Los líderes no están actuando contra la corrupción, que sigue siendo una amenaza para la democracia, la libertad y la justicia. Si bien un pequeño número de países ha avanzado, el panorama general es de estancamiento y declive, con consecuencias reales para la vida de las personas.
El IPC, Índice de Percepción de la Corrupción, clasifica a 182 países y territorios en una escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy limpio). Los resultados presentan un panorama desolador: la puntuación media mundial ha caído a 42, con más de dos tercios de los países con una puntuación inferior a 50. Ningún país obtiene una puntuación perfecta de 100, y el número de países con una puntuación superior a 80 se ha reducido de 12 hace una década a tan solo cinco.
Un declive en el liderazgo contra la corrupción
Este declive no es inevitable; refleja una falta de coraje político. Incluso las democracias consolidadas están experimentando un preocupante deterioro en su desempeño, a medida que se debilitan los controles y contrapesos y se reduce la aplicación de las leyes. En países como Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, los riesgos de corrupción han aumentado. En muchos países europeos, los esfuerzos anticorrupción se han estancado en gran medida durante la última década. La primera directiva anticorrupción de la UE, acordada en diciembre de 2025, marcó un hito, pero la resistencia de algunos Estados miembros ha diluido su ambición y limitará su impacto.
Estados Unidos mantuvo su caída hasta alcanzar su puntuación más baja histórica. Si bien los avances aún no se reflejan plenamente, las acciones dirigidas contra las voces independientes y que socavan la independencia judicial plantean serias preocupaciones.
En países con niveles más bajos de corrupción, las personas generalmente informan que tienen mayor capacidad de acceder y pagar por la justicia.
Restricciones al espacio cívico
La reducción del espacio cívico dificulta la denuncia de la corrupción. Desde 2012, la mayoría de los países con importantes descensos en sus puntuaciones del IPC también han incrementado las restricciones a la sociedad civil, los periodistas y los derechos, como la libertad de reunión pacífica. Al dificultar o hacer peligroso que los ciudadanos, las ONG y los periodistas cuestionen los abusos de poder, están reduciendo la transparencia y la rendición de cuentas.
La frustración pública con los liderazgos irresponsables está aumentando, especialmente entre los jóvenes. En 2025, las protestas lideradas por la Generación Z se extendieron por países con puntuaciones del IPC persistentemente bajas. En Nepal y Madagascar, las manifestaciones masivas contra la corrupción y las deficiencias de los servicios públicos provocaron la caída de ambos gobiernos.
Sin embargo, el IPC también ofrece esperanza. Desde 2012, 31 países han mejorado significativamente sus puntuaciones, lo que demuestra que la voluntad política sostenida marca la diferencia. Entre los que más mejoraron se encuentran Estonia, Corea del Sur y Seychelles. Las mejoras a largo plazo en países democráticos como estos reflejan un impulso sostenido en las reformas, el fortalecimiento de las instituciones de supervisión y un amplio consenso político a favor de una gobernanza transparente. El éxito se ha atribuido, entre otras cosas, a la digitalización de los servicios públicos, la profesionalización de la función pública y la incorporación de estándares de gobernanza regionales y globales.
Nuestra investigación muestra que la corrupción persiste no porque falten soluciones, sino porque existe liderazgo. Existe un plan claro para exigir cuentas al poder, desde procesos democráticos y supervisión independiente hasta una sociedad civil libre y abierta.
Exigimos un liderazgo político renovado en materia de anticorrupción, que incluya la plena aplicación de las leyes vigentes, la implementación de los compromisos internacionales y la introducción de reformas para fortalecer la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas.
También instamos a los gobiernos a proteger el espacio cívico poniendo fin a los ataques contra periodistas, ONG y denunciantes, y poniendo fin a las restricciones al trabajo de la sociedad civil independiente.
También queremos que se cierren las lagunas legales que permiten que el dinero de la corrupción circule a través de las fronteras, lo que incluye fortalecer la supervisión de los guardianes profesionales y garantizar la transparencia en torno a la verdadera propiedad de las empresas, los fideicomisos y los activos.
En un momento en que algunos gobiernos están haciendo caso omiso de las normas internacionales, la pregunta es si los líderes actuarán con integridad y estarán a la altura de su responsabilidad de ofrecer un futuro mejor a la gente de todo el mundo.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional ofrece un panorama detallado de las principales tendencias mundiales en materia de corrupción en el sector público. Clasifica a 182 países y analiza las diferencias entre regiones, destacando los principales desafíos, las brechas de liderazgo y las implicaciones más amplias para la democracia y la gobernanza.
