La presión política amenaza la independencia y la seguridad periodística

Libertad de prensa. Ilustración El Correo

Informe de Reporteros sin Fronteras

En el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2024, más de la mitad de los países de la región de las Américas han visto deteriorarse su situación, particularmente por la caída del indicador político.

Cada vez más políticos estigmatizan a los periodistas y a los medios de comunicación en sus discursos. Además de esto, los actores políticos emplean campañas de desinformación, procesamientos abusivos y propaganda estatal que fomenta abiertamente la desconfianza en la prensa y fomenta la polarización. Esta violencia, combinada con ataques físicos a periodistas con total impunidad, está alimentando un clima de censura en América del Sur y Central.

Estados Unidos (55.º) cae 10 puestos mientras se prepara para las elecciones de 2024 en medio de una creciente desconfianza en los medios de comunicación, alimentada, al menos en parte, por el antagonismo abierto de los funcionarios políticos, incluidos los llamados a encarcelar a los periodistas. En varios casos de alto perfil, las fuerzas del orden locales han llevado a cabo acciones escalofriantes, incluidas redadas en salas de redacción y arrestos de periodistas.
Fuerzas similares están en juego en Argentina (66º) tras la llegada al poder del presidente Javier Milei, cuya postura agresiva hacia el periodismo sofoca el pluralismo. En Perú (125), las condiciones para el periodismo se están deteriorando a medida que el sistema político se vuelve cada vez más opaco. El país ha caído 48 puestos en los últimos dos años. En Centroamérica, la postura abiertamente hostil del presidente Nayib Bukele hacia el periodismo de investigación está detrás de la caída libre de El Salvador (133º) desde 2019.

Censura, presión política y exilio forzado

En los tres países que se encuentran al final del Índice, Cuba (168), Nicaragua (163) y Venezuela (156), el periodismo está sujeto a censura basada en decisiones arbitrarias que pueden tomar la forma de detenciones, interrupciones de transmisiones y estrangulaciones administrativas. En Guatemala (138), la criminalización de periodistas y el encarcelamiento de José Rubén Zamora son testimonio de las amenazas críticas que ha enfrentado el periodismo en los últimos años.

En Ecuador (110º), la crisis política y el aumento del crimen organizado han alterado el entorno democrático. A pesar de la ausencia de periodistas asesinados en comparación con el año pasado (seis asesinatos), Haití (93º) sigue en el puesto 131 entre 180 en términos de seguridad. En México (121), el país con el mayor número de periodistas asesinados (72) en el mundo en los últimos 10 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene poco que ofrecer en el último año de su mandato más allá de discursos que parecen más preocupados por confrontar a los periodistas que promover un entorno más seguro para los trabajadores de los medios.

Movimiento positivo y nuevos desafíos.

La buena noticia llega de Chile (52º), que sube 31 puestos. La reducción de la polarización y la voluntad mostrada por el gobierno de priorizar la libertad de prensa para crear un entorno más seguro para los trabajadores de los medios contribuyeron a este regreso. En Brasil (82º), el gobierno del presidente Lula ha logrado avances generales en la normalización de las relaciones con la prensa después de un período de escalada de tensiones durante el mandato del ex presidente Jair Bolsonaro. Costa Rica (26º), que alguna vez fue el país mejor clasificado de la región, continúa cayendo, principalmente debido a las tensiones entre el gobierno y los medios de comunicación. Canadá (14º) tiene el mejor desempeño en la región, pero no es inmune a los problemas, en particular la incertidumbre económica que enfrenta la industria de los medios.

Colombia

Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del continente para los periodistas. La cobertura de temas como el medio ambiente, los conflictos armados, la corrupción o la colusión entre políticos, empresas del sector privado, grupos armados ilegales y el crimen organizado provoca acoso, intimidación y violencia sistemáticos.
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