Por Carlos Alberto Ospina M.
El maltrato, la desaparición forzada y el abuso sexual son muestras de la crisis moral de la sociedad que no cuida a sus niños. La protección de los infantes es un deber colectivo que requiere del compromiso de los gobiernos, las instituciones y los ciudadanos. Por medio de la acción conjunta se garantizan los derechos prevalentes frente a la inseguridad, la violencia o la indiferencia.
Los delitos atroces contra los menores exponen el panorama de un régimen que ha fracasado en cuanto a resguardar a los más vulnerables. El actual gobierno prefiere gestionar la rebaja de penas a los violadores y a los asesinos que endurecer las condenas. Prueba de ello, es el Artículo 199 del proyecto de reforma a la justicia que hace referencia a Beneficios y mecanismos sustitutivos: “Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual o secuestro, cometidos, se aplicarán las siguientes reglas….En caso de celebración de preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado, o de allanamiento a cargos, se concederá la mitad de la rebaja de pena prevista en los artículos 351, 352, 356-5 y 367 del Código de Procedimiento Penal”. (sic – Proyecto de Ley para una justicia más Ágil y Eficaz. 8 de octubre de 2024).
No puede ser una política de Estado el fomento de las distintas modalidades de delincuencia bajo el ala de “eficacia” que, en última instancia, termina siendo una burla a los perjudicados y una exaltación a los criminales. En 2024 van 375 presuntos homicidios, 70.302 asuntos judiciales, 18.085 hechos de violencia sexual y 2.110 de crueldad física, y 35.280 procesos administrativos de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Reducir los altos niveles de desprotección legal a riesgo de despreciar el daño sufrido por las víctimas casi nada tiene que ver con la “rápida y efectiva” respuesta de la justicia. “A otro perro con ese hueso”. La gente no es tonta.
En relación con la iniciativa legislativa y las declaraciones de la ministra de Justicia, Angela María Buitrago, La Alianza por la Niñez Colombiana expresó: “El proyecto de ley que busca la REBAJA DE PENAS A QUIENES COMETAN ESTE TIPO DE VIOLENCIAS, es una burla a las víctimas, a las familias y al país. Si la justicia necesita fortalecerse y ser más eficiente NUNCA podrá ser a costa de la seguridad de la niñez. El mensaje tiene que ser claro: NO SE REBAJAN LAS PENAS; la justicia tiene que ser eficiente para que sea disuasiva, y cualquier beneficio tiene que ser para la niñez, invocando su interés superior y prevalencia de derechos” (sic – La Alianza por la niñez colombiana, octubre 2024).
La normalización de los vejámenes y la impunidad crean un círculo vicioso muy difícil de romper. Hoy miles de criaturas soportan saña física, psicológica, sexual e indolencia por parte de sus custodios. Esos actos ilustran la profunda fractura de la nación contemporánea, la debilidad del sistema penal acusatorio, la ausencia de mecanismos de prevención, el deterioro de la convivencia, la exclusión y el quebrantamiento de los derechos humanos fundamentales.
Lo que infringe la dignidad y el bienestar de los chicos no surge por mera casualidad, tan solo es el resultado de una compleja interacción entre factores estructurales, familiares y culturales. Cada tipo de agresión encierra sus propias particularidades y desafortunadamente comparten causas comunes que se refuerzan una a otra respecto a los delitos sexuales, la coacción, la negligencia y falta absoluta o temporal de un responsable.
En ciertas circunstancias, las condiciones de pobreza extrema y desigualdad incrementan la fragilidad de los pequeños. Los hogares que enfrentan precariedad económica suelen vivir en entornos airados. Así mismo, carecen de acceso a servicios esenciales como educación, salud y protección social. En ese contexto donde no se prioriza el cuidado ni se respeta la ley; la tendencia consiste en reproducir los ciclos de violencia, la explotación, el abuso o el abandono de los críos.
Algunos padres o guardianes replican los patrones de arbitrariedad que vivieron en su infancia. Por esto, hay que prestar especial atención a los ambientes relacionado con los problemas de salud mental y el consumo de drogas o alcohol. El eventual agresor puede estar doblando las sábanas de la planificada ignominia.
Los individuos que padece las consecuencias de un delito desarrollan graves trastornos emocionales: ansiedad, depresión y estrés postraumático. El daño psicológico puede provocar problemas de autoestima, dificultades para formar relaciones saludables y, en los episodios más severos, pensamientos suicidas.
Las redes criminales se aprovechan de la impotencia institucional, el miedo a represalias, la indefensión, la limitada educación sexual, la estigmatización, el descuido, la corrupción y la mínima vigilancia que existe para contener el reclutamiento, la desaparición forzada o la trata de personas a cuenta de diferentes grupos delictivos.
Al parecer, la política de este gobierno estriba en pisotear las aspiraciones de las mayorías y en particular, atropellar los derechos prevalentes de los niños y adolescentes. Pronto unos depredadores sexuales sin duda serán designados gestores sociales y asesores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Enfoque crítico – pie de página. En fin, un exguerrillero con esposa e hijos que deambula amorosamente cogido de la mano con una transgénero no puede velar por la integridad de nuestros chiquillos. No es cuestión de apetencias carnales ni expresiones de discriminación, sino de temas relacionados con sus roles sexuales pretéritos y actuales. ¡Ahí será el diablo!
