Muchos de ustedes han leído sobre la reciente condena de Marine Le Pen, que pone de relieve el papel crucial que desempeñan unas normas y regulaciones estrictas en la persecución de la corrupción, como la malversación de fondos públicos. La líder del Partido Agrupación Nacional y diputada a la Asamblea Nacional Francesa fue inhabilitada durante cinco años para presentarse a cargos políticos y condenada a cuatro años de prisión por malversación de fondos destinados a funciones parlamentarias. El fallo contra Le Pen, quien fue diputada al Parlamento Europeo (MEP) entre 2004 y 2017, se centró en la malversación de cuatro millones de euros en asignaciones parlamentarias europeas para asuntos de los partidos nacionales.
Ante esta condena, la sección francesa de Transparencia Internacional destacó la importancia de una acción judicial independiente que fortalezca la integridad y combata la corrupción, aplicable a todas las figuras políticas. La sentencia de esta semana no es excepcional, ya que la pena de inelegibilidad por malversación y apropiación indebida de fondos públicos, tráfico de influencias, toma de intereses ilegales y favoritismo se aplicó en Francia 171 veces en 2016, y aumentó a 9.125 veces en 2022.
El veredicto de Le Pen pone de relieve la urgencia de una mayor transparencia en el gasto público de los eurodiputados, especialmente dado que el Parlamento Europeo aún no exige pruebas del uso de la asignación general para gastos concedida a cada eurodiputado y se negó a reformar los mecanismos de rendición de cuentas sobre las asignaciones en 2018. Este caso no es único en Europa; refleja la necesidad de que el Parlamento Europeo adopte un enfoque sistemático para abordar el uso indebido de los fondos de la UE por parte de los parlamentarios, algo que Transparencia Internacional UE reclama.
Si bien la decisión del tribunal no vincula directamente el enriquecimiento del partido con la financiación ilegal de campañas, también plantea inquietudes más amplias sobre la financiación de los partidos políticos y la necesidad de una supervisión más estricta.
El veredicto debería reavivar el debate sobre la Directiva Anticorrupción (DCA) y sus disposiciones sobre la inhabilitación de las personas condenadas para presentarse a cargos públicos; en particular, los altos funcionarios, como los eurodiputados, deberían estar sujetos a estándares más estrictos y enfrentarse a sanciones más severas por corrupción.
Esto pone de relieve la importancia de incorporar medidas que exijan a los partidos políticos la divulgación de todos sus recursos, incluidas las contribuciones en especie. Esta disposición, afortunadamente, fue respaldada por la propuesta del Parlamento Europeo para la DCA, lo que refleja el creciente apoyo a medidas anticorrupción más rigurosas en toda la UE.
A nivel internacional, Francia, como signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), apoya la inhabilitación de las personas condenadas para ejercer cargos públicos. Los artículos 7.2 y 30.7(a) de la CNUCC exigen medidas para impedir que estas personas asuman cargos públicos con el fin de proteger la integridad institucional. Este enfoque coincide con el informe de la Comisión de Venecia de 2015, que enfatiza la necesidad de equilibrar el derecho a presentarse como candidato con la necesidad de mantener la integridad en los cargos públicos.
Transparencia Internacional ha abogado durante mucho tiempo por marcos sólidos de integridad política, que garanticen que el poder político sirva al bien público y que las violaciones de la probidad no queden impunes. La organización también ha analizado los marcos legales que inhabilitan a las personas condenadas por delitos, en particular por corrupción, para postularse a cargos públicos, demostrando que países de diferentes regiones tienen regímenes similares.
La sentencia de Le Pen llama la atención sobre la urgente necesidad de una mayor integridad política, transparencia en el uso del dinero público por parte de los políticos y rendición de cuentas en toda Europa.
Si bien se ha hecho justicia, esto pone de relieve el fracaso del Parlamento Europeo a la hora de abordar la corrupción sistémica dentro de sus propias filas. Transparencia Internacional mantiene su compromiso de instar a los gobiernos nacionales y a las instituciones de la UE a fortalecer los marcos regulatorios y combatir la corrupción, garantizando la confianza pública y promoviendo las reformas en curso.
