Enrique Santos Calderón
En reciente entrevista en El País de Madrid, Gustavo Petro destapa reveladoras facetas sobre su estado de ánimo y las decepciones y amarguras que siente en su condición de primer mandatario de la nación. Habló de la “infelicidad absoluta” que significa gobernar un país como el nuestro y dijo que los implacables ataques que ha sufrido por parte de la oposición y la prensa buscan destruirlos a él y a su familia. Muy duros, sin duda, aunque haría bien en reflexionar sobre su propio lenguaje ofensivo y pugnaz.
Sostiene el presidente que se rodeó de gente que no era, que se aisló demasiado y que se equivocó pensando que podía hacer una revolución desde un gobierno acorralado por los poderes económicos. Un Petro “solitario y reflexivo” —así lo vieron sus entrevistadores— concluye de manera lacónica pero realista expresando el deseo de que, en al año y medio que le queda, pueda sacar adelante algunas de sus reformas para que su Gobierno no sea un fracaso.
Entiendo la frustración presidencial, cercana tal vez al desespero, pues sabe que el tiempo se agota y el grueso de su programa quedará en obra gris. De ahí que acuda con cada vez más frecuencia a las alocuciones televisadas por todos los canales nacionales y regionales. Demasiadas, demasiado largas y desplazando a los noticieros en el horario de mayor sintonía. ¿Por qué no concentrarlas en RCTV, el canal del Gobierno? No suelo estar de acuerdo con el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, pero me parece oportuna la acción de tutela que interpuso ante el Dapre para frenar lo que constituye un exceso que lesiona el derecho a la información de todos los colombianos.
El presidente no puede abusar de sus apariciones televisadas y el creciente apego a esta prerrogativa es inquietante. Petro maneja bien el medio, habla con elocuencia, por lo general con coherencia, y es muy consciente del impacto popular de sus salidas al aire. Es previsible, pues, que en la recta final redoble su protagonismo político con alocuciones sobre temas de alta sensibilidad social. Como el de la salud, el de su última salida, donde se lo vio seguro de sí mismo, con cifras, cuadros y los consabidos epítetos (“ladrones”, “vampiros”, “traficantes de la muerte”…) para administradores pasados y gestores privados de la salud.
La cobertura en Colombia es superior al 95 % de la población y ha sido “la envidia de otros sistemas de salud en el mundo”, según aseguró en estos días el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo. Y es cierto que según estudios internacionales ha figurado entre los diez mejores del mundo, con un alto nivel de satisfacción de sus usuarios. Hoy la situación es bien distinta. En los últimos dos años las quejas por el acceso a los servicios han subido un 75 %. Un dato impresionante. Y de acuerdo con estudiosos del tema, las EPS intervenidas no han demostrado eficiencia.
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Es que “se han robado todo”, alega Petro, quien anunció que el Gobierno no seguiría pagando las millonarias deudas a los privados. Puede tener razón en muchas de sus críticas y diagnósticos, pero la fórmula de estatizar todos los servicios es el típico remedio que resulta peor que la enfermedad. Esta es una crisis que viene de muy atrás y me recuerda el penoso Seguro Social de los años setenta y ochenta, cuya liquidación y semiprivatización en 1993 fue saludada como medida salvadora. Pero no erradicó la ineptitud, ni los abusos, ni las corruptelas que aún vulneran —hoy con más crudeza— el derecho a la salud de la ciudadanía sin acceso a la medicina privada.
Es quizás el problema más urgente y dramático de la sociedad colombiana. Su complejidad me abruma y confieso que no entiendo bien dónde yacen las culpas y soluciones verdaderas. Solo me consta los billones que ha costado y que sigue el cruce de acusaciones sobre responsabilidades entre Gobierno y privados, mientras los pacientes siguen muriendo y políticos de distinto pelambre buscan sacarle provecho a este drama social.
Me pregunto si no es posible alguna fórmula o acuerdo para garantizar la sostenibilidad financiera de un sistema en quiebra; para agilizar la entrega de medicamentos, mejorar la infraestructura hospitalaria y fortalecer las condiciones laborales del personal médico, como pedía la defensora del pueblo. Son pasos esenciales, elementales, que no deben dilatarse ni prestarse para marrullas ideológicas o superfluos debates doctrinarios. Pero lo que se anuncia son denuncias penales contra Petro que quieren entablar funcionarios del gobierno pasado que se sienten injuriados por los calificativos que les ha endilgado el presidente. Esta es Colombia.
Habrá que ver con qué decretos sale el Gobierno para conjurar la crisis, hundido su proyecto de reforma. El presupuesto del sistema de salud arrancó el año con un déficit de casi 20 billones de pesos y no se sabe cuánto pueda aumentar. Ni cómo subsanarlo en las condiciones actuales. No hay presupuesto que aguante los reclamos, demandas y tutelas (265 mil el año pasado) que agobian al sector. Un panorama desolador, que sí debería producir “infelicidad absoluta” en un gobierno que preside el colapso de la salud pública de su país.
P.S: Lamentable la derrota que sufrieron en el Congreso los proyectos que buscaban regular la eutanasia y el consumo de cannabis en Colombia. Más que por la oposición dogmática de los sectores religiosos y conservadores, este revés se produjo por la ausencia de los congresistas que se supone que apoyan estas medidas. Más lamentable aún.
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