Por Raquel E. Aldana, Efrain Cruz, Sandra Morello Peña, Kari Peterson.
Casi el 80 por ciento de los refugiados del mundo son acogidos en países de ingresos bajos y medios, una cifra que se ha mantenido bastante constante durante décadas en los datos anuales proporcionados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Estos países, que normalmente son naciones vecinas de las que se origina el mayor desplazamiento forzado de personas, han respondido a millones de refugiados dentro de su territorio, generalmente con poca notificación por parte de las naciones fuera de la región. Sin embargo, su respuesta, por necesidad, ha variado sustancialmente de la de los países de altos ingresos a los de altos ingresos que, con pocas excepciones, han restringido los flujos de refugiados hacia sus territorios mediante políticas que incluyen la interdicción y la externalización.
Por el contrario, los países que acogen los mayores flujos de refugiados han adoptado leyes y políticas que abordan, con distintos grados de éxito, la presencia de refugiados en el país.
Colombia, que en los últimos años ha ocupado el segundo o tercer lugar como anfitrión de uno de los mayores desplazamientos forzados de pueblos, principalmente venezolanos, es excepcional entre estas pocas naciones por sus notables esfuerzos para asegurar la integración jurídica, económica y social de aproximadamente 2,5 millones de venezolanos en su territorio.
Examinamos el camino de Colombia hacia la adopción de un programa de protección temporal de 10 años con opción de permanencia permanente que ha otorgado hasta la fecha a más de un millón de venezolanos. También documentamos la implementación del programa con un enfoque en la integración social y económica de los venezolanos en Colombia, así como el impacto general del programa en los indicadores económicos y sociales de Colombia. En general, la experiencia de Colombia ofrece una historia esperanzadora de cómo un modelo de reparto de cargas puede funcionar para permitir que una nación brinde una respuesta más acogedora y humana a los refugiados.
HALLAZGOS CLAVE
Colombia dio prioridad a la inclusión educativa de los niños migrantes y refugiados venezolanos facilitando el acceso a las instituciones educativas del país, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. El fuerte liderazgo político del Ministerio de Educación, su colaboración con socios internacionales y otros sectores del Gobierno de Colombia, y un presupuesto educativo relativamente alto (como porcentaje del PIB) facilitaron el enfoque de inclusión de los migrantes venezolanos. Debido a que las políticas evolucionaron rápidamente para responder a la crisis migratoria fluida, las escuelas también enfrentaron desafíos administrativos y pedagógicos que afectaron la trayectoria educativa de los estudiantes, incluidos problemas para comprender la ubicación de los grados y abordar las necesidades psicosociales de los estudiantes.
Si bien Colombia dio prioridad a la inclusión de inmigrantes venezolanos en los sistemas educativos nacionales, los gastos en educación por estudiante a nivel departamental no fueron estadísticamente diferentes en departamentos con un porcentaje mayor o menor de estudiantes venezolanos. El gasto en educación por estudiante fue ligeramente mayor en los departamentos con un mayor porcentaje de estudiantes venezolanos, pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas para ningún tipo de escuela (preescolar, primaria, secundaria o secundaria). La falta de gastos adicionales en educación por niño en áreas con un mayor porcentaje de estudiantes venezolanos puede haber contribuido a algunos de los desafíos de financiamiento, considerando que brindar la misma educación a los estudiantes refugiados es probablemente más costoso que para las poblaciones de acogida (Banco Mundial y ACNUR). , 2021).
El Gobierno de Colombia y sus socios para el desarrollo brindaron cierto apoyo en materia de capacitación y programación a las escuelas, desde brindar instrucción de calidad en aulas multiculturales hasta mejorar la comprensión de los docentes sobre la implementación de políticas a nivel escolar. Sin embargo, los líderes escolares y los docentes enfrentaron cargas al intentar inscribir e integrar plenamente a los estudiantes venezolanos en escuelas con recursos limitados. Los docentes no sentían que habían estado completamente preparados ni habían recibido suficiente apoyo para brindar instrucción de calidad en aulas multiculturales, a pesar del presupuesto gubernamental relativamente grande para educación (4,5% del PIB en 2019). Además de las dificultades que experimentaron profesores y administradores, los estudiantes también sintieron el impacto de las diferencias curriculares entre los sistemas colombiano y venezolano. Las diferencias sistémicas entre la educación en Colombia y Venezuela—incluida la cantidad de trabajo, la velocidad de aprendizaje y la solidez del plan de estudios en cada nivel—parecieron causar brechas de aprendizaje en los estudiantes. Si bien algunos estudiantes lucharon por mantenerse al día, los maestros también asumieron gran parte de la responsabilidad de brindar una educación de calidad, discutir la ubicación de grado con los padres y resolver las brechas académicas y psicosociales de forma independiente dentro de sus aulas.
A pesar de los desafíos de las escuelas para absorber la afluencia de estudiantes migrantes y los desafíos de los estudiantes con las diferencias curriculares, los administradores y maestros de las escuelas donde recopilamos datos fomentaron entornos escolares inclusivos. La mayoría de directores y docentes expresaron sentimientos de bienvenida hacia los migrantes y promovieron la inclusión a través de manuales de convivencia, actividades para combatir el estigma social y la discriminación y debates abiertos sobre la inclusión. Estos enfoques crearon un ambiente seguro que contrastaba con el fuera de la escuela, donde los inmigrantes experimentaron una mayor discriminación.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Inicialmente, los actores educativos en Colombia se centraron en garantizar el acceso a los estudiantes migrantes a través de cambios políticos integrales y una financiación proporcionalmente alta. La respuesta ahora avanza hacia un enfoque en garantizar un aprendizaje de alta calidad para los migrantes venezolanos a lo largo de toda la trayectoria educativa, incluida la educación terciaria, para garantizar que las oportunidades continúen más allá de la educación y en la fuerza laboral. Para lograr este objetivo es necesario identificar y abordar los requisitos administrativos que pueden actuar como una barrera para la graduación de los refugiados, como la realización de exámenes, así como introducir una legislación que refleje la flexibilidad en los requisitos de documentación para la inscripción que ofrece la serie de decretos emitidos para los niveles preescolar, básico y y niveles de educación secundaria.
Además, una mejor comunicación al nivel local sobre las implicaciones prácticas de las políticas sobre la educación de los migrantes, incluidas las consideraciones administrativas, contribuiría a tener escuelas mejor preparadas. Los funcionarios educativos y los administradores escolares a nivel local necesitan ayuda para comprender y aplicar el mecanismo de regularización en la educación. La experiencia de nuestras escuelas de estudio con la programación del ACNUR señala los beneficios de proporcionar recursos para la formación de docentes sobre inclusión, además de documentación sobre cómo hacerlo de manera efectiva. Para abordar las brechas de recursos humanos, las escuelas pueden considerar contratar inmigrantes venezolanos con credenciales docentes formales para ayudar a los docentes colombianos a brindar instrucción de calidad a estudiantes venezolanos con diferentes orígenes curriculares y culturales. Introducir orientación relacionada con la inclusión y apoyo psicosocial junto con requisitos administrativos podría ayudar a los docentes y estudiantes a sentirse apoyados, y contar con personal dedicado para liderar dichas actividades reduciría aún más la carga para los docentes y directores. También sería útil delinear responsabilidades para los maestros, administradores y otro personal, y financiar puestos que apoyen a los maestros en estas áreas.
Dado el efecto que tiene la ubicación de grado en la moral de los padres y los estudiantes, sería útil comunicar las expectativas sobre los pasos concretos que los estudiantes deben tomar para ponerse al día y formalizar los estándares que los estudiantes deben cumplir para pasar al siguiente grado. Unas directrices más claras, junto con una formación académica continua, podrían ayudar a aumentar la moral de los estudiantes y la retención a largo plazo. Además, ampliar la alimentación escolar u otros programas de protección social podría ayudar a aliviar parte de la presión económica sobre los padres que afecta el aprendizaje de los estudiantes. Cuando los recursos son limitados y los logros actuales se concentran principalmente en el nivel de productos, financiar programas con mayores efectos esperados en los resultados del aprendizaje podría generar beneficios adicionales. Por ejemplo, Snilstveit et al. (2016) demostraron que los programas de alimentación escolar tienen efectos significativos en los resultados del aprendizaje y nuestra revisión sistemática de Fase I mostró que la instrucción asistida por tecnología puede mejorar el aprendizaje cuando se implementa bien (Burde et al., de próxima publicación).
Dar prioridad a la financiación a nivel nacional para entidades territoriales certificadas (CTE) en función del porcentaje de niños migrantes y refugiados puede reducir los desafíos de financiación a nivel local. Reestructurar temporalmente la distribución de fondos del Ministerio de Educación y del Sistema General de Participaciones (SGP) a los CTE (municipios o departamentos) con mayores necesidades para lograr la inclusión educativa puede reducir algunas presiones de financiamiento a nivel local.
Actualmente, los departamentos con un mayor número o porcentaje de estudiantes migrantes venezolanos no gastan estadísticamente significativamente más en educación por estudiante, aunque la educación para estudiantes refugiados probablemente sea más costosa (Banco Mundial y ACNUR, 2021). Datos del Ministerio de Educación de Colombia indican que el costo promedio de la educación por estudiante es de $754,64 para estudiantes de preescolar, $603,71 para estudiantes de primaria y $679,17 para estudiantes de secundaria. Se podría asignar apoyo financiero adicional a las escuelas con grandes poblaciones de estudiantes migrantes y refugiados para la capacitación de docentes, mejoras de infraestructura y materiales pedagógicos y didácticos escolares adicionales.
Esto puede conducir a una distribución más rentable de los recursos y mejorar la capacidad de implementación.
Los financiadores internacionales podrían crear una estructura de incentivos que estimule al gobierno colombiano a compartir de manera transparente datos sobre el presupuesto y el gasto en educación que sean posibles de vincular a intervenciones educativas específicas. El acceso abierto a presupuestos y gastos gubernamentales detallados en educación, así como un sistema nacional mejorado de datos e informes financieros que permita vincular los datos sobre gastos en educación con información sobre intervenciones educativas específicas y su efectividad, pueden permitir a los investigadores y responsables de políticas estimar con precisión los costos de proporcionar educación, y posiblemente vincular estos costos a los datos de implementación y efectividad, lo que a su vez podría guiar las políticas para reasignar presupuestos a programas educativos más rentables. Una mejor coordinación y gobernanza en este tema también facilitaría la planificación en un sistema educativo descentralizado.
IMPLICACIONES POLÍTICAS A NIVEL MUNDIAL
La comunidad global podría beneficiarse de las recomendaciones basadas en el relativo éxito del enfoque de Colombia para integrar a los migrantes venezolanos al sistema educativo nacional.
La fuerte colaboración entre las instituciones internacionales y el Ministerio de Educación y un marco cohesivo para desarrollar actividades y rutas pedagógicas para la inclusión ayudaron a crear la aceptación necesaria para crear conciencia entre las instituciones locales sobre la importancia de un enfoque inclusivo. Un sistema educativo inclusivo también requiere la financiación de la educación de los refugiados a través de instituciones gubernamentales.
Colombia permitió la integración de los inmigrantes venezolanos a su sistema educativo nacional al gastar el 4,5% de su PIB en educación, cifra considerablemente mayor que en todos los demás países estudiados. Además, casi toda la financiación pasó a través del Ministerio de Educación, a diferencia de un sistema educativo paralelo. ACNUR solo gastó recursos limitados en educación y ningún recurso en la implementación directa de la educación en Colombia. No obstante, es posible que los colombianos aún necesiten fondos adicionales para la educación de los inmigrantes debido al gran número de estudiantes venezolanos.
Los requisitos de documentación específica mantienen innecesariamente a los estudiantes fuera de la escuela; por lo tanto, ampliar las opciones de documentos que se pueden utilizar para inscribir a los estudiantes ayuda enormemente con el acceso y garantiza que los estudiantes no pierdan el aprendizaje. Si los estudiantes carecen de documentación académica para validar sus estudios previos y ubicarlos en el grado correcto, las escuelas pueden utilizar evaluaciones alternativas u otras actividades académicas para evaluar el aprendizaje de los estudiantes.
Más allá de la documentación, las diferencias lingüísticas fueron uno de los principales desafíos para que los estudiantes inmigrantes se sintieran incluidos. Incluso las diferencias en el habla, como la cadencia, en el mismo idioma, dificultaron el aprendizaje de los estudiantes. Las medidas políticas pueden ayudar a garantizar que los estudiantes aprendan en un idioma que comprendan y con el que se sientan cómodos, aumentando así la atención al aprendizaje.
Finalmente, los maestros, administradores y estudiantes de las escuelas de nuestro estudio enfatizaron el beneficio de un diálogo abierto sobre la situación de los migrantes, así como sobre cuestiones de identidad, incluidas la nacionalidad y el género.
Los estudiantes anfitriones dijeron que este tipo de conversaciones les ayudaron a comprender las diferencias y a ser más abiertos a los nuevos estudiantes, mientras que los estudiantes inmigrantes dijeron que la capacidad de hablar abiertamente sobre su identidad era importante para ellos.
Las habilidades de los docentes para facilitar dichas conversaciones fueron fundamentales para su éxito; sin embargo, se hizo evidente la necesidad de apoyo psicosocial (PSS) individualizado y a largo plazo.
La falta de especialistas significa que las responsabilidades psicosociales recaen en profesores y administradores que ya no están capacitados y están sobrecargados. Normalizar la inclusión de suficientes profesionales de PSS capacitados en el personal escolar probablemente contribuirá a la seguridad de los estudiantes y al éxito académico.
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