Por Octavio Quintero
Un rastreo del portal Gestor Salud, encuentra, a diciembre 31 del año 2023, último dato reportado por la Supersalud, solo seis EPS, de 29 posibles, cumpliendo los tres requisitos básicos habilitantes: capital, patrimonio adecuado y reservas técnicas. Son: Aliansalud (Btá), Salud Total (Nal), Salud Mía (B/manga), Salud Bolívar (Btá), Comfaoriente (N. Santander) y Mutual Ser (Costa Caribe).
Conclusión: hay 23 EPS que presentan fallas sensibles, especialmente en reservas técnicas de ley, como refleja la auditoria de la Contraloría General, y lo ha venido demostrando, empíricamente, el extraordinario veedor social, Vicente Calvo, en su campaña ¿Dónde está la plata?
Recientemente, la Corte Constitucional tumbó la facultad de la Contraloría de levantar el velo corporativo para poder investigar, a fondo, dónde fue a parar la plata; pero la facultad la tiene intacta la Superintendencia de Sociedades.
Pregunta suelta: si el supersalud es de libre nombramiento y remoción del Presidente, o sea, es su subalterno, ¿por qué no le ha ordenado, o sugerido al menos, estudiar esa posibilidad, a la luz de la auditoría oficial adelantada por la Contraloría, más todas las evidencias empíricas que se han descubierto en el último año?
No es legaña de mico que estén envolatados varios billones de pesos; o que las EPS tengan deudas insolutas por $26,2 billones con las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS); o que 23 de 29, de las que todavía operan, tengan problemas sensibles de capital, patrimonio o reservas técnicas . Eso no es objeto de punto final, es decir, dejemos así, como propina de restaurante.
Si hay un consenso con las EPS para transformarse en gestoras, y dejar de intermediar, en beneficio particular, con los dineros públicos destinados exclusivamente a la salud, ese consenso tiene que refrendarse, porque, ¿de dónde creen ustedes que saldrá la plata para el borrón?… del bolsillo de todos nosotros. Así de simple.
