Hemos superado un hito sombrío. Esta semana se cumplió el tercer aniversario de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, un trágico acontecimiento que ha causado estragos en la vida de millones de personas y ha transformado profundamente el orden mundial.
La guerra ha puesto de manifiesto los peligros de la cleptocracia (el “gobierno de los ladrones”), una forma de gobierno en la que funcionarios corruptos e individuos bien conectados ejercen su poder para malversar y apropiarse indebidamente de fondos públicos a gran escala, descuidando a las personas a las que se supone que deben servir.
En las últimas décadas, los cleptócratas rusos han acumulado una enorme riqueza, gran parte de la cual ha blanqueado e invertido en el extranjero, a menudo en economías occidentales avanzadas. Esto allanó el camino para que el presidente Putin consolidara el poder y envalentonara sus ambiciones geopolíticas. Al mismo tiempo, estas y otras tendencias sistémicas han contribuido al continuo declive de Rusia, que ahora enfrenta su puntuación más baja de la historia, de apenas 22 sobre 100, en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional.
Una iluminación simbólica llamada «Rayos de la Memoria» se ve sobre las tumbas de los soldados ucranianos que murieron en la guerra con Rusia, en vísperas del tercer aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Yuriy Dyachyshyn/AFP
Hace tres años, los gobiernos occidentales se unieron en la opinión de que las élites rusas cómplices de esta devastadora guerra debían enfrentar las consecuencias. Desató una serie de sanciones específicas contra oligarcas, funcionarios públicos de alto nivel y otras personas y entidades vinculadas a Putin, prometiendo perseguir sus activos ilícitos. Transparencia Internacional advirtió que las lagunas en el secreto financiero y los facilitadores cómplices -las mismas lagunas que permitieron a los cleptócratas rusos invertir sus ganancias ilícitas en sus economías en primer lugar- obstaculizarían la aplicación de estas sanciones.
La creación de un grupo de trabajo multilateral sobre élites, apoderados y oligarcas rusos (REPO) ofreció esperanzas de que se realizaran esfuerzos coordinados para rastrear y confiscar activos ilícitos. Además, varios países establecieron grupos de trabajo nacionales para implementar sanciones.
El grupo de trabajo KleptoCapture del gobierno de Estados Unidos era especial, porque tenía un mandato específico de rastreo de activos. Logró avances significativos en la aplicación de sanciones, incluyendo la confiscación de casi 700 millones de dólares en activos.
A pesar de su éxito, la Fiscal General de Estados Unidos Pam Bondi disolvió el grupo de trabajo KleptoCapture a principios de este mes. Transparencia Internacional de Estados Unidos instó a que se reconsiderara la decisión, destacando el papel fundamental de KleptoCapture en los esfuerzos globales contra la corrupción.
Bajo el liderazgo de la nueva Fiscal General Pam Bondi, el Departamento de Justicia emprendió varios cambios, incluyendo la disolución del grupo de trabajo KleptoCapture.
En este momento crítico, los grupos de trabajo como KleptoCapture y REPO deberían ser partes permanentes del marco global para detener el dinero sucio. Con el futuro incierto de REPO, corremos el riesgo de volver a donde estábamos hace tres años.
En este sombrío aniversario, la disolución del grupo de trabajo KleptoCapture –junto con otras decisiones recientes– es alarmante. Desde hace mucho tiempo, Estados Unidos ha sido un imán para el dinero sucio de todo el mundo y un ejecutor crucial en los casos de corrupción transfronteriza. Dar marcha atrás ahora no sólo envalentona a los cleptócratas, sino que también socava los esfuerzos por hacerlos responsables.
Las principales economías y la comunidad internacional deben ahora intensificar sus esfuerzos y asumir una mayor responsabilidad en la lucha contra la corrupción transnacional y la cleptocracia. Lo que está en juego es nada menos que la paz y la justicia mundiales.
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