Ana Bejarano Ricaurte
Se empiezan a reducir las listas para conformar la terna de la cual el Senado elegirá al próximo procurador general de la nación. La Corte Suprema de Justicia ya va en 22 nombres y el Consejo de Estado en diez. El viernes la Presidencia abrió su convocatoria. De estas tres instituciones saldrán los nombres que iniciarán una correría política intensa por llenar una de las plazas más poderosas del país.
La Procuraduría es una de las golosinas más atractivas porque es una entidad gigantesca, redundante y fácilmente empleada en todos los propósitos para los que no fue creada. Por eso desde ya se advierte la presencia de representantes de clanes y en general de la politiquería tradicional.
La reforma de Margarita Cabello Blanco, en abierta rebelión contra lo que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia, supo incrementar una planta que desde antes —y tal vez desde siempre— padece graves problemas de diseño institucional.
Lo han repetido constitucionalistas y formuladores de política pública: las potestades de la Procuraduría son ineficaces o innecesarias. Sus funciones judiciales en poco o nada contribuyen a la sanidad o probidad de los procesos que auscultan; sus potestades disciplinarias podrían y deberían ser asumidas por las mismas entidades; y las posibilidades de sancionar a funcionarios públicos, en especial los de elección popular, deberían recaer sobre jueces penales.
Aunque en ocasiones puede ser la única voz que reaccione rápidamente a casos de corrupción, su empleo político y caprichoso hace que hoy en día no podamos confiar en lo que allá se decida, porque se persigue a unos y a otros no.
En décadas recientes, la Procuraduría también se ha demostrado incapaz de cumplir su misión institucional de proteger los derechos humanos o defender los “intereses de la sociedad”, como manda la Constitución. Al contrario, ha servido para perseguir a las mujeres y a opositores políticos, como ocurrió durante el nefasto mandato de Alejandro Ordóñez. O para preservar la impunidad como lo hizo la actual procuradora con los Char y otros señores de su preferencia.
La presencia de la primera mujer en el cargo no trajo además ningún viento de cambio ni reivindicación alguna del movimiento feminista, la fuerza que realmente la puso ahí. Cabello Blanco se dedicó a engrosar el botín del poder burocrático, que ya es el verdadero sello de la Procuraduría. Tan solo hasta esta semana el Consejo de Estado le exigió que adelantara concurso de méritos para llenar las plazas de la entidad.
Sabrán cómo burlarse de esos concursos como lo hicieron con la prohibición del “yo te elijo, tú me eliges” que lograron continuar de maneras más indirectas, y así ensuciar a las Cortes con las consecuencias de sus funciones electorales.
La Procuraduría, en especial tras el diseño de la Carta del 91, ha resultado un fracaso y una garantía para preservar todas las dinámicas de corrupción que precisamente se buscaban acabar con su creación.
De los actuales candidatos suenan muchos nombres de poca diversidad o novedad en cuanto a sus orígenes e intereses, pues parece ser más una rapiña entre los mismos poderes oscuros de siempre.
La persona que salga elegida y realmente quiera contribuir con la sanidad de la estructura institucional del Estado, con las finanzas públicas y con la erradicación de la corrupción en Colombia debería empeñarse en ser el último que ostente el cargo.
Que el Senado elija un procurador que prometa ser el último. Que lidere una reforma que permita reducir drásticamente la entidad o desaparecerla, rebarajar sus funciones a los lugares en donde deben estar y que respete los lineamientos de la Corte Interamericana, antes de que vengan más sanciones contra Colombia, que pagamos todos.
Si alguno de los posibles ternados tiene realmente la intención de servir a su país cumpliría con la tarea de enterrar a un mamotreto estatal que es una oda al clientelismo y a la ineficacia. Y, tras desmembrarla, nos debería contar las telarañas y humedades que removió para lograr semejante gesta.
Por supuesto, nada de eso pasará, pues los posibles candidatos ya andan prometiendo el cielo en los conversaderos en los que se deciden estos temas. Por ahora no suena un solo nombre capaz de actuar con independencia y mucho menos con la intención de cerrar esa parranda de derroche. Mientras tanto seguiremos soñando con que algún día venga un procurador cuyo compromiso sea ser el último.
