Por Elizabeth Mora-Mass
“Casi todos los inmigrantes indocumentados son elegibles para deportación”,
afirman angustiados los activistas progresistas de la nación, mientras Donald Trump
y su equipo de colaboradores pregonan a voz en cuello que “la deportación masiva
comenzará el mismo 20 de enero”.
Los republicanos controlan los tres poderes de la nación: la Casa Blanca, ambas
Cámaras del Congreso y la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema son
conservadores, motivo por el cual hay pocas esperanzas.
Aparte de lo anterior, también entra en vigor la llamada “Acta Laken Riley”, la ley
del Congreso que honra a la joven Laken Riley, asesinada por un inmigrante
indocumentado de origen venezolano, quien fue arrestado por robar en una tienda
antes de atacar a Riley, y estaba en libertad condicional.
Durante toda la semana, Steve Scalise, republicano de Louisiana, y líder de la
mayoría de la Cámara, no cesa de repetir: “Estamos muy enfocados en la seguridad.
La Acta Laken Riley lo hace muy claro: Si has cometido crímenes contra la gente de
Estados Unidos, no lo vamos a tolerar”.
Por su lado, el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune de Dakota
del Sur, afirma que “la ley requiere la detención de un vasto número de inmigrantes,
incluyendo aquellos que les permitieron entrar a Estados Unidos en busca de asilo;
si ellos han sido acusados de robar, saquear residencias o tomar pequeñas cosas de
los almacenes, tienen que ser deportados”.
Por su parte, los activistas en pro de los inmigrantes critican a viva voz que no hay
derecho a la detención y a la expulsión sin cumplir los requisitos de la ley
estadounidense que garantiza el derecho a ser escuchado en corte y a un abogado.
“Los demócratas nos metieron en este problema. Pero la gente nos eligió para que
cumpliéramos nuestras promesas”, repite Trump como una letanía.
Los indocumentados serían entre 13.3 millones a 18 millones, depende de quien
hable
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