Daniel Corónell
La esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está mandando tanto o más que su marido en el sector. La pareja se volvió un ejemplo de nepotismo. Mientras él ocupa el Ministerio, ella es alta funcionaria de la Superintendencia Nacional de Salud, organismo adscrito al despacho de su cónyuge. El tema no para ahí. La señora esposa del ministro se está tomando atribuciones que no le corresponden y presionando a funcionarios a adoptar decisiones multimillonarias de manera express, sin oír razones legales, bajo amenazas y en términos descomedidos. Una funcionaria que no le hizo caso terminó esta semana de patitas en la calle.
La doctora Beatriz Gómez Consuegra, médica y esposa del ministro Jaramillo, es la superintendente delegada para prestadores del servicio de salud. Ese puesto ya le da un considerable poder, pero no contenta con lo que tiene, decidió correr la cerca de sus funciones para dar órdenes en asuntos que no son de su órbita, sino de la de su marido.
En agosto del año pasado, el Ministerio de Salud anunció que asignaría 55.000 millones de pesos para adquirir un buque hospital que sirviera a las comunidades apartadas del Amazonas. El barco será manejado y administrado por el Hospital San Rafael de Leticia.
La ejecución de ese proyecto correspondía al Ministerio –no a la Superintendencia–, y a Lina Baracaldo, que es la agente interventora de la ESE Hospital San Rafael. También participaban el departamento del Amazonas y la empresa Cotecmar, un astillero de la Armada que vende el buque, lo construye en la costa Atlántica y debe transportarlo hasta Leticia.
Las demoras empezaron por las discusiones en el Consejo Departamental de Política Fiscal del Amazonas, se agravaron con errores en la transcripción de un texto por parte del Ministerio de Salud y empeoraron cuando los armadores del barco aumentaron los precios de construcción y transporte de la nave.
Así las cosas, los costos de operación no estaban garantizados. Además, las comunidades indígenas, principales beneficiarias del buque hospital, pusieron una tutela porque el proyecto no les fue consultado, la Gobernación del Amazonas no respaldó la ejecución del plan y tampoco se aprobaron las vigencias futuras para que el hospital pudiera firmar el contrato.
Por todas esas razones, la agente interventora Lina Baracaldo advirtió que los riesgos hacían imposible la suscripción del convenio porque el Hospital Fluvial no iba a tener fondos suficientes para operar. Se convertiría en un elefante blanco e incluso podría arrastrar en su naufragio al hospital de Leticia.
Ella y Mario Castro, asesor jurídico del hospital, recomendaron aplazar el tijeretazo de la cinta inaugural y el quiebre de la botella de champaña contra el casco del buque, hasta asegurar los recursos necesarios para su funcionamiento.
Sin embargo, el jueves 27 de marzo, la esposa del ministro habló telefónicamente con el abogado Castro para presionar a los funcionarios en estos términos:
–Ustedes firman hoy… o mañana me presentan la renuncia. Es más de una vez.
Los funcionarios grabaron la llamada donde recibieron la orden arbitraria e ilegal que ustedes pueden oír completa aquí en Los Danieles. En medio de descalificaciones, la primera dama de la salud pretendía que firmaran el contrato el mismo día y cargaran de afán los documentos del convenio al Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, sin importar los riesgos advertidos.
En la llamada también estuvieron presentes Mónica González, directora de medidas especiales de la Superintendencia de Salud, y una contratista de la misma entidad llamada Nayith Arango.
Me comuniqué con la doctora Beatriz Gómez Consuegra, la esposa del ministro Jaramillo, para preguntarle por esta conversación. Me aseguró que la comunicación jamás sucedió y que ese proyecto es del resorte del Ministerio de Salud y no de la Superintendencia. Esto último sí es cierto.
Cuando le pedí que oyera un fragmento de la llamada, me aseguró que no reconocía su propia voz. La encontré idéntica a la de la persona con la que hablé.
Otra parte de la comunicación muestra de cuerpo entero la arrogancia del poder cuando a gritos le dice al funcionario que trata de cumplir con su deber:
–A mí me respetan, yo soy la superintendente. Aquí no más. No les permito una dilación más. Una falta de respeto más con la Superintendencia, con la Alcaldía, con el Ministerio. Es una falta de respeto, es una burla al país, a la Presidencia.
Atreverse a llevarle la contraria a la esposa del ministro Jaramillo le salió caro a la agente interventora Lina Baracaldo. El martes de esta semana, cuatro días después de la llamada, la Superintendencia de Salud emitió una resolución removiéndola del cargo. La orden del verdugo la firma el superintendente Helver Guiovanni Rubiano.
En su remplazo fue designada Dennis Amparo Vásquez Arias, cuota de un político del Tolima, el departamento natal del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
