Antonio Clavijo, un docente de 64 años, no esconde la admiración que siente por el presidente Gustavo Petro. Lo define como “un berraco”, como se le dice en Colombia a las personas valientes, y cuenta que lo ha apoyado toda la vida: enumera logros que van desde la defensa de proyectos de vivienda en Zipaquirá como joven en los ochenta hasta las denuncias contra los vínculos de políticos con los paramilitares en los 2000. Pero Clavijo reconoce que Petro no es perfecto, que a veces es “un poco terco”. Por eso, este miércoles, ha salido a la calle junto a miles de compañeros como parte de la primera movilización del paro que convoca la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) contra la reforma a la educación del Ejecutivo. “Él también se equivoca y hay que hacérselo ver”, afirma el maestro mientras marcha por la neurálgica calle 26 de Bogotá.
Las manifestaciones en la capital, que según los organizadores movilizaron a unas 25.000 personas, son parte de una serie de actividades que comenzaron este miércoles en todo el país. Fecode considera que el acuerdo que el Gobierno realizó la semana pasada con la oposición desvirtuó la esencia del proyecto de ley estatutaria de educación, que busca establecer principios básicos para el sector. Para ellos, el nuevo texto no refleja sus reivindicaciones históricas para fortalecer la educación pública en Colombia. Es todo lo contrario: lo califican como “un adefesio” que promueve la mercantilización del sector y que “da viabilidad a la corrupción”. Tan cambiado está el texto que, para Fecode, ya es insalvable y debe hundirse.
Tanto Clavijo como otros compañeros consultados enfatizan que esta huelga no es incompatible con el respaldo a Petro, a quien ayudaron a llegar al poder en 2022 y al cual todavía apoyan sin fisuras. Les preocupa que los medios de comunicación instalen la narrativa de que están en contra del Ejecutivo y de que incluso los propios están enojados con la gestión del primer presidente de izquierdas. “Marchamos contra el Congreso, no contra el Gobierno”, se repite una y otra vez durante la movilización en Bogotá. El enojo es más bien contra los senadores opositores que promovieron las enmiendas: consideran que esos congresistas son parte de una derecha que siempre ha buscado debilitarlos y que ahora disfruta de la grieta abierta con el Ejecutivo.
Nadie desconoce, sin embargo, que las modificaciones fueron posibles gracias al aval de la ministra de Educación, Aurora Vergara. Contra ella también hay reclamos, aunque vienen en segundo lugar y son más moderados que los que se hacen contra la oposición. Dany Mateus, un profesor de Educación Física de 31 años, es uno de los más enfáticos. “Nunca imaginé un paro en el Gobierno de Petro. Habíamos estado muy en sintonía y ahora aceptaron puntos innegociables”, subraya. Para él, la redacción actual del proyecto de ley posibilita que se revivan iniciativas que otorgan dinero público a instituciones privadas, algo que va en contra de las banderas del Gobierno que ellos respaldan.
Entre los docentes circulan todo tipo de teorías sobre por qué la ministra cedió. Clavijo, que lleva con orgullo una gorra sindical que le regalaron hace 20 años, considera que pudo ser una moneda de cambio para llegar a acuerdos en otras reformas que tramita el Gobierno en el Congreso, como la laboral y la de pensiones. “Fue una jugada política que no fue muy consciente de las implicaciones a largo plazo”, dice. Jaime Mojica, un profesor de Educación Física de 55 años, es aún más crítico: “Es nuestra representante, no puede dejar pasar los micos [modificaciones legislativas de último minuto]. ¿Qué les pasó a nuestros representantes? ¿No leyeron? ¿Se vendieron?”.
Pedir la renuncia de Vergara, sin embargo, no está sobre la mesa. O no todavía. Edgar Romero Macías, segundo vicepresidente de Fecode, comenta que la prioridad ahora es hacer el reclamo ante el Congreso. En la Plaza de Bolívar, a metros del Capitolio, explica que harán “la gran toma de Bogotá” el lunes, cuando se prevé que la plenaria del Senado evalúe el proyecto en su última votación. Profesores de todo el país y sindicalistas de otros sectores se quedarán en la plaza hasta que se hunda la reforma. En caso contrario, el descontento sí podría acrecentarse contra la ministra. Pero Romero confía en que Vergara recapacite a tiempo. Al fin y al cabo, valora que ha tenido más diálogo con ellos que otros ministros.
Las críticas en ningún caso llegan al presidente, pese a que Fecode publicó en X una foto de la marcha con la que pedía que Petro viera “la marea incontenible” contra la reforma. Mojica explica que para el mandatario “es muy difícil estar en todos los frentes de combate”. “Tiene que confiar en las personas que pone para que supuestamente representen los ideales del Gobierno”, afirma. Clavijo, por su parte, reitera que la protesta no es contra el político que admira desde hace décadas, sino contra el Congreso y la ministra que “dejó permear los acuerdos”. “Estamos demostrando que, así como lo apoyamos, también le exigimos que respete los acuerdos que él mismo hizo con nosotros”, apunta.
“Maestro soy”
La marcha transcurre sin gran fervor en las primeras horas. Los docentes caminan desde la Plaza de la Democracia hacia el centro, por la calle 26, en un relativo silencio. La mayoría ha asistido en grupo, con otros compañeros de sus colegios, donde el martes hubo asambleas para definir a qué actividades sumarse. Aprovechan para socializar o tomar fotos, orgullosos del éxito de la convocatoria —varios explican que hace tiempo no había una así—. Algún cántico espontáneo cada dos o tres minutos rompe la monotonía y los emociona. El fervor viene después del mediodía, ya en la avenida Caracas, donde se ven más pancartas de colectivos y algunas banderas palestinas.
“¿Quién es usted?”, pregunta un hombre desde una camioneta blanca. “¡Yo soy maestro!”, responden decenas que se emocionan. “¿Quién es usted?”, repite el hombre. “¡Yo soy maestro! Yo soy maestro, soy…”, reiteran los demás. “¡Magisterio nacional presente!”, exclama el hombre. La camioneta, en tanto, llama la atención por varias consignas. “No a la privatización de la educación”, “no tememos a las evaluaciones, tememos a la ignorancia”, son algunas de ellas. La única ausente es la tradición de culminar con discursos en una tarima en la Plaza de Bolívar: la convocatoria, hace solo dos días, no dio tiempo a tramitar el permiso con el Distrito.
Pluralidad de reclamos
Ante la pregunta de por qué rechazan la reforma a la educación, no todos responden lo mismo. El proyecto abarca tantos asuntos que cada quien señala el que le interesa más. Algunos mencionan que es injusto querer evaluar a los docentes por el desempeño de sus estudiantes. “No depende solo de nosotros cómo les va. También influyen la televisión, la música, la familia”, remarca Mary Méndez, profesora de primaria. Otros están más enojados con la eliminación de la obligatoriedad en tres grados de educación inicial. Nataly, profesora de Educación Física, está especialmente preocupada por el impacto que puede tener la declaratoria de la educación como “un servicio público esencial” en el movimiento sindical. “Hará que no podamos dejar nuestros puestos y movilizarnos”, asegura.
Una de las cosas que produce mayor rechazo ni siquiera está incluida en el proyecto. Los manifestantes se quejan de presuntos bonos educativos o váuchers con los que el Gobierno podría costear los estudios de miles de jóvenes en instituciones privadas. El programa Ser Pilo Paga del Gobierno Juan Manuel Santos (2010-2018), que financió matrículas en universidades privadas, no tiene los mejores recuerdos entre estos docentes de primaria y bachillerato. El vicepresidente segundo del sindicato explica que, aunque no se mencionan explícitamente, igual producen preocupación porque las referencias en el nuevo texto a “un sistema mixto” pueden abrir la puerta a que el Ejecutivo financie a los privados. La idea era que la ley estatutaria impidiera de cuajo que estas políticas pudieran darse en el futuro.
Los cambios de último momento tomaron a los maestros por sorpresa, con las defensas más bajas que en la época de los gobiernos de derecha. En cuestión de minutos se esfumaron las ilusiones que tenían de que un Ejecutivo progresista consagrara la prioridad a la educación pública como una política a largo plazo. Algunos, sin embargo, no se dan por vencidos. Ricardo González, profesor de danzas, explica al final de la marcha que él no está de acuerdo con pedir el hundimiento completo del proyecto. Dice que la reforma original “era buena” y que espera que el Gobierno la retome: “Queremos que entre en razón la ministra. Mire, somos parte de ustedes, no pueden estar en contra de nosotros”.
