Por Jaime Burgos Martínez*
El próximo 8 de marzo se elegirán senadores y representantes a la Cámara que conformarán el nuevo Congreso de la República, órgano de naturaleza representativa, símbolo de la voluntad popular, a través de la participación ciudadana (en lo público) y en el ejercicio de los principios de libertad e igualdad. Sirve de contrapeso al poder Ejecutivo. Sin embargo, junto a este, en su función legislativa y de control político, debe asegurar, por lo menos en teoría, el gobierno del Estado.
En tal virtud, es importante que se elijan hombres capaces y serios ―expresión alusiva a hombres y mujeres, sin el fastidioso lenguaje inclusivo agramatical y pendenciero― que se dediquen de tiempo completo a las labores encomendadas, y no a la consecución de otras cosas que no les incumben, que, la mayoría de las veces, producen dolores de cabeza y de corazón. Pero, en el afán desaforado de conservar o mantenerse en el poder…se pasa la línea. Eso suele suceder con el »político al uso».
Este calificativo de político al uso fue utilizado por el filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset, en 1927, en un ensayo que tituló Mirabeau o el político, en que reflexiona sobre la naturaleza del liderazgo y el poder. Afirma en una frase: »El político al uso suele ser un servil que se disfraza de soberano…». Su sentido, actualmente, es el del político que vive pendiente de la opinión pública (carece de visión propia), los votos y la aprobación inmediata de sus gestiones (intereses inmediatos para sobrevivir), a cambio de cualquier solicitud decente o indecente, lo que hace que su “soberanía” o independencia sea aparente, pues se torna servil; nada es cierto.
De suerte que, en estos días de campaña electoral, he visto en las calles carteles de propaganda de aspirantes al Congreso de la República, algunos conocidos de vieja data, otros desconocidos y unos cuantos que han mostrado buena gestión y honestidad en reciente desempeño de cargos en la Administración pública, que podrían revelar lo que son y hacer muy buen papel. Los repitentes ―en su mayoría―, con su rótulo de »políticos al uso», no tienen buena fama; pero, con el cinismo que los caracteriza y las alforjas o baúles, llenos, van detrás de la curul a cualquier precio: traiciones, deslealtades, compra de líderes, votos, etc. Por ello, muchas veces, sin uno proponérselo, cuando mira un afiche de aquellos personajes “de dudosa ortografía” que insisten en volver a tener credencial, el subconsciente traiciona y hace ver un letrero inexistente ―por el deseo a que haya justicia― »SE BUSCA», como se estilaba en el viejo oeste americano (1865-1890).
Esta triste situación se presenta a lo largo y ancho del país, sin que traspase los comentarios callejeros, puesto que, a pesar de que la gente sabe que un político al uso tiene un proceso pendiente de resolución judicial (sub judice), de más de cinco años o de menos de dos, lo siguen por el dinero en efectivo o en especie que les paga por el voto, pues esta condenable retribución en época de elecciones es un paliativo, y el elector no piensa que más adelante el futuro congresista puede quedar preso. Pero ¡qué va!, no le importa, porque, a la hora de la verdad, en este país no pasa nada, pues no hay justicia; si ella es lenta, es, en el fondo, como si no la hubiera: denegación.
Hay congresistas o excongresistas ―se repite― que quieren volver al Congreso de la República y están sub judice, desde hace años, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y otros que, actualmente, son investigados por estar involucrados en alguno o varios de los diversos escándalos que se han producido, por ejemplo, en el de la contratación de carrotanques de La Guajira, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), sin que los magistrados de esa honorable Corporación se pronuncien, o si lo hacen, proceden de manera selectiva. ¿Cómo es posible que eso suceda? ¿O serán verdad los comentarios que difunden los electores cercanos a los candidatos de que todos esos procesos ya están “arreglados”, con el concurso de miembros de las altas corporaciones judiciales? Si eso es así, ¡qué sinvergüencería y desconsuelo!
En las circunstancias anteriores, ¿cómo puede salir un país adelante si no hay una correcta y ajustada aplicación de la justicia conforme a las prescripciones constitucionales y legales? El hecho de que la justicia sea permisiva y parcializada, sin lugar a dudas, repercute en la conformación y funcionamiento de la institucionalidad, porque la democracia se convierte en autocracia, en que la voluntad de una sola persona, o sus partidarios ―por extensión―, de facto, es la suprema ley. Por ello, la elección de congresistas debe recaer sobre ciudadanos de reconocida trayectoria y responsabilidad en la sociedad, y no de políticos al uso, curtidos de malas mañas, que perjudican a la corporación legislativa.
El Congreso de la República, en mi sentir, es responsable de la falta de reglamentación de algunas normas constitucionales que tienen incidencia en la economía y en el orden público del país; por lo que las Altas Cortes, en veces, se han transformado, abusivamente, en legisladoras, a su antojo, para tratar de llenar el vacío. Asimismo, se ha abstenido, equivocadamente, de efectuar una interpretación auténtica de la ley, con fundamento en el artículo 150 de la Constitución Política y bajo el principio latino “de quien la hizo, la interpreta”, a fin de evitar tantos conflictos presentados en la aplicación de las leyes que expide.
El manejo del Congreso, en repetidas ocasiones, se hace difícil por las artimañas de los políticos al uso, cuyos intereses van más allá de los cometidos congresales y que indirectamente influyen en su prestigio. De tal manera, en las próximas elecciones hay que tener muy buen tino para votar por el candidato idóneo que, siquiera, supere los requisitos de edad y nacionalidad para ser senador o representante a la Cámara; es decir, además de las exigencias mínimas, tenga buena formación intelectual y moral para que la corporación legislativa deje el ambiente circense que tiene en la actualidad y vuelva a ser el respetado órgano legislativo y de control político de otros tiempos. Si no hay Congreso de la República responsable ni justicia bien aplicada, no habrá paz y tranquilidad en este atormentado y azotado país por la corrupción y la inseguridad pública.
Jaime Burgos Martínez
Abogado, especialista en derechos administrativo y disciplinario.
Valledupar, enero de 2026
Los políticos al uso.
Estoy de acuerdo con que los parlamentarios descritos como «Los políticos del uso» deberían ser sancionados con la no reelección. Su comportamiento es opuesto al de los parlamentarios de épocas anteriores cuando podìamos disfrutar de debates con grandes oradores, con ponencias e intervenciones muy bien sustentadas dentro del respeto de las diferentes posiciones. También, los veíamos haciendo alianzas con colegas transparentes y de moral irreprochable para obtener beneficios para sus regiones y el país.
Pero hoy, estamos en presencia de otro parlamento en el cual hay gran número de congresistas sin preparación, agresivos, violentos e irrespetuosos del recinto y de otros poderes del Estado. También vemos que, hay otros elegidos que,van al Congreso a legislar en beneficio propio o de las personas que financian sus campañas. A ellos se les olvida que son elegidos y pagados por el pueblo y por lo tanto, las leyes deben ser para el pueblo.
Es de anotar que, algunos congresistas cuando se ven atacados por la justicia designan un reemplazo: cónyuge, hermano, etc. con el fin de mantener el electorado. Lástima que, para este actuar no exista ni siquiera una sanción moral. Además,estimo que la compra del voto es inhumana porque hay ciudadanos que no conocen su alcance en una democracia y, otros que, simplemente se aprovechan de las necesidades de la gente humilde. Así, nunca progresaremos.