Nuevos testimonios de 17 hombres, mujeres y niños detenidos en una redada nocturna retratan las presuntas acciones violentas de los agentes federales y son la base de reclamaciones presentadas esta semana contra el DHS y otras agencias federales.
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por Melissa Sanchez, Jodi S. Cohen y Mariam Elba
La noche de la redada de estilo militar en un complejo de apartamentos de Chicago, un intenso estruendo despertó al hombre nigeriano que vivía en la unidad 215. Tolulope Akinsulie se levantó de la cama y vio a agentes federales fuertemente armados irrumpir en su apartamento. Entonces sintió las mandíbulas de un perro grande cuando le mordieron el tobillo derecho y lo derribaron al piso. Akinsulie gritó mientras el animal le desgarraba la carne del tobillo, los muslos, la cadera y la muñeca.
Al fondo del pasillo, los agentes sacaron a punta de pistola a una madre venezolana y a su hijo de 16 años de su apartamento y los llevaron a otra unidad. Allí vieron cómo los agentes golpeaban a un hombre con lo que parecía ser la culata de un rifle y pateaban a otro ya tirado en el suelo. Mientras observaba la escena, el hijo comenzó a hiperventilarse.
“Aquí hay otro”, dijeron los agentes sobre un hombre mexicano que vivía en la unidad 502, antes de esposarle las manos a la espalda con bridas de plástico y sacarlo del edificio a paso forzado. Los agentes le dijeron que en Estados Unidos no era bienvenido, le quitaron su tarjeta de identificación de la ciudad de Chicago y la rompieron frente a él.
Aunque la redada del 30 de septiembre realizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha sido muy documentada, los nuevos testimonios de 17 hombres, mujeres y niños detenidos esa noche trazan un retrato violento y aterrador de cómo los agentes federales llevaron a cabo el operativo.
Sus declaraciones son la base de las reclamaciones administrativas presentadas el martes contra el DHS y otras agencias federales que participaron en esta redada nocturna en el barrio de South Shore de Chicago.
Los reclamos vía administrativa suponen el primer paso de los inquilinos para exigir responsabilidades a los funcionarios, según sus abogados, así como una indemnización de millones de dólares por las acciones de los agentes federales durante la redada, un momento clave en la campaña de represión migratoria de la administración Trump en Chicago. En las quejas se alega que los agentes entraron a los apartamentos sin tener una orden judicial.
“No había ninguna razón para hacerme eso”, dijo Akinsulie en una entrevista con ProPublica. Su cuerpo todavía tiene las oscuras cicatrices de las mordeduras del perro. La acción legal, dijo, tiene como objetivo enviar un mensaje de que los funcionarios no están por encima de la ley. “A todo el mundo se le puede exigir que rinda cuentas”, afirmó. “La gente tiene que aprender a comportarse bien”.
En los recursos administrativos sostienen que los agentes federales provocaron lesiones físicas, trauma emocional, una “detención brutal” y pérdidas económicas. Cada uno de los demandantes —15 inmigrantes y dos ciudadanos estadounidenses— solicita aproximadamente 5 millones de dólares, una cantidad que los abogados consideran similar a la de otros fallos judiciales en Chicago en casos anteriores.
“No existe una cantidad de dinero por daños y perjuicios que pueda compensar a nuestros clientes por el trauma que vivieron esa noche”, dijo Susana Sandoval Vargas, abogada regional del Medio Oeste del Fondo de Defensa Legal y Educativa Mexicano-Estadounidense (MALDEF), una organización nacional de derechos civiles de los latinos que representa a algunos de los inquilinos. “Se trata de que el gobierno federal rinda cuentas por sus acciones ilegales”.
El miércoles, en una declaración a ProPublica, el DHS dijo que “la operación se llevó a cabo en pleno cumplimiento de la ley” y que los inquilinos no tienen derecho a indemnización. “El DHS está tomando medidas adecuadas y constitucionales para defender el estado de derecho y proteger a nuestros agentes y al público de los extranjeros ilegales peligrosos y delincuentes”.
No respondió a las preguntas sobre las lesiones de Akinsulie, pero agentes federales de inmigración afirmaron haber emitido advertencias verbales al entrar a la casa de Akinsulie, y creían que el hombre quería esconderse y eludir la detención, de acuerdo con documentos presentados en una demanda no relacionada con este caso. Akinsulie dijo que dormía profundamente y que no escuchó ninguna advertencia ni los ladridos del perro.
Al interior del DHS, los reclamos administrativos de los inquilinos de South Shore también se presentaron ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Patrulla Fronteriza (Border Patrol), y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, se enviaron a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y al Buró Federal de Investigación (FBI), que no respondieron a las preguntas de ProPublica.
El martes también se presentó el reclamo número 18 a nombre de un inquilino detenido fuera del edificio una semana antes de la redada y que sufrió pérdidas materiales.
La Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA, por sus siglas en inglés) es uno de los pocos mecanismos disponibles para quienes consideran haber sufrido daños por acciones ilegales por parte de empleados federales. La ley permite obtener una indemnización por angustia emocional, daños a la propiedad, lesiones o fallecimiento. Si la agencia no responde o resuelve una reclamación en un plazo de seis meses, o si la deniega, los afectados pueden interponer una demanda judicial.
El DHS no ha querido revelar cuántos reclamos se han presentado desde el año pasado, pero ya se han registrado decenas en todo el país: una mujer embarazada en California dijo que se le adelantó el parto tras ser detenida y esposada. Un veterano del Cuerpo de Marines declaró que unos agentes federales lo sometieron por la fuerza mientras protestaba en Oregón. Una concejala de Chicago afirmó que los agentes la insultaron, la empujaron y la esposaron después de que cuestionara su presencia en la sala de urgencias de un hospital. El DHS afirmó que estas tres personas estaban obstaculizando o interfiriendo en la labor policial.
En entrevistas, media docena de abogados dijeron que esperan ver más reclamos en los próximos meses. “Ojalá este caso y otros sirvan de freno contra las formas más agresivas e imprudentes de la aplicación de la ley (migratoria)”, dijo Mark Fleming, abogado del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, que trabajó en el caso junto con MALDEF, la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Chicago y el Centro de Justicia MacArthur.
Durante la redada en South Shore, unos 300 agentes armados hasta los dientes tomaron por asalto el deteriorado edificio de cinco pisos. Algunos descendieron de un helicóptero Black Hawk. Lanzaron granadas aturdidoras, derribaron las puertas de los apartamentos y esposaron con bridas de plástico a decenas de inmigrantes y ciudadanos estadounidenses que vivían en el edificio. Un equipo de televisión que acompañaba a los agentes captó el operativo en imágenes.
La administración Trump justificó repetidamente sus acciones alegando que tenía información de inteligencia de que la pandilla venezolana Tren de Aragua había tomado control del edificio y que en su interior había armas, drogas y explosivos. Periodistas de ProPublica, que en los últimos meses han entrevistado a 16 de los 37 inmigrantes detenidos esa noche, informaron que había escasas evidencias que respaldaran la afirmación del gobierno. Hasta la fecha, los fiscales federales no han presentado cargos penales contra ninguno de los arrestados.
Las reclamaciones por daños y perjuicios detallan aquello que presuntamente vivieron las familias durante la redada, incluidas aquellas con hijos pequeños. Una madre y un padre venezolanos se acurrucaron con sus cuatro hijos en su apartamento, el menor de ellos una bebé de 1 año ciudadana estadounidense, quien “gritó y lloró aterrorizada” mientras los agentes les apuntaban con sus armas. Los agentes sacaron del apartamento a los hijos, todavía en pijama, y los separaron de su padre. Uno de los niños, que ahora tiene 9 años, sufrió un ataque de pánico, según la reclamación.
Funcionarios del DHS han insistido previamente en que no esposaron a ningún menor, pero el relato del joven de 16 años que hiperventilaba al ver cómo los agentes agredían a los inmigrantes, indica que tanto su madre y él fueron esposados con bridas fuera del edificio. El DHS calificó eso de “mentira abyecta” y afirmó que no se había esposado ni inmovilizado a ningún niño.
Según los expedientes, mientras los inquilinos estaban detenidos muchas de sus pertenencias fueron robadas o se perdieron: zapatos, consolas de Playstation, celulares, joyas, colchones, una mochila con 1.300 dólares en efectivo y juguetes. Varios también reportaron la pérdida de sus vehículos.
La redada trastocó la vida de los inquilinos. Muchos de los inmigrantes, en su mayoría venezolanos, ya han sido deportados. Muchos ciudadanos estadounidenses que vivían en el edificio, incluidos algunos beneficiarios de asistencia de vivienda pública, se vieron obligados a mudarse a finales del año pasado, después de que una jueza ordenara que el edificio fuera clausurado por problemas de seguridad y por incumplir la normativa.
José Miguel Jiménez López, de 42 años, el hombre mexicano que vivía en el quinto piso, trabajaba como soldador en Chicago antes de que la redada desbaratara su vida. Jiménez afirma que no era integrante de ninguna pandilla ni estaba involucrado en actividades delictivas. Por eso, incluso cuando los agentes le apuntaron con sus armas, le esposaron las manos y le dijeron que regresara a su país, creyó que lo dejarían ir. Y no lo hicieron.
Durante los cuatro meses siguientes, fue trasladado a centros de detención en Indiana, Kentucky y Luisiana, antes de ser liberado en la frontera con México en febrero. Ahora vive en la casa de su infancia en el estado de Guanajuato. “Tengo amigos y familiares allá y la gente tiene miedo”, dijo en una entrevista. “No me gustaría que pasen otras personas por ese proceso”.
En su reclamo administrativo se detallan las duras condiciones de los centros de detención: la comida y el agua insuficientes, el aire acondicionado frío encendido de manera permanente durante el invierno y escaso tiempo al aire libre. Otros describieron haberse enfermado por el agua potable, la falta de una buena atención médica y la angustia constante de no saber si volverían a ver a sus seres queridos. Según el DHS, “se da prioridad a la seguridad y el bienestar de los detenidos” y estos tienen acceso a atención médica y comidas nutritivas.
En su reclamación, Jiménez alega que “los agentes del ICE lo trataron a él y a otros detenidos como si no fueran humanos y no tuvieran derecho a la dignidad ni al respeto más básicos”. Dijo haber perdido bienes valuados en 3,000 dólares, entre ellos un televisor y un taladro.
Por su parte, la mujer venezolana y su hijo de 16 años fueron trasladados al Centro de Procesamiento de Inmigrantes de Dilley, Texas. Pasaron tres semanas allí hasta que fueron puestos en libertad en Estados Unidos con monitoreo electrónico. La mujer ahora tiene dificultades para dormir y su hijo tiene que ir a un psiquiatra para procesar lo que vivió esa noche.
Akinsulie, de 42 años, dijo que se siente agradecido de estar vivo. Cristiano devoto, encuentra paz en la lectura de la Biblia y en la oración. Durante su detención sufrió tantas pesadillas que necesitó atención psiquiátrica. Soñaba con perros ladrándole en la espalda. Persiguiéndolo. Hablándole.
“(El sueño) que realmente me perturbó fue cuando un pastor alemán me estaba persiguiendo. Yo corría”, contó Akinsulie. “El pastor alemán estaba a punto de morderme. Eso me asustó mucho porque no quiero que me muerdan nunca más”.
Las pesadillas cesaron después de que fuera puesto en libertad en marzo: el gobierno había reconocido que él y otros probablemente habían sido arrestados de manera ilegal. Akinsulie, quien dijo vivir en Chicago desde 2007, no tiene antecedentes penales, según el informe de arresto de la noche en que fue detenido.
Ahora está de vuelta en Chicago, alojándose en casa de un amigo y haciendo trabajos esporádicos. Le cuesta estar parado durante mucho tiempo; a veces siente un dolor que le recorre desde la cadera hasta el pie derecho. Aunque antes era un apasionado del fútbol, dice que ahora ya no puede patear ni correr como antes. Le preocupa que las lesiones puedan ser permanentes, pero no tiene dinero para ir al médico.
Nicole Foy y T. Christian Miller contribuyeron con la reportería.
Traducción de Wendy Selene Pérez.
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