Cecilia Orozco Tascón
Al terminar octubre de 2010, se presentó una trifulca parecida a las que protagonizan los matones callejeros pero en el imponente salón del plenario del Consejo de Estado. No obstante el decoro que impone la toga, un magistrado se fue encima de otro, e intentó apretar con sus manos el cuello de su colega mientras lo sacudía y le gritaba. Gracias a la intervención de los demás, el caso no pasó a mayores. Fue una explosión de ira primaria. ¡Qué vergüenza de país! Hay más apariencias que dignidad en la rama judicial en donde se esconden otros episodios deshonrosos, por ejemplo, acosos sexuales y laborales. Pues bien, ese lamentable incidente fue presenciado, por lo menos, por 30 testigos aunque ninguno ha querido confirmarlo en público.
El victimario era el consejero Marco Antonio Velilla. Su víctima, Enrique José Arboleda, ponente de una decisión que afectaba las aspiraciones de Velilla de convertirse en fiscal general. La historia es como sigue: Arboleda integraba la Sala de Consulta de esa corporación cuando recibió unas preguntas del recién posesionado gobierno Santos sobre la legalidad de introducir cambios en los nombres de la terna de postulados a dirigir la Fiscalía una vez que la lista ya hubiera sido enviada a la Corte Suprema por el presidente de la República.
En 2009, Álvaro Uribe, en su segundo gobierno, había entregado su propia terna a la corte. El alto tribunal no pudo elegir porque los candidatos eran inferiores al cargo y, además, por el agrio distanciamiento del jefe de Estado con los magistrados a quienes persiguió mediante montajes, espionaje y ataques a su honor. En vista del nudo institucional, el presidente modificó su lista. Entonces, incluyó a otros dos amigos: la inefable Margarita Cabello (sí, la misma que hoy funge de policía política de Duque-Uribe) y al consejero Velilla (ver), famoso por su conducta pendenciera y misógina, además de sus sesgos ultraconservadores y de sus complicidades con Alejandro Ordóñez, el procurador de la Inquisición de esos años. Doce meses más tarde, la corte continuaba votando sin conseguir mayoría. Frente a esa realidad y con un nuevo presidente, Juan Manuel Santos elevó su inquietud a la Sala de Consulta: ¿podía o no volver a modificar la terna para desatar el problema? El asunto llegó al escritorio del agredido Arboleda, quien conceptuó en derecho: “el acto de postulación (de candidatos a ser fiscal) por parte del jefe de Estado es revocable”, es decir, es posible cambiarlo; y, segundo, “el acto de postulación para la Fiscalía no confiere al candidato derecho alguno” (ver). En consecuencia, Santos procedió y Velilla, ya desnudado en su talante politiquero, demandó a la Presidencia y a la Corte Suprema por los presuntos perjuicios que le infligieron cuando eliminaron su opción. Imagínese que a usted lo entrevistan para un eventual puesto de trabajo y le dan el cargo a otra persona. ¿Se le ocurriría demandar a la empresa a la que nunca ha pertenecido? ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de este “experto en leyes”? Respuesta: que le pagaran con dinero de todos nosotros, su esperanza de ser fiscal. Alma tan pequeña. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, primero (ver), y el propio Consejo de Estado, después (ver), rechazaron las pretensiones del avivato exconsejero.
¿Resuelto el caso? ¡Pues, no! Incansable buscador de los tesoros de la nación, Velilla interpuso una tutela en la Corte Constitucional contra las sentencias que no lo favorecieron. Y clarooo… Encontró eco en dos magistrados: uno, el también ultraconservador Jorge Enrique Ibáñez, que se ha encargado de opacar su buena fama con sus actos de dudosa transparencia; y el otro, el voluble Antonio José Lizarazo, quien hoy puede estar aquí, y mañana allá. Ambos, Ibáñez y Lizarazo, les han insistido a sus pares en la corte que seleccione la tutela de Velilla (ver) con lo cual, ¡moñona!, podrían darle satisfacción y, de paso, afectar la elección de la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo: ella fue incorporada a la terna por Gustavo Petro cuando, en un primer momento, el presidente eliminó el nombre de Amparo Cerón. Lo que fue declarado constitucional en la consulta de Santos intenta ser borrado como derecho de esta presidencia. El uribismo aparenta haber aceptado, pero con mal disimulado asco, el triunfo electoral de la actual administración pero se pelea, a dentelladas, cada espacio de poder en el Estado. En este capítulo, no se resigna a perder la fiscalía títere de Barbosa, y pretende eliminar la de Camargo porque esta se ve lejana a sus intereses partidistas. Tres demandas de nulidad a falta de una han interpuesto, además, contra su elección. Sin líderes ni argumentos, la oposición se empeña en enredar la pita con actos que no prosperarán, pero que hacen bulla mediática. Eso lo sabemos. Con lo que no contábamos, era con que la Corte Constitucional –o, al menos, dos de sus miembros– se metiera en el mismo barrizal.
