El intento de usar dinero público para sus causas particulares desconcierta incluso en un Washington acostumbrado al escándalo
Editorial
Ha pasado suficiente tiempo desde la toma de posesión de Donald Trump como para empezar a entender que el presidente carece de un proyecto político decente para Estados Unidos, y mucho menos de una visión coherente sobre papel de su país en el mundo. El proyecto político de Trump consistió, primero, en evadir la cárcel, y una vez en el poder, en enriquecerse él y su familia tanto como le fuera posible a costa de explotar sin pudor las zonas grises del sistema, utilizando para ello la plataforma excepcional que le concede la jefatura del Estado en la superpotencia planetaria. El suyo es un proyecto de corrupción sistematizada y de sometimiento extractivo de las instituciones a su voluntad.
De la aceptación de un avión de lujo regalado por Qatar hasta la negociación con acciones bursátiles propias a la vez que toma decisiones desde la Casa Blanca, los ejemplos de corrupción llenarán en el futuro los libros de historia. El ejemplo más reciente es descarnado e ilustrativo de su método como presidente de EE UU. Como parte de su estrategia de venganza a través de demandas judiciales, Trump denunció a principios de este año a su propio departamento de Hacienda por la filtración de su declaración de la renta en septiembre de 2020, dos meses antes de las elecciones que perdió ante el demócrata Joe Biden. La demanda dio lugar a una insólita negociación en la que los intereses del presidente estaban representados a ambos lados de la mesa, como si él fuera a la vez el demandante y el demandado. Como resultado, Trump ha llegado a un acuerdo consigo mismo por el cual Hacienda se compromete a no investigar jamás sus declaraciones de impuestos ni las de su familia. El colofón es la creación de un fondo de 1.776 millones de dólares para resarcir a quienes él considere represaliados por el Gobierno de Biden. Entre ellos, los condenados por el intento de golpe del 6 de enero de 2021, quienes ya habían sido indultados por Trump.
El autoblindaje fiscal y el intento de crear un fondo de reptiles para sus aliados políticos con dinero público es tan escandaloso que incluso ha avergonzado a algunos republicanos del Senado, habitualmente dóciles y serviles, y ha provocado un conato de revuelta en sus filas.
Pero Trump se siente hoy el dueño del Gobierno federal. Han sido los contrapoderes como el Congreso o el Tribunal Supremo los que le han convencido de que puede explotar en su favor cualquier duda constitucional. Que algo no se haya hecho nunca no es para él ningún freno, sino un incentivo. El poder absoluto ha revelado a las claras su naturaleza. Trump desconoce el significado de palabras como responsabilidad, contención o prudencia. Solo las elecciones de noviembre pueden poner límites al presidente y restablecer algo de equilibrio en la democracia norteamericana antes de que lo aberrante se convierta en convencional.
Dejar una contestacion