El departamento colombiano de Chocó, en el Pacífico, ha estado atravesado históricamente por la violencia. En los últimos años, la disputa territorial entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo han jalonado ese conflicto. Este último, conocido también como Autodefensas Gaitanitas de Colombia, ahora busca expandir su zona de control y hacerse un lugar en la capital, Quibdó, como lo develó el alto comisionado de Paz del Gobierno, Otty Patiño, a inicios de este mes. Ese objetivo ha degradado aún más el conflicto, con la violencia de género como arma de combate, como lo evidencian las amenazas de un “plan feminicidio” a las madres, novias, amigas o familiares de los criminales. La denuncia de esa violencia vicaria embebida en el conflicto proviene de varias oenegés feministas que trabajan en ese territorio y reclaman una atención urgente del Gobierno.
“Para que vean que hasta a las mujeres les entra, se viene el plan feminicidio. Ya tenemos ubicadas a casi todas las campaneras de los mexicanos, sepan que en este pueblo todo se sabe. Tienen 24 horas para abandonar la ciudad porque ya están en la lista de objetivos militares”, se puede leer en un mensaje que se ha hecho viral en Quibdó, una ciudad de alrededor de 150.000 habitantes. En las últimas semanas, medios locales han registrado varios feminicidios brutales, algunos de ellos filmados y difundidos en redes sociales. Para Adriana Benjumea, codirectora de la oenegé feminista Corporación Humanas, esa situación es una clara retaliación entre las bandas criminales.
El mismo alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, ha aparecido en medios nacionales como El Tiempo haciendo un llamado al presidente Gustavo Petro para que frene la barbarie. Bolaños señaló que enfrenta una emergencia de orden público, que se sustenta en que la capital que dirige ya ha sumado 108 homicidios en lo corrido de este año, cuando en todo 2023 ese dato cerró en 104. Bajo la misma teoría del comisionado de Paz, el político de la Alianza Verde explica el incremento en los homicidios por los enfrentamientos entre las bandas locales —Los Mexicanos, Los Locos Yam y los RPS, y el Clan del Golfo—.
A la alerta se ha sumado Equipo Humanitario País, un espacio de coordinación de la comunidad humanitaria internacional en Colombia. En un comunicado, esa plataforma asegura que “la mayoría de las víctimas son jóvenes entre los 14 y los 25 años, situación que afecta mayoritariamente a la población afrodescendiente de los barrios ubicados en las zonas periféricas y marginadas de la ciudad”. En la misma línea que las oenegés feministas destaca que “se evidencian riesgos diferenciales para las mujeres y las niñas frente a violencias basadas en género y violencia sexual”.
Tras la seguidilla de alertas, el Gobierno militarizó la capital del Chocó hace una semana. Aun así, los quibdoseños cumplen el toque de queda ilegal que a inicios de septiembre impusieron las bandas. Corren para llegar a su casa antes que oscurezca y, entre vecinos, comparten reportes de seguridad en sus barrios. Por WhatsApp, como si se tratara de una rutina, alertan si hay o no balaceras.
Para las mujeres, ese toque de queda es más estricto. Los panfletos intimidantes no pasan de largo. Benjumea insiste en la afectación mayor de la crisis para las mujeres y los jóvenes. Recuerda que uno de los compromisos derivados de la declaratoria de emergencia por las violencias de género, e incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, era realizar un consejo de seguridad en la ciudad para abordar exclusivamente las violencias de género. Ha pasado un año y el Gobierno no lo ha realizado.
Lo que sí ha ocurrido es que, desde agosto de 2023, la Administración tiene instalada una mesa de diálogo sociojurídico con las tres bandas, y hace poco más de un mes anunció negociaciones con el Clan del Golfo. Hasta ahora, ninguna de esas aproximaciones ha llevado a mejoras para la población.
En conversación con EL PAÍS, el representante a la Cámara David Racero, del partido de Gobierno y delegado en la mesa local, explica que el deterioro de la seguridad se debe a la incursión del Clan del Golfo. Destaca que, hasta hace algunos meses, ese proceso sociojurídico era el que mejores resultados había dado de la paz total, y que el nuevo actor ha complicado todo. “Hemos solicitado a la fuerza pública a tener más presencia en el territorio porque es un asunto que hay que trabajar desde la perspectiva de seguridad, mientras se avanza en el diálogo nacional”, sostiene el expresidente de la Cámara. Afirmó que la apuesta del Gobierno es lograr un cese al fuego con el Clan del Golfo, que sirva para desescalar la crisis.
Para Benjumea, sin embargo, las amenazas de feminicidios contradicen la supuesta voluntad de paz de estas estructuras ilegales. “No vemos acciones contundentes del Gobierno para proteger la vida de las mujeres jóvenes”, agrega. Las fotos de los cadáveres de mujeres y la zozobra por los homicidios, además, afectan gravemente la salud mental de los quibdoseños, por lo que oenegés como Médicos Sin Fronteras han tenido que incluir ese componente en su trabajo.
