Cecilia Orozco Tascón
Los empleados de la Procuraduría saben que, fuera de los centenares de puestos asignados a dedo durante su periodo por clientelismo político, judicial y social, Margarita Cabello “blindó” su despacho, desde el mismo día en que se posesionó, con un pequeño círculo compuesto por funcionarios que escogió de su entorno personalísimo y, por supuesto, sin que sus seleccionados pasaran por los concursos de ley. De esta manera, supone uno, se aseguraba de contar con fidelidad absoluta, no a los principios cristalinos que deberían regir el Ministerio Público, sino a ella y sus decisiones, de tal modo que no se encontraran nunca responsabilidades derivadas de sus órdenes. Uno de los bendecidos por la mano divina de Cabello es un abogado a quien nombró secretario general de la entidad que ella dirige hasta diciembre próximo, corto plazo que obliga a que su blindaje anti-consecuencias se refuerce.
Se llama Carlos Alberto Castellanos Araújo y el Estado le paga, con dineros de nuestros impuestos, más de $33 millones mensuales (ver). Y sí, es costeño como la procuradora, y sí, barranquillero como la procuradora. De acuerdo con su currículum, Castellanos tiene apenas 33 años y asegura que trabaja desde la edad de 22, un chico precoz. Empezó su vida laboral en 2013 como contratista del departamento del Atlántico cuya capital es Barranquilla, pura casualidad. A pesar de que los contratos de prestación de servicios del sector oficial suelen ser inestables y cambiantes dependiendo del jefe de turno, Castellanos, un suertudo, acredita vínculos con la Gobernación de su región hasta 2019, durante seis largos años (ver). Completó los siete años que exige el manual de funciones para poder optar al cargo de jefe administrativo nacional de la Procuraduría, otra vez en el rango de contratista, pero de microempresas de variadas actividades que van desde la instalación de aparatos eléctricos hasta la venta de licores. Faltaba la perla: Castellanos Araújo trabajó para Castellanos Araújo & Asociados SAS, firma fantasma que tiene sede en un apartamento y contacto en un celular (ver). Con sus requisitos cumplidos, el secretario general se posesionó en el Ministerio Público. Este funcionario de confianza de la procuradora es quien ordena el gasto y celebra los contratos y convenios a nombre de la entidad cuyo presupuesto es de $502 billones (¿Ahí está la bolita?).
Resulta que Castellanos presentó denuncia penal, en enero pasado, cuando recibió una amenaza. En el mensaje se leía que “lo hemos venido siguiendo con fuentes de inteligencia” y que era “objetivo militar hasta su baja” de un supuesto grupo del ELN que le describía el vehículo en que se transportaba y otros detalles de su rutina. En una revisión de las circunstancias, agentes judiciales encargados de la investigación confrontaron al conductor de Castellanos, Cristian Enrique Medina y, al parecer, este terminó aceptando que su teléfono tenía la imagen del texto amenazante. De acuerdo con unas versiones, cuando los investigadores le solicitaron que les entregara su celular para examinarlo, Medina se habría negado con el argumento de que el aparato contenía “datos sensibles” de su jefe. En desarrollo de la indagación, Medina fue capturado momentáneamente, pero, cosa extraña y pese a la gravedad del hecho, la investigación interna no tuvo ninguna consecuencia: el conductor no fue despedido ni sancionado. Lo mandaron a vacaciones, lo asignaron a la división administrativa, y sanseacabó.
Pues bien, el hombre que presuntamente atentó contra la seguridad del secretario general Carlos Castellanos, uno de los cinco más altos funcionarios de la Procuraduría, fue recapturado en junio pasado por suplantación de identidad y por supuesta usurpación de funciones públicas cuando aseguró que era capitán activo de la Policía en una estación de Bogotá en donde lo descubrieron. Solo entonces, y ya con el lío crecido, Medina fue suspendido por tres meses de su trabajo. Eso sucedió el 9 de julio recién pasado (ver imagen). Han pasado seis meses desde cuando la procuradora Cabello, el intimidado secretario Castellanos y el resto de la cúpula disciplinaria conocen la conducta al menos sospechosa de quien fuera el chofer personal del importante funcionario. ¿Por qué no se atrevieron a aplicarle una medida sancionatoria después de la duda razonable de que fue el autor de una amenaza de muerte? ¿Qué será lo que sabe Medina?
Solo entonces y ya con el lío crecido, Medina fue suspendido por tres meses de su trabajo. Eso sucedió el 9 de julio recién pasado.
Foto: Cecilia Orozco Tascón
