Cecilia Orozco Tascón
El senador Iván Cepeda, uno de los líderes más persistentes de la izquierda colombiana en por lo menos dos décadas de arriesgado trabajo público (siempre ha estado bajo amenaza de ser asesinado), es admirado por muchos y odiado por otros. Pero ni los de allá ni los de acá desconocen que ha sido, primero, consistente en sus ideas; segundo, respetuoso en el lenguaje, aun en el más áspero de los debates, pero inflexible con la rectitud de su conducta, certificada hasta por la propia Corte Suprema que tuvo que examinarlo cuando Uribe lo denunció, en 2012, como presunto autor del delito de compra de testimonios en las cárceles. Como todo el país sabe, Cepeda fue absuelto en 2018 del ilícito que el expresidente le endilgó. Su inocencia fue demostrada con certificaciones oficiales del Gobierno y el Congreso de entonces que habían extendido autorizaciones para que algunos parlamentarios, entre ellos Cepeda, entrevistaran a presos de grupos alzados en armas para explorar posibilidades de negociaciones de paz.
Irónicamente, el denunciante terminó encausado por el tipo penal de soborno a testigos que le achacó a Cepeda. Los investigadores de la Corte encontraron que la trama era al revés: con la grabación de múltiples llamadas telefónicas interceptadas con orden judicial y otras pruebas, descubrieron que el expresidente y unos miembros de su círculo estaban desplegando una estrategia de convencimiento en las prisiones para que exparamilitares condenados hicieran afirmaciones falsas en contra del parlamentario, en ese momento del Polo Democrático. Unos 20 “testigos” previamente arreglados con promesas de diversos beneficios dijeron mentiras ante los operadores judiciales para destruir a Cepeda: unos, de la cárcel de Cómbita; otros, de los temibles reclusorios de Itagüí y Palmira; en Estados Unidos buscaron a un extraditado del narcoparamilitarismo con el objeto de conseguir un escrito firmado por él en que se contradecía a sí mismo; convencieron al papá del principal testigo de las andanzas del expresidente para declarar lo contrario de lo que afirmó su propio hijo. Cuando la justicia puso las piezas en su sitio, pasó lo que tenía que pasar (aunque falta por investigar a muchos más): Uribe y dos de sus más cercanos operadores, el abogado Cadena y el exrepresentante Prada, enfrentan, hoy, respectivos juicios por su responsabilidad en ese caso.
Cepeda salió incólume, pero esta que acabo de recordar no es la única vez en que han buscado la forma de entramparlo. En épocas del tétrico DAS, fue chuzado por agentes inescrupulosos que seguían las instrucciones del gobierno de la época (2002-2008) para intentar vincularlo con grupos guerrilleros por su labor como directivo del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado; durante las negociaciones de paz Santos-FARC y mientras el senador Cepeda era parte de la delegación del Estado, sufrió junto con sus colegas seguimientos e interceptaciones de militares que actuaban por fuera de las órdenes oficiales. En el gobierno Duque, además de estigmatizaciones permanentes, fue denunciado por otro subalterno de Uribe, el exrepresentante Edward Rodríguez por presunto “asesoramiento a grupos armados”. Resulta que el congresista también había hecho parte de las incipientes conversaciones con el ELN en Cuba, de nuevo, autorizado por el gobierno Santos. El comisionado de Paz de Duque, Miguel Ceballos, negó que hubiera constancia de tal delegación en Presidencia. Cuando Cepeda exhibió los mensajes de WhatsApp intercambiados entre su celular y el de Ceballos con la remisión de los permisos oficiales, ambos, Rodríguez y Ceballos, se escondieron: nunca se retractaron.
El episodio en tiempos del fiscal Néstor Humberto Martínez tampoco es menor: el caso conocido como el de entrampamiento a Santrich —en realidad, a la JEP— por parte de agentes extranjeros y de funcionarios de esa Fiscalía contenía una parte que incluía a la esposa de Cepeda a quien trataron de contactar, precisamente con una trampa, para sembrar sospechas y poder acusarla. Por suerte, ella nunca asistió a las citas que le pusieron. Falta espacio para contar las ocasiones en que el senador del ahora conformado Pacto Histórico ha sido perseguido por entidades estatales y por sus más altos funcionarios, como aquella otra en que él y los entonces congresistas Roy Barreras y Antonio Sanguino tuvieron señales de labores ilegales para armarles un montaje desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), bajo las órdenes del almirante Rodolfo Amaya Kerquelen. Cepeda enfrenta, ahora, un nuevo embate. Aseguró, esta semana, que tiene información de que un cabecilla del Clan del Golfo, banda degradada del narcoparamilitarismo, amenaza con involucrarlo en actos criminales. ¿Quién o quiénes estarán detrás de un tal alias Chiquito Malo? Les aseguro que a ese delincuente no se le ocurre, solo, esa maniobra.
