobre el papel, una buena noticia. Romper un proceso judicial manchado desde el origen y abrir la selección a una comisión independiente es un primer paso necesario. En un país donde la justicia lleva años funcionando como el brazo ejecutor del Palacio de Miraflores para apuntalar el chavismo, cualquier espacio de imparcialidad hay que recibirlo con interés, aunque sin un gramo de ingenuidad.
Cada vez que el chavismo se ha visto en apuros por la economía o la presión diplomática, ha buscado una mesa de diálogo. Lo ha hecho en Santo Domingo, Oslo, México o Barbados. Siempre ha utilizado estos foros para ganar tiempo, aflojar el cerco externo y dividir a la oposición. En cuanto consigue oxígeno, el compromiso se archiva. Creer que esta vez será distinto sin un control estricto es tropezar con la misma piedra.
Miles de personas han sido detenidas y condenadas en el país siguiendo un esquema de represión para silenciar cualquier intento de crítica. Uno de los casos dolorosos es el de la jueza María Lourdes Afiuni, una de las primeras presas políticas del chavismo, recientemente liberada. Afiuni fue sometida a un proceso viciado por dictar una decisión judicial apegada a los procedimientos. La encarcelaron porque Hugo Chávez lo ordenó desde la televisión. Su caso se convirtió en un hito en el quiebre de la independencia del poder judicial en Venezuela. Fue juzgada por un delito inexistente, torturada, violada y obligada a abortar.
Casos como el de Afiuni reflejan la clase de país que Venezuela no puede volver a ser. El proceso de renovación acordado por ambas partes debe terminar en puerto seguro. Estados Unidos ha tomado el mando directo de la agenda y la mesa de negociación, asumiendo el rol de mediador y garante. Habiéndose puesto esa carga a la espalda, Washington no puede quedarse de brazos cruzados ni darse por satisfecho con gestos simbólicos. Washington no puede dejar que Caracas use las conversaciones para proyectar una falsa calma ante los inversores extranjeros mientras la estructura del régimen sigue intacta.
Cambiar a los magistrados del Supremo es indispensable para empezar a reconstruir el Estado de derecho, pero no es el destino final. Recuperar la independencia de los jueces no sirve de mucho si no conduce de forma clara a devolverle la voz a la gente. Tras el ataque del 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro, Estados Unidos prometió restaurar la democracia. Dejar esa promesa a medias solo sumaría más tensión a un país ya desgastado. Las negociaciones en Caracas no pueden quedarse en un parche; tienen que ser el primer escalón hacia una transición real que desemboque en elecciones con garantías y derechos para todos los sectores políticos.
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