Expertos advierten sobre las implicaciones en derechos humanos de entregar el manejo penitenciario a los privados de libertad o a veteranos de la Fuerza Pública
Bogotá –
Una de las propuestas más polémicas del presidente electo Abelardo de la Espriella para los próximos cuatro años es construir 10 megacárceles para, afirma, resolver buena parte de los problemas de seguridad en Colombia. Para importar el modelo de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador, quiere revolucionar el Estado en ese sector: concesionar esos centros a privados, acabar con el Ministerio de Justicia y cerrar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la institución a la que ha calificado como “nido de bandidos”, para reemplazarla por un cuerpo integrado por veteranos de la Fuerza Pública.
El diagnóstico que enfrenta no es menor. El INPEC administra un sistema carcelario que arrastra hacinamiento crónico desde hace décadas. Según sus propias cifras, la sobrepoblación alcanzaba un 28,6%. En términos concretos, hay al menos 104.395 personas en las cárceles, cuando estas tienen cupos para 81.139. A esto se suma un déficit estructural de guardias y denuncias recurrentes de corrupción interna.
Pese a ello, la propuesta de reestructurar el sistema y eliminar el Ministerio tiene varios obstáculos administrativos. Uno es el que señala Lina Porras, coordinadora de la línea de investigación del sistema carcelario de la organización Temblores. “Es problemática la idea de reemplazarlo por veteranos de las Fuerzas Militares y de la seguridad privada, porque no tienen formación en la custodia de personas privadas de la libertad”. La experta señala que es un modelo que ha adoptado el Gobierno de Daniel Noboa en Ecuador y ha producido un aumento de las muertes en centros penitenciarios.
Porras recuerda también que la Corte Constitucional ha encontrado una crisis sistémica en las cárceles, lo que la ha llevado a dictaminar que tras las rejas se vive un estado de cosas inconstitucional, es decir, una situación con una violación permanente y masiva de derechos fundamentales. “La Corte ha sido enfática en decir que se debe optar por hacer un menor uso de la prisión, sobre todo de la prisión preventiva. Es preocupante que ninguna de las propuestas [del nuevo Gobierno] aborde cómo evitar que las personas lleguen a prisión, mientras piensa en aumentar los espacios para las personas encarceladas”.
El propio equipo de empalme del entrante Gobierno ha empezado a matizar la propuesta. Iván Cancino, quien lidera los encargados del sector Justicia y se ha rumoreado que sería el ministro de esa cartera, ha asegurado que la idea no es tener a más gente presa, sino “atacar el hacinamiento y evitar que las bandas sigan operando desde las cárceles”. Además de las megacárceles, quien ocupe la cartera deberá liderar el proceso para convertir el Ministerio en un viceministerio de la cartera del Interior, lo que en la práctica significa que el funcionario encargado de sacar adelante una de las banderas del Gobierno tendría que hacerlo mientras reduce la relevancia de la Justicia en el Ejecutivo.
El plan de gobierno de De la Espriella empuña el reto al señalar que la fase preliminar de las megacárceles arrancaría en los primeros 100 días de mandato, un cronograma que choca con el diagnóstico técnico de actores del sistema. Hoy existen pabellones carcelarios nuevos y vacíos porque la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la entidad encargada de la infraestructura y logística de las cárceles, no ha logrado contratar siquiera los servicios básicos o los sistemas de seguridad electrónica.
En abril, el ingreso del famoso cantante vallenato Nelson Velásquez a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, a una fiesta con capos recluidos, dejó ver las limitaciones del esquema actual. El artista entró sin pasar por los registros de seguridad al pabellón de máxima seguridad y dio un concierto privado. Cuando las imágenes se filtraron en las redes sociales, el INPEC reconoció que no había ninguna cámara de seguridad funcionando en ese penal, uno de los más importantes de Colombia y en donde se adelantaban negociaciones de paz con las bandas criminales de Antioquia.
María Isabel Mora, coordinadora del Grupo de Prisiones de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, advierte otra de las preocupaciones: el futuro de los programas de socialización de personas privadas de la libertad, como la implementación de la Ley de Utilidad Pública, que permite a las mujeres cabeza de hogar condenadas a penas cortas sustituir la prisión por servicios comunitarios. “Es la primera alternativa a la prisión que tiene en Colombia. Los programas de impacto social por los que ha trabajado este Ministerio han demostrado que funcionan para reducir la reincidencia, pero no sabemos qué va a pasar con ellos. Las consecuencias de eliminarlos serían graves”.
La experta también advierte sobre la idea de concesionar las megacárceles. “El riesgo es que la gestión del sistema carcelario se vuelva un interés privado. Nos preocupa la rendición de cuentas en un sistema que busca ser privatizado, porque puede hacer que la gestión sea más un negocio que una gestión basada en los derechos humanos”.
Cancino ha asegurado que el equipo de transición ya tiene recopilado cerca del 80% de la información sobre las entidades que serán revisadas, un ejercicio que en el sector a su cargo suma, además del Ministerio y el INPEC, la USPEC, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El penalista reconoció que la mayor atención en el empalme estará puesta en la USPEC, por el volumen de contratos y recursos que maneja.
La investigadora, por su parte, hace el llamado a que el nuevo Gobierno mantenga varios avances logrados por el Ejecutivo saliente. “Lo primero es la bandera de intentar humanizar el sistema penitenciario y carcelario. También la posibilidad que abrieron para que la sociedad civil y la academia tuvieran incidencia en el sistema penitenciario”.
Con el reloj corriendo hacia la posesión, el próximo 7 de agosto, el mayor reto es conciliar el discurso de mano dura que gira alrededor de las megacárceles con una institucionalidad que hoy no logra poner en funcionamiento la infraestructura nueva. Si el nuevo gobierno resuelve esa brecha entre la propuesta y la ejecución, o si las megacárceles terminan sumándose a la lista de pabellones vacíos, será una de las pruebas de fuego del gobierno de De la Espriella.
Dejar una contestacion