Gustavo Petro ha dado inicio al año legislativo más ambicioso de su Presidencia, que está a punto de cumplir dos años. Han sido 720 días de alto voltaje, de muchos frentes abiertos al mismo tiempo, de muchos intentos de buscar las rendijas del Estado para instaurar la promesa de cambio que lo trajo hasta aquí. Sin embargo, esas transformaciones se han dado a un ritmo que desesperan al propio presidente, que en los consejos de ministros de los lunes urge a sus colaboradores a trabajar día y noche en pro de su Gobierno. Quienes pensaban que este tiempo de tormenta habría desgastado a Petro y le haría caer en la parálisis por la imputación de su hijo, o un escándalo de corrupción que acaba de protagonizar alguien nombrado por él, se equivocaban. Según él, esto no ha hecho más que empezar.
En este 20 de julio, día de la independencia de Colombia, Petro ha reiterado lo que ya puso sobre la mesa en Nueva York, la semana pasada: necesita acelerar la reforma agraria para cumplir el acuerdo de paz de 2016, que concluyó con la desmovilización de las FARC. Esa firma entre el Gobierno y la guerrilla fue un hito y estaba llena de buenos deseos que, en muchos casos, no se han cumplido, como el reparto de la tierra en el mundo rural. Esa ha sido una de las causas de la guerra presente en Colombia desde hace medio siglo, y es de las primeras cosas que intentará solucionar. En su día contó para esa tarea con una experimentada política, Cecilia López, en quien pensó incluso para ser su vicepresidenta. Pero diversas trabas burocráticas frenaron ese proyecto de distribuir tres millones de hectáreas; la realidad es que apenas se han repartido 184.000. Entre otras cosas, porque los expropiados pueden apelar la justicia y demorar el proceso 20 años. Por eso, ahora cree que urge expeditar una reforma agraria que acorte esos plazos, aprobando un proyecto de ley con el método conocido como fast-track, o trámite rápido, el mismo que utilizó Juan Manuel Santos para aprobar el acuerdo.
Necesitará consenso y capacidad de negociación. A ratos, Petro ha parecido querer romper amarras con el resto de los partidos y navegar en solitario, a donde le lleve la mar. Pero esos mensajes disruptivos que ofrece en la tribuna los hace con la mano derecha, mientras que con la izquierda toca la espalda de sus asesores para que lleguen a acuerdos en el Congreso. Laura Sarabia, su número 2, trabaja en ese sentido. Así se logró aprobar una reforma pensional, que salió adelante con facilidad en el Congreso, y estuvo cerca de conseguirlo con la laboral y la educativa. Esos acuerdos sorprendieron hasta a sus enemigos, que lo veían ya embarcado en la idea de la Asamblea Constituyente, a donde quería -quiere- llegar para modificar aspectos claves de la constitución vigente.
Al lado de ese Petro negociador se siente Juan Fernando Cristo, su nuevo ministro de Interior, encargado de tejer alianzas. Se le tiene por un político de consenso, bregado en la época de Santos, conocedor de los secretos del Senado. La foto del evento del día de la independencia que subió Sarabia a redes sociales es un buen ejemplo de cómo funciona ahora el Gobierno: Petro-Sarabia-Cristo. Ahí también podría haber aparecido Luis Gilberto Murillo, el canciller, un operador político rocoso, influyente, de la absoluta primera línea de Petro. ¿En un segundo anillo de influencia? El embajador en Caracas, Milton Regifo, enfrascado en que Petro tenga un lugar prominente en el destino político de Venezuela.
¿A dónde debe ir a parar todo esto? Al acuerdo nacional, la concertación, el gran pacto que siente las bases de Colombia para las próximas décadas. Por eso está ahí Cristo, que no hace mucho criticaba los planes constituyentes de Petro -tocar la Constitución se considera un sacrilegio-, pero que ahora considera que podría ser posible si se hiciera por las buenas, es decir, con la aprobación del resto de la sociedad, incluso de los que se oponen a Petro de manera frontal.
El presidente siente que estos días ha ganado crédito. Aunque la conversación nacional ha girado en torno a Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que ha reconocido ser un corrupto, se apunta el tanto de que en Colombia logró reducirse la pobreza durante 2023 en 1,6 millones de personas, en comparación con 2022. A la vez, ha bajado el desempleo y la inflación mantiene una tendencia a la baja. Los que auguraban un descalabro económico en Colombia tendrán que esperar a una mejor ocasión. Con ese impulso, inicia el tercer año legislativo con el que Petro quiere instaurar el Gran Cambio.
