Por Carlos Alberto Ospina M.
Al momento en que un gobierno entra a negociar con bandidos queda en evidencia su incapacidad para lleva a efecto el deber constitucional de mantener el orden y los principios básicos de la justicia. En lugar de usar las herramientas jurídicas disponibles para someter a los malhechores y ubicarlos a buen recaudo, la actual administración opta por el camino de otorgar un trato preferencial a aquellos deben ser castigados sin ninguna consideración. Este ejercicio equivale a proporcionar un segundo aliento a los forajidos, permitiéndoles continuar con sus movimientos punibles bajo el amparo de la exención y la omisión descarada del delito flagrante.
La principal responsabilidad de un gobernante consiste en garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos; implementar las normas de forma justa y equitativa; y asegurar que los habitantes, independientemente de su estatus o potestad, sean obligados a responder por sus acciones. En cierto modo, cuando el ejecutivo decide pactar con maleantes envía un mensaje contundente que la ley no se aplica a todos por igual. A menudo, ese tipo de acuerdos incluye la suspensión de órdenes de captura, con las cuales los delincuentes hacen prevalecer su “autoridad” sobre las poblaciones subyugadas e intimidadas a punta de plomo.
En consecuencia, los distintos grupos armados organizados, guerrilleros y paramilitares operan con un sentido de inmunidad integral, sabiendo que no enfrentarán sanciones legales por sus operaciones y actividades ilícitas. La impunidad y la falta de control oficial fomenta un entorno para que el crimen, la violencia y los delitos de lesa humanidad, prosperen a base de una artificiosa política de ‘paz total’ que incorpora la sumisión del Estado a los pies de los asesinos.
Un resultado grave de gestionar asuntos públicos con transgresores, estriba en fingir que las autoridades no han advertido la fechoría del aporte ilegal de armas de fuego ni detectado la práctica común de utilizar los escoltas y los vehículos de la UNP para transportar alucinógenos, lingotes de oro y altas sumas de dinero en efectivo. Nada de lo anterior cuenta con los respectivos soportes, salvoconductos o justificación legal. El desgobierno del exguerrillero presidente pasa por encima de los desmanes cometidos con el objetivo de que los infractores puedan escapar del poder judicial sin temor a represalias inmediatas, lo que representa en otra bofetada a las víctimas. También, encarna la traición a los compatriotas y la abierta violación del deber constitucional.
Es evidente que el recaudo de impuestos en particular y el erario en general están financiando la logística y el confort de diversos criminales, ahora “gestores sociales” y altos funcionarios del Estado, quienes deberían estar entre rejas siendo tratados de la misma suerte en que ellos lesionan a los demás. Taparse los ojos ante las múltiples infracciones significa corrupción sistemática, inestabilidad económica, desprotección de las comunidades, inseguridad nacional e indudable refugio para actores de los ataques generalizados contra la población civil.
Es necesario fortalecer las instituciones judiciales y proteger su actuación efectiva sin interferencias políticas para que puedan administrar, de manera estricta, la ley. ¡Ni más ni menos! Tolerancia cero para los depredadores de la nación.
