Daniel Coronell
Las amenazas se habían vuelto rutina para él. Sin embargo las últimas habían inquietado particularmente al periodista y abogado Jaime Vásquez porque, unos días antes de su asesinato en Cúcuta, decidió entregarles a dos personas de su confianza un documento que él consideraba peligroso. Vásquez destapó muchos hechos de corrupción en la contratación pública. Sus denuncias rara vez recibieron la atención que merecían. Una sordina invisible silenciaba sus investigaciones que, por lo general, quedaban registradas únicamente en su página de Facebook.
Vásquez era un veedor incansable de la Gobernación de Norte de Santander y de quien se ha convertido en su propietario, por sí mismo o por interpuesta persona: el tres veces gobernador William Villamizar.
Justamente el papel, cuyas consecuencias tanto temía, menciona a este funcionario, a varios de sus familiares y a otro poderoso político que, por gracia de Villamizar, tiene curul en la Cámara de Representantes. Hace unos días, por dos vías diferentes, recibí copia de los documentos que el asesinado Jaime Vásquez quiso poner bajo custodia de allegados suyos por si le pasaba algo.
Es más, el periodista tenía acordado un encuentro para el lunes 15 de abril con el propósito de explicar el alcance del papel y quizás aportar nuevas pruebas a uno de los depositarios de su secreto. No pudo cumplir la cita. Un día antes, el domingo 14, lo acribillaron cuando desayunaba un pastel de garbanzo después de ir a la misa en la parroquia de Santo Domingo Savio.
El presunto sicario fue detenido dos días después. Se llama Alejandro José Arias y en el bajo mundo lo conocen con el alias de “el Chueco”. Según la Fiscalía, Arias venía siguiéndolo desde su casa. Hay registros que muestran que lo acechaba en una moto cuando Vásquez manejaba su camioneta Honda de su casa a la iglesia. Después lo persiguió hasta el lugar donde el periodista estacionó para entrar a la cafetería y dio una vuelta a la manzana para asegurar el ángulo de tiro. Se conocen muchos detalles sobre el accionar del supuesto asesino a sueldo pero, en cambio, no se sabe nada sobre la identidad de quienes lo contrataron.
Quizás este asesinato, como sucede con los de casi todos los periodistas, quede en la impunidad. Lo que no permanecerá en la oscuridad es el papel que tanta angustia le producía a la víctima.
Se trata de una orden de trabajo a la Policía Judicial de extinción del derecho de dominio con una lista de más de 75 personas para investigar. El listado lo encabeza el gobernador de Norte de Santander William Villamizar Laguado, la segunda es su esposa Cecilia Soler Gómez y la tercera su hija Paola Andrea Villamizar Soler. Esta última ha sido asesora de las senadoras Ruby Helena Chagui Spath, antigua jefe de prensa del expresidente Álvaro Uribe, y de Sandra Liliana Ortiz Novoa, quien hasta hace unos días era consejera para las regiones del presidente Gustavo Petro y salió del cargo cuando Sneyder Pinilla me dijo en una entrevista que ella había llevado una maleta con 3.000 millones de pesos, producto de la corrupción en la UNGRD, al presidente del Senado Iván Name.
En la orden de investigación a la Dijin, con fines de extinción de dominio, aparece la madre del gobernador Matilde Laguado de Villamizar y sus hermanos Giovanni, Edwin, John Carlos, Rosalba Nancy. Así mismo hacen parte del listado varios familiares de la primera dama de Norte de Santander.
También aparece el nombre de Juan Guillermo Rojas Matamoros, contratista de la UNGRD durante la presidencia de Iván Duque, y de otras tres personas con los mismos apellidos. En dos publicaciones encontré al señor Rojas fotografiado al lado de Paola, la hija del gobernador Villamizar.
Junto a esa lista de parientes del mandatario y de varios contratistas de la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta, encontré un nombre que me llamó la atención. Se trata de Wilmer Carrillo, representante a la Cámara por Norte de Santander.
Carrillo es un exfuncionario de la administración de Villamizar que por el poder del jefe resultó elegido congresista. Su nombre ha sido mencionado en numerosos casos de corrupción. La Corte Suprema lo absolvió en uno de esos casos y permanece vinculado mediante indagatoria a otros dos, presuntamente por exigir coimas a cambio de contratos en un hospital departamental.
La Fiscalía no tiene atribuciones para investigar a Carrillo porque es congresista. Sin embargo, no ha enviado el asunto a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que es la competente para adelantar el caso. Tampoco hay ningún avance en el proceso de extinción de dominio contra el gobernador William Villamizar y sus familiares. Me confirmaron que el expediente existe, que fue iniciado en 2021 y que la orden de trabajo a la Dijin expedida en 2022 permanece inexplicablemente engavetada.
Ese mismo año Wilmer Carrillo, como miembro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, recibió una denuncia contra el fiscal Francisco Barbosa por abuso de autoridad para favorecer a un funcionario allegado al entonces presidente Iván Duque. Carrillo dispuso, poco tiempo después, el archivo del proceso a favor de Barbosa sin compartir ninguna prueba con los otros miembros de la comisión.
Quizás fue ese cruce de coincidencias lo que desató la angustia del asesinado Jaime Vásquez.
Al enterarse del crimen, el gobernador William Villamizar declaró compungido: “Estamos no solamente lamentando el hecho sino solicitando a la Fiscalía General de la Nación que se logre esclarecer en el menor tiempo posible este crimen. Hemos ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos para quien nos dé información que permita capturar a los autores materiales y que se pueda dar con quienes estén detrás de este asesinato”.
Ojalá se cumpla el buen deseo del señor gobernador.
