William Giraldo Ceballos
Todos los municipios deben soportar sus alcaldadas y en Bogotá se repite ese principio en distintos frentes de la administración distrital.
La semana pasada esta columna se ocupó de la avenida NQS o carrera 30 convertida en corredor vial para tractomulas, camiones, buses, y vehículos livianos, que era el propósito ideal del alcalde Juan Martín Caicedo Ferrer que, incluso, suprimió los semáforos entre la calle tercera al sur y la calle 106 al norte, cuando ya se ha convertido en avenida novena.
Ahora nos ocupamos de los alcaldes -la mayoría- más amigos del cemento que la educación y de los que creen que con subsidios se hace justicia social.
Veamos. En el año 2011, los medios de comunicación de Bogotá mostraron el edificio de la carrera séptima con calle 119 A, adquirido por la administración distrital con una inversión de $4.500 millones para dotar a la Alcaldía de Usaquén de una nueva sede.
Esta iba a ser la nueva sede de la alcaldía local de Usaquén en el norte de Bogotá. Se invirtieron miles de millones de pesos para abandonarlo durante 12 años, mientras se cerraba el Colegio General Santander en donde se educó la juventud del que se llamaba Municipio de Usaquén.
En los meses siguientes la edificación, a pesar de tener bloqueados sus accesos, fue saqueada por los vándalos. Se contrató un celador o un servicio de vigilancia y así estuvo varios años abandonado. En 2015, el diario El Tiempo reseñó que se había convertido en otro «elefante blanco» como se llama a todas las obras inconclusas que van de gobierno en gobierno.
El año entrante se cumplirán cien años de la inauguración del Colegio General Santander ubicado en la misma plaza principal en la que actualmente funciona la alcaldía local que con la Administración Distrital dejó sin aulas educativas a los jóvenes de escasos recursos de la zona. Foto Facebook.
Las ruinas actuales del colegio oficial, general Francisco de Paula Santander que educó a más de cuatro generaciones en UIsaquén.
La administración de la alcaldesa Claudia López tenía como propósito convertir la carrera séptima en un jardín o corredor ecológico, a riesgo de acabar con la histórica vía que ha unido a los bogotanos entre los dos extremos sur y norte desde cuando en la época de la colonia española fue denominada el «Camino Real».
Y la señora López dispuso que, dentro de un plan de renovación urbana con inversión de cera de $44 mil millones, el edificio de la carrera séptima con calle 119 A se convirtiera en una «jardinera-biblioteca» y ahora espacio abierto para los vendedores estacionarios y ambulantes, como se puede observar.
El espacio de la jardinera de la séptima con 119A . Una inversión importante para «embellecer» la ciudad, mientras se cierran colegios oficiales. Pronto llegará la invasión de todo tipo de vendedores y de cachivaches.
Ojalá la manzana de terreno que desde hace cien años ocupa el abandonado colegio oficial no resulte con propietario particular del lote y se disponga, con la autorización de algún curador urbano, la construcción de otro centro comercial o complejo de edificios modernos como los que abundan en el sector sin darle solución cercana a los niños y jóvenes que necesitan planteles educativos en el sector.
