Daniel Coronell
El sacerdote jesuita Francisco de Roux ha dedicado muchos años de su vida a trabajar por la paz y la verdad. En esa labor ha arriesgado su tranquilidad, su vida y su reputación. Como presidente de la Comisión de la Verdad abrió un camino de esperanza para las generaciones venideras porque como él lo ha dicho: “hay futuro si hay verdad”. Sus grandes virtudes están a la vista y son conocidas por millones de colombianos.
Sin embargo, ese legado invaluable no lo exime de dar explicaciones sobre su actuación en la investigación de un caso de pederastia del que fueron víctimas ocho niños por parte de Darío Chavarriaga, un cura jesuita, cuyas conductas conoció e investigó el padre De Roux cuando era el provincial de la Compañía de Jesús, es decir el superior jerárquico de esa orden religiosa en Colombia.
Llevo una semana recibiendo presiones directas e indirectas –incluso provenientes de personas que respeto– en las que me sugieren que informar sobre el caso o darle voz a las víctimas es atentar contra la credibilidad del venerado sacerdote y del informe final de la Comisión de la Verdad. Es decir, insinuándome que es mejor callar y no formular preguntas sobre unos hechos que tienen un innegable interés público.
Para ellos el derecho de los ciudadanos a saber, que es en últimas la razón de ser del periodismo, puede subordinarse a otros intereses que consideran superiores.
Debo decir aquí que no creo que ninguna de esas sutiles coacciones provengan de Francisco de Roux. Antes de la primera publicación le escribí un respetuoso mensaje de texto:
– Padre De Roux ¿puedo llamarlo? Quiero preguntarle por la denuncia contra el sacerdote Darío Chavarriaga.
– Daniel, estoy atento al llamado de la Justicia colombiana para responder sobre mi conducta. Solo tengo que decirte que frente a ese caso de abuso por el que me preguntas y que conocí como Provincial de los jesuitas en Colombia en 2014, actué con el respeto que siempre he tenido por las víctimas y tomé con todo rigor las medidas canónicas que en ese momento tenía a mi alcance para actuar con una dura sanción en justicia –luego se refiere al artículo del periodista Miguel Estupiñán, quien horas antes había publicado en el portal Hacia el umbral, un artículo titulado “Francisco de Roux fue denunciado penalmente por encubrimiento” –Quisiera precisar lo siguiente: el titular se refiere como presidente de la Comisión de la Verdad, cargo que ejercí entre 2018 y 2022; los hechos referidos datan de varios años atrás, por lo tanto fueron decisiones que en absoluto tienen nada que ver con la circunstancia de haber sido presidente de la Comisión de la Verdad.
La declaración completa hizo parte del primer reporte que publiqué en La W sobre el tema. Nunca la labor del padre De Roux al frente de la Comisión de la Verdad ha sido cuestionada en esas informaciones.
La víctima Luis Fernando Llano Narváez ha sostenido que sus siete hermanas y él fueron sometidos a abusos sexuales por parte del cura Chavarriaga quien se aprovechó de su investidura, del temor de los niños y de la necesidad de una beca para forzarlos. La denuncia fue formulada ante el padre De Roux 35 años después de los atropellos que ocurrieron a finales de los años 70, cuando el pederasta era director de estudios del Colegio Mayor de San Bartolomé, el más antiguo de Colombia. El rector del claustro en ese momento era el jesuita Mario Mejía Llano, familiar de los niños.
Los abusos que se extendieron por cuatro años fueron efectuados en la casa de la familia Llano y en el propio colegio. Uno de esos días Luis Fernando Llano fue llevado a dormir en la habitación privada del padre Chavarriaga, que abusó de él. Al día siguiente otros religiosos vieron que el niño había amanecido en los aposentos privados del cura pero nadie preguntó nada.
Luis Fernando Llano y algunas de sus hermanas denunciaron a Francisco de Roux, y a otros dos sacerdotes, por la presunta comisión de los delitos de favorecimiento, es decir encubrimiento, y omisión de denuncia. Ellos dicen que los religiosos conocieron los delitos del pederasta, tenían la confesión plena del criminal, pero no la pusieron en conocimiento de la Fiscalía.
Invité al padre De Roux a una entrevista para que entregara su versión pero él decidió –y es su derecho– hablar con otros periodistas. A ellos les narró que recibió la denuncia de Luis Fernando Llano y dos de sus hermanas el sábado 24 de mayo de 2014 y que al día siguiente, 25 de mayo, habló con el pederasta Chavarriaga quien inmediatamente aceptó que eran ciertas las acusaciones de sus víctimas.
El criminal siguió unas semanas más como decano del medio universitario de la Facultad de Odontología de la Universidad Javeriana. A finales de junio el padre De Roux decidió separarlo de su puesto, le prohibió decir misas y, según él, lo recluyó en la casa que sirve de enfermería a los sacerdotes que tienen enfermedades terminales.
A pesar de la afirmación del padre De Roux existen pruebas que muestran que el 8 de agosto de 2014, casi dos meses después del castigo, el pederasta no estaba recluido, ni parecía socialmente amonestado. Las fotos lo muestran vistiendo clériman, recibiendo una placa conmemorativa y rodeado de jóvenes, algunos cantan para él. El agasajo al delincuente ocurrió en la sede de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. La publicación de Facebook está titulada «Sentida despedida de nuestra facultad al padre Darío Chavarriaga”.
La sanción canónica fue apenas una palmadita en la mano del pederasta. Era algo necesario pero no suficiente. Lo que correspondía no era mandarlo a una enfermería sino ponerlo a disposición de las autoridades.
El padre Francisco de Roux, que en otras ocasiones ha trabajado con dedicación por la reivindicación de las víctimas, buscó en este caso tres excusas para no actuar.
Afirma que le preguntó a las víctimas que si querían llevar los hechos ante la justicia y que como ellos le dijeron que no, por el respeto que le tenían a la Compañía de Jesús, él tampoco lo hizo. Luis Fernando Llano asegura que eso no es cierto y, en cambio, recuerda que De Roux pidió que callaran y no le contaran estos hechos a los medios de comunicación. Como haya sido, el entonces provincial de los jesuitas no puede descargar en las víctimas del pederasta la responsabilidad penal y ética de hacer la denuncia.
En un insólito giro, algunos amigos del virtuoso sacerdote aseguran que la obligación de denunciar era exclusivamente de las víctimas y que por no hacerlo deberían ser castigados ellos y no “Pacho”.
La ley no establece excepciones: si Francisco de Roux conoció la existencia de un delito contra niños, estaba obligado a denunciarlo aunque las víctimas no lo hicieran.
También dice el padre De Roux que consultó con un abogado, cuyo nombre mantiene en secreto, y que este le dijo que la conducta del cura violador ya estaba prescrita y por lo tanto era inútil denunciar. La prescripción de la acción penal es una decisión que debe tomar un juez. A él como ciudadano, le correspondía notificarle a la Fiscalía la existencia de los delitos cometidos por un subalterno suyo estuvieran o no prescritos.
Asegura, así mismo, el padre De Roux que sobre él pesaba el llamado “secreto pontificio” que era una instrucción papal para silenciar los crímenes de curas y “lavar la ropa sucia en casa”. Cinco años después, en 2019, el papa Francisco ordenó que se pusieran en conocimiento de las autoridades civiles los abusos de curas contra los niños. Algo que rara vez se cumple en Colombia.
¿Si el secreto pontificio era la razón para no denunciar al pederasta por qué De Roux consultaba con un abogado la posibilidad de hacerlo?
Francisco de Roux pedía hace unos años que se abrieran los archivos militares para que el país conociera la verdad sobre desapariciones, torturas, violaciones y masacres. Aplicando el mismo principio, los jesuitas deberían entregar los archivos completos de la investigación contra el cura Darío Chavarriaga y otros miembros de la orden religiosa incursos en conductas similares.
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