El escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se ha apoderado esta semana de los titulares en Colombia. Parece un laberinto, un entramado que crece con cada día que pasa. El exdirector de la unidad, Olmedo López, quien renunció en febrero, y su número dos, Sneyder Pinilla, quien dimitió semanas después, han acusado ante la justicia a más de 20 personas de estar involucradas en la trama. Como han revelado en los últimos días varios reportajes de Noticias Caracol, los señalados van desde algunos de los ministros más importantes del país, hasta congresistas, funcionarios de Presidencia, e inclusive alcaldes. López, quien está colaborando con la justicia, ha dicho que el presidente Gustavo Petro no ha estado implicado. Estos son los salpicados por el escándalo:
Olmedo López, exdirector de la UNGRD
Todo empezó en febrero de este año cuando la Secretaría de Transparencia de la Presidencia denunció penalmente a López y Pinilla. Los señaló, tras investigaciones de varios medios, de irregularidades en la adquisición de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades más apartadas de La Guajira. La UNGRD había pagado 46.800 millones de pesos (unos 12 millones de dólares) por los vehículos, con sobrecostos por encima de los 20.000 millones de pesos (alrededor de 5 millones de dólares). Poco después, Petro le pidió a López que renunciara. Tras hacerle caso a su jefe, esperando tener un principio de oportunidad ante la justicia, el exfuncionario empezó a confesar más sobre la corrupción en la UNGRD.
Este martes, Noticias Caracol publicó un video de la diligencia de López con investigadores de la Corte Suprema, en la que el exfuncionario asegura que organizó, a petición de varios ministros, una trama para usar fondos de la UNGRD para comprar votos de congresistas en la cámara de representantes. Sin embargo, estos pagos nunca se hicieron, pues López renunció cuando se reveló el escándalo de los carrotanques.
López también ha dicho que la UNGRD fue presionada por el Gobierno para darle fondos al Ejército de Liberación Nacional(ELN), para que esta guerrilla dejara la práctica del secuestro extorsivo, con la intención de salvar la política bandera de Petro, la paz total. El exfuncionario propone que un contrato del que iba a ser dueña Karen Manrique, congresista por Arauca, territorio bajo el dominio del ELN, iba a ser usado para pagar a ese grupo armado ilegal. Los representantes del gobierno, en la mesa de negociación del ELN, han negado los señalamientos.
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD
Pinilla renunció en marzo y desde entonces ha colaborado con la justicia. Poco después de dimitir, denunció en Semana que le había entregado, en octubre de 2023, 3.000 millones de pesos (alrededor de 770.000 dólares) a Iván Name, presidente del Senado, y 1.000 millones de pesos (unos 260.000 dólares) a Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Según su testimonio, el dinero salió de los sobrecostos en el contrato de compra de 40 carrotanques de La Guajira. Esto para que ellos ayudaran a aprobar las reformas sociales del gobierno. Este miércoles, un reportaje de Noticias Caracol reveló unos chats de WhatsApp de Pinilla que involucran a una decena de funcionarios más en la trama, incluido el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Pinilla y su exjefe, López, serán imputados el próximo 25 de julio por la Fiscalía.
Iván Name, presidente del Senado
Pinilla aseguró que le entregó, en octubre de 2023, 3.000 millones de pesos (alrededor de 770.000 dólares) a Name, presidente del Senado. Según el exfuncionario, el dinero salió de los sobrecostos en el contrato de compra de 40 carrotanques de La Guajira. El presidente del Senado ha negado los señalamientos y ha dicho que está dispuesto a comparecer ante las autoridades. Ha sido un gran crítico del gobierno, adicionalmente, razón por la que se ha puesto en duda que haya sido sobornado para favorecer las reformas del mandatario.
Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes
Pinilla señala que le entregó, en octubre de 2023, 1.000 millones de pesos (unos 260.000 dólares) a Calle, presidente de la Cámara de Representantes. De acuerdo con el exfuncionario, ese dinero también salió de los sobrecostos en el contrato de los carrotanques de La Guajira. Calle, quien ha sido un aliado del Gobierno, ha negado las acusaciones.
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones
Pinilla acusa a Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, de actuar como intermediaria de la coima presuntamente pagada a Name. La exconsejera ha negado las acusaciones. Renunció a su cargo en mayo, ante las presiones del presidente Petro. Este jueves Ortiz reapareció en los noticieros y titulares luego de que la Presidencia informara, a través de un comunicado, que dos de los computadores de sus exasesores aparecieron con información borrada: uno no tenía disco duro y el otro no tenía memoria.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda
Olmedo López y Sneyder Pinilla señalan a Bonilla, el ministro de Hacienda, de liderar una trama de corrupción para comprar los votos de seis congresistas en la Cámara de Representantes. Según los dos exfuncionarios, Bonilla le ordenó a López firmar tres contratos por 92.000 millones de pesos (cerca de 23 millones de dólares) para los municipios de Cotorra (Córdoba) y Saravena (Arauca), y para el corregimiento de El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar). Para justificarlos, los municipios tuvieron que declarar calamidades que no existían.
Según las denuncias de López y Pinilla, los políticos que se iban a beneficiar de esos contratos eran los congresistas Wadith Manzur (del Partido Conservador), Karen Manrique (Circunscripción Transitoria Especial de Paz), Liliana Bitar (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Julián Peinado (Partido Liberal) y Juan Diego Muñoz (Alianza Verde, y quien renunció en febrero a la curul por problemas de salud). Todos pertenecían a comisiones económicas del Congreso, especialmente a la comisión que debe aprobar créditos que pide el gobierno, y con la que tiene relación constante el ministro de Hacienda. Todos han asegurado ser inocentes. Bonilla también dice lo mismo.
María Alejandra Benavides, asesora del ministro Bonilla
Benavides es asistente del ministro Bonilla. Es señalada de haber gestionado comunicaciones y reuniones entre numerosos participantes de la trama como: su jefe, López, Pinilla, y varios funcionarios fuera de Bogotá.
Jaime Ramirez Cobo, enlace legislativo de la Presidencia y con el Congreso
El enlace entre la Presidencia y el Congreso es señalado de asesorar a Pinilla y López en la organización de la trama. Aparece en repetidas ocasiones en los chats de WhatsApp de Pinilla, revelados por Noticias Caracol. Ha dicho ser inocente en redes sociales.
Luis Fernando Velasco, ex ministro del Interior, y Carlos Ramón González, director del Dapre
En su diligencia con investigadores de la Corte Suprema, López habló de un presunto “cónclave” de ministros que se reunió el 27 de febrero en la Casa de Nariño y tomó la decisión de buscar los votos de los congresistas a cambio de contratos. A las reuniones de ese cónclave, dijo López, asistieron el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y Carlos Ramón González, en ese momento director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y ahora director nacional de Inteligencia. También estuvo Bonilla, ministro de Hacienda. Velasco ha dicho que cree que todo lo que ha dicho Olmedo López es mentira. González no se ha pronunciado.
Andrés Idárraga, secretario de Transparencia
A comienzos de mayo, José Moreno, el abogado de Olmedo López, formuló una denuncia por tráfico de influencias en contra de Idárraga, el secretario de Transparencia. El abogado denunció que Idárraga había presionado a Olmedo Lopez para que recibiera en su despacho a varios alcaldes. El presidente Petro inicialmente reaccionó pidiendo la renuncia del secretario. Sin embargo, a los pocos días, la Casa de Nariño informó en un comunicado que había decidido “de común acuerdo” que el funcionario permaneciera en su cargo.
Wadith Manzur, congresista por Córdoba con el Partido Conservador
Manzur es uno de los seis congresistas que presuntamente iban a beneficiarse de un contrato de la UNGRD a cambio de su apoyo en la comisión de crédito público del legislativo. Sin embargo, López y Pinilla renunciaron antes de que esos contratos se entregaran. Manzur publicó un comunicado diciendo que las acusaciones hechas son falsas.
Liliana Bitar, congresista por Córdoba con el Partido Conservador
Bitar es una de las seis congresistas que presuntamente iban a beneficiarse de un contrato de la UNGRD a cambio de su apoyo en la comisión de crédito público del legislativo. Por X, ha negado las acusaciones en su contra.
Karen Manrique, congresista de paz por Arauca
Manrique es una de las seis congresistas que presuntamente iban a beneficiarse de un contrato de la UNGRD a cambio de su apoyo en la comisión de crédito público del legislativo. Llegó a la Cámara con una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Olmedo López ha alegado que el contrato de la que iba a ser dueña Manrique, representante por Arauca, iba destinado a entregar dinero al ELN. Ella ha negado las acusaciones. “Olmedo López miente, su desespero para ser acogido por un buen acuerdo con la Fiscalía lo está llevando a actuar errónea y mal intencionadamente, estoy segura que la justicia actuará en favor de la verdad”, declaró este miércoles en redes sociales.
Juan Pablo Gallo, senador por el Partido Liberal
Gallo es uno de los seis congresistas que presuntamente iban a beneficiarse de un contrato de la UNGRD a cambio de su apoyo en la comisión de crédito público del legislativo. Negó los señalamientos en una entrevista con Semana. “Espero que me llame la Corte Suprema de Justicia”, dijo.
Julián Peinado, congresista por Antioquia con el Partido Liberal
Peinado es uno de los seis congresistas que presuntamente iban a beneficiarse de un contrato de la UNGRD a cambio de su apoyo en la comisión de crédito público del legislativo. Rechazó las acusaciones este miércoles en X: “He sido transparente en cada una de mis actuaciones y mis posiciones en el Congreso nunca han estado sujetas a negociación. Estoy tranquilo porque sé que no tengo nada que ver con los hechos de la UNGRD”.
Juan Diego Muñoz, excongresista por el Meta con Alianza Verde
Muñoz renunció en febrero a su curul por “asuntos personales relacionados con su estado de salud”, según una carta que redactó entonces. Es uno de los seis congresistas que presuntamente iban a beneficiarse de un contrato de la UNGRD a cambio de su apoyo en la comisión de crédito público del legislativo. No se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones.
Julio Chaguï, senador por el Partido de la U
En mayo, Semana reveló unos chats entre Sneyder Pinilla y Chaguï en los que el exsubdirector le solicita al congresista información sobre un proyecto, de la UNGRD, hecho presuntamente a petición del entonces ministro del Interior, Velasco. Según la versión de Semana, Chaguï había recomendado a un contratista encargado de ejecutar un proyecto de la UNGRD en Sahagún (Córdoba), por 28.000 millones de pesos (unos 7 millones de dólares). El nombre de Chaguï apareció el 11 de julio en un listado que la Fiscalía entregó a la Corte Suprema para que inicie investigaciones. El congresista ha dicho que es inocente. “En esos pantallazos no hay nada ilegal, pues hacen parte de mi gestión como congresista”, afirmó en W Radio.
Los exalcaldes
El exalcalde del municipio Carmen de Bolívar, Carlos Torres, también aparece en los chats de WhatsApp de Pinilla. Este jueves Torres alegó, en BluRadio, que su alcaldía tenía proyectos en marcha con la UNGRD desde hacía dos años, y que por eso Pinilla se ponía en contacto con él. “Conmigo piden son las correcciones. Cuando se le hace corrección a un proyecto, hay veces que se corrige presupuesto. El secretario de Infraestructura fue el que estuvo trabajando con eso”, aseguró.
Hasta el 1 de enero de este año, Guillermo Llorente fue alcalde de Cotorra, Córdoba, otro de los municipios que se suponía que recibiría fondos del entramado. W Radio ha reportado este jueves haber conocido documentos que demuestran “el afán” del político para tramitar, antes de que terminara su mandato, un giro de 47.000 millones de pesos (unos 120.000 dólares) de la UNGRD. Llorente no se ha pronunciado sobre el escándalo. Harry Bejarano Arroyo, funcionario de la Alcaldía de Cotorra, es un ingeniero señalado en los chats de Pinilla de ser el contacto local de María Alejandra Benavides, la asesora del ministro Bonilla, en la Alcaldía de Cotorra.
El año pasado, el entonces alcalde de Saravena (Arauca), el tercer municipio involucrado en el entramado, era Wilfredo Gomez Granado. Hasta ahora su nombre no ha aparecido en publicaciones de medios sobre la UNGRD, a pesar de las acusaciones sobre el contrato a su alcaldía que, supuestamente, iba dirigido al ELN.
Luis Eduardo Rosero, contratista
Rosero es un contratista señalado de haber orquestado la compra irregular de carrotanques de La Guajira para la empresa Impoamericana Roger SAS. Rosero ha colaborado con la Fiscalía en las investigaciones sobre la corrupción en la UNGRD, aunque perdió la posibilidad de tener un principio de oportunidad al haberle mentido al ente acusador sobre el número de empresas a su cargo. De acuerdo a la unidad investigativa de Noticias Caracol, Rosero y sus varias empresas registran más de 155 contratos con la UNGRD, “que suman alrededor de 160.000 millones de pesos (unos 40 millones de dólares) entre 2012 y 2024″.
