Editorial
La crisis de legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro se agranda según pasan las semanas desde las elecciones que asegura haber ganado. El Centro Carter, el único organismo internacional independiente que participó en la observación de las elecciones del 28 de julio, presentó el martes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) las actas recopiladas por la oposición en el 83,5% de las mesas y que otorgan una rotunda victoria a su aspirante, Edmundo González Urrutia, con el 67% de los votos.
Se trata de un anuncio de una enorme trascendencia porque ratifica la validez de los documentos publicados por la alianza opositora en una página web. La responsable de la misión, Jennie Lincoln, fue tajante: las papeletas, cuya autenticidad está garantizada por los códigos de seguridad QR, demuestran el triunfo de González Urrutia.
La carga de la prueba pone en jaque a Maduro, que en su huida hacia delante ha rechazado hasta ahora enseñar las actas electorales y trata de aprovechar la coyuntura internacional. El conflicto en Oriente Próximo o la campaña electoral en Estados Unidos han restado presión al Ejecutivo chavista. El mandatario ha adelantado las celebraciones navideñas a octubre y da por zanjada la disputa sobre las actas aferrándose a una resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de facto un brazo judicial del Gobierno.
Mientras tanto, el aparato chavista ha endurecido la represión. González Urrutia está asilado en España; la líder opositora, María Corina Machado, sigue en Venezuela, pero resguardada en un lugar secreto y viviendo en condiciones de semiclandestinidad, y la persecución de los opositores deja casi a diario un nuevo balance de detenciones. La más reciente, la del alcalde de Maracaibo, la segunda ciudad del país. Según la ONG Foro Penal, que lleva casi dos décadas contabilizando las capturas de disidentes, el número de personas que pueden considerarse presas por razones políticas asciende a 1.905. Es decir, más que en el resto de Latinoamérica junta, incluidas Cuba y Nicaragua.
A Maduro se le acaba el tiempo. El próximo 10 de enero comienza el mandato presidencial, seis años más en los que el sucesor de Hugo Chávez pretende mantenerse en el poder. Aunque el control férreo sobre todos los resortes del Estado, del sistema de justicia a las Fuerzas Armadas, le permitirá tomar posesión, su legitimidad será nula. Las principales instancias internacionales, de Estados Unidos a la Unión Europea, no reconocen su victoria, al igual que mandatarios de la izquierda latinoamericana como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o el colombiano Gustavo Petro, que le reclaman la publicación de las actas.
Ante un escenario de creciente aislamiento y malestar de los votantes, el chavismo ya ha puesto en marcha un plan para desactivar las presiones internas. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y principal operador político de Maduro, hizo esta semana un llamamiento al diálogo a las fuerzas antichavistas y a “todos los sectores de la sociedad” para abordar la anunciada reforma electoral. Para muchos opositores, un farol o el enésimo intento para hacer luz de gas. Maduro solo tiene una opción ante su falta de credibilidad: mostrar las actas y someterlas a revisión de una comisión independiente.
