Editorial
Cuba vivió el domingo la mayor protesta social desde las movilizaciones de julio de 2021. La multitudinaria manifestación se inició en Santiago, la segunda ciudad de la isla, por los cortes de electricidad y la escasez de alimentos. Horas después, se extendió a otras provincias. Aunque las protestas, que se saldaron con un número indeterminado de detenidos y episodios de represión policial, remitieron horas después, el Gobierno envió cargamentos de arroz y leche para tratar de aplacar el descontento. Sin embargo, el problema es estructural y los cubanos, asfixiados por la inflación y los recortes, llevan años sufriendo una crisis que ha desencadenado el mayor éxodo migratorio de la historia del país.
Los manifestantes salieron a la calle gritando tres palabras que ilustran las demandas de la población en una situación cada día más precaria: “hambre”, “corriente” (eléctrica) y “libertad”. Las mismas autoridades son conscientes de la emergencia, pero atribuyen el malestar que recorre la isla a las injerencias del exilio. El presidente, Miguel Díaz-Canel, afirmó en las redes sociales que “este contexto [de crisis] se intenta aprovechar por los enemigos de la Revolución, con fines desestabilizadores”. También señaló a los “políticos mediocres y terroristas” que, dijo, “se alinearon desde el sur de Florida para calentar las calles de Cuba”.
Este tipo de reacción, habitual en el régimen, busca desviar la atención de la urgencia de fondo: buscar una salida a la crisis. El bloqueo impulsado por Estados Unidos incide sin duda, gravemente y desde hace décadas, en las penurias de Cuba. Al mismo tiempo, las fórmulas aplicadas por La Habana para lidiar con la escasez han fracasado una y otra vez por su incapacidad para impulsar una verdadera apertura. El último gran proyecto, la llamada Tarea de ordenamiento de 2021, que prometió a la población mejoras sustanciales a través del fin de la doble moneda, acabó disparando los precios y profundizando el colapso.
La emergencia tiene distintas caras: la falta de alimentos, el desmantelamiento de sectores cruciales como la producción de azúcar, hoy prácticamente ausente, los recortes y un déficit fiscal un 18,5% más alto que el de hace una década. A esto se suman la negación del descontento a través de la represión y las tensiones en el aparato gubernamental que quedaron expuestas a principios de febrero con la destitución del ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández. Tras el cese, Díaz-Canel, cada vez más debilitado, le achacó “graves errores” y anunció una investigación por corrupción en su contra, sin aclarar su alcance ni concretar las acusaciones. Muchos vieron en esa operación un intento de lavado de cara. El presidente, en lugar de una huida hacia adelante, tiene la obligación de buscar soluciones. La primera de todas, escuchar las demandas de la población.
